En Castilla-La Mancha, un proyecto en Abenójar (Ciudad Real) se centra en la extracción de tungsteno y oro, con estimaciones que apuntan a 91 millones de toneladas de tungsteno y 1,2 millones de onzas de oro. Se espera que la construcción de esta mina inicie en 2025, dando paso a una producción en 2027 y generando más de 500 empleos cualificados. En Andalucía, un nuevo proyecto plantea reactivar una mina que anteriormente operaba a cielo abierto, pero que en esta ocasión se explotará de forma subterránea para minimizar el impacto ambiental, extrayendo níquel, cobre, cobalto, platino, paladio y oro.

Además, se han puesto en marcha iniciativas enfocadas en la economía circular, como proyectos en Sevilla y Huelva, que buscan reciclar y procesar metales para reducir la dependencia de nuevas extracciones y fomentar la sostenibilidad.

Aunque la Comisión Europea ha clasificado estos proyectos como estratégicos y ha establecido condiciones favorables de financiación y plazos acelerados, la aprobación final recae en las comunidades autónomas. Estas administraciones deben evaluar cada proyecto basándose en estudios de impacto ambiental y social, cumpliendo plazos legales que, en el caso de la evaluación ambiental, pueden ser de hasta 4 meses, y contando con márgenes adicionales para iniciar la explotación.

En el marco del impulso de la UE, se prevé movilizar una inversión total de aproximadamente 22.000 millones de euros en proyectos estratégicos en toda la Unión. España, que alberga siete de estos proyectos, podría beneficiarse significativamente a través de subvenciones, préstamos blandos y otros instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones y programas como InvestEU.

Este ambicioso plan no solo busca reducir la dependencia de proveedores externos, sino también fortalecer la autonomía estratégica del continente y potenciar la industria minera nacional, a la vez que se intenta equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

MARCO EUROPEO Y ESPAÑOL PARA LA MINERÍA DE MATERIALES CRÍTICOS

Ayudas europeas disponibles y cuantías para España

La Unión Europea ha desplegado un conjunto de ayudas financieras y de facilitación para impulsar proyectos de minería de materias primas críticas. En 2023 se aprobó la Ley Europea de Materias Primas Críticas, que identifica proyectos estratégicos en la UE orientados a la extracción, procesamiento o reciclaje de estos materiales. Estos proyectos disfrutan de condiciones de financiación favorables y procesos acelerados de permisos. En total, se estima que los proyectos estratégicos seleccionados movilizarán una inversión de alrededor de 22.000 millones de euros. Para apoyar esta inversión, se coordinarán ayudas de la propia Comisión, de los Estados miembros y de instituciones financieras. En la práctica, esto se traduce en subvenciones directas de fondos europeos, préstamos y garantías públicos, incentivos fiscales y apoyos del Banco Europeo de Inversiones, entre otros mecanismos. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones ha lanzado una iniciativa específica con 2.000 millones de euros en financiación para 2025, destinada a proyectos de materias primas fundamentales. Asimismo, inversiones en la cadena de valor de materias primas críticas son elegibles en programas como InvestEU, lo que facilita avales comunitarios para atraer capital privado.

En cuanto a la cuantía disponible para España, el país alberga 7 de los proyectos estratégicos seleccionados en la UE (en comunidades como Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha). Si bien la financiación europea no se asigna por país sino por proyecto, España puede beneficiarse de una porción significativa de esos 22.000 millones de euros, en función de las inversiones requeridas en cada iniciativa. Por ejemplo, el proyecto de litio “Las Navas” en Cáceres (Extremadura) prevé una inversión de más de 340 millones de euros para extraer litio y producir hidróxido de litio de grado batería. Este y otros proyectos estratégicos podrán acceder a las ayudas europeas disponibles, que combinan subvenciones, préstamos blandos y garantías para reducir el riesgo de la inversión, en coordinación con los gobiernos nacionales.

Plazos legales para la aprobación y desarrollo de proyectos

Tanto la normativa europea como la española establecen plazos máximos para agilizar la aprobación de proyectos mineros de materiales críticos, dada la urgencia estratégica de su desarrollo. En el marco europeo, la nueva Ley de Materias Primas Críticas introduce plazos claros de tramitación: los proyectos de extracción minera estratégicos deben recibir sus permisos en un máximo de 27 meses, mientras que los proyectos de procesamiento o reciclaje obtendrán autorización en hasta 15 meses. Este ajuste busca simplificar y acelerar procesos que tradicionalmente podían tardar varios años. Además, la UE ha fijado objetivos para 2030, como alcanzar al menos el 10% del consumo anual mediante producción minera interna y reducir la dependencia de un solo país externo a menos del 65% por cada material, lo que refuerza la necesidad de cumplir estos plazos. En la práctica, se hará un seguimiento para que los Estados miembros agilicen los procedimientos administrativos y ambientales correspondientes.

En el ámbito español existen también plazos legales que encauzan la aprobación y puesta en marcha de explotaciones mineras. Por un lado, la evaluación de impacto ambiental (EIA) – paso crítico para cualquier nuevo proyecto minero – debe resolverse en un máximo de 4 meses desde que el expediente está completo, según la normativa de Evaluación Ambiental. Este plazo aplica a la Declaración de Impacto Ambiental, evitando dilaciones injustificadas. Si la administración ambiental no emite resolución en ese plazo, se entiende que la autorización no se concede, lo que impide avanzar en el proyecto. Además, la normativa establece que la autorización ambiental caduca si la ejecución del proyecto no comienza en un plazo de 4 años desde su publicación, requiriendo una nueva evaluación en ese caso. Por otro lado, los procedimientos administrativos para otorgar concesiones mineras o licencias están sujetos a plazos de 3 a 6 meses, según la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque en proyectos complejos estos trámites pueden extenderse. No obstante, el Gobierno de España ha planteado medidas en el Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029 para agilizar permisos y promover exploraciones estatales, reconociendo la importancia de poner en marcha las minas estratégicas antes de 2030.

Papel de las Comunidades Autónomas y sus competencias

En España, las Comunidades Autónomas desempeñan un papel fundamental en la regulación y aprobación de proyectos mineros, especialmente en materia ambiental. La Constitución y las leyes de desarrollo asignan a los gobiernos regionales competencias en minería, ordenación del territorio y protección ambiental, dentro del marco legal básico estatal. Esto significa que son las comunidades autónomas las encargadas de tramitar y autorizar la mayoría de los proyectos mineros en su territorio, incluyendo permisos de investigación, concesiones de explotación y evaluaciones de impacto ambiental. El Estado central interviene directamente solo en casos excepcionales, por ejemplo, cuando se declara una reserva estratégica estatal sobre un recurso minero o cuando un proyecto afecta a la Defensa Nacional, al dominio público o a varias comunidades simultáneamente.

Dado este reparto competencial, las comunidades autónomas pueden imponer diversas restricciones y condiciones en función de sus normativas y sensibilidades ambientales. En primer lugar, actúan como la autoridad ambiental competente: evalúan los estudios de impacto ambiental y emiten la Declaración de Impacto Ambiental, pudiendo exigir medidas correctoras, planes de restauración y garantías financieras para la rehabilitación de las zonas afectadas. Por ejemplo, en algunas regiones se han impuesto exigencias ambientales adicionales a proyectos de litio, obligando a las empresas a adoptar prácticas de minería sostenible. Si un proyecto no cumple con los estándares ambientales regionales, la comunidad puede denegar la autorización ambiental, paralizando el proyecto.

En segundo lugar, las comunidades autónomas controlan la planificación territorial y urbanística, lo que les permite decidir dónde se puede llevar a cabo la minería. Pueden vetar explotaciones en espacios naturales protegidos, parques nacionales, reservas hidrológicas y otras zonas sensibles mediante sus instrumentos de ordenación del territorio. Algunas autonomías han establecido planes o estrategias mineras propias, definiendo criterios adicionales de sostenibilidad, como límites a la minería a cielo abierto, protección de acuíferos o distancias mínimas respecto a núcleos urbanos. Además, gestionan permisos auxiliares, como autorizaciones ambientales integradas para instalaciones industriales asociadas, concesiones de aguas en caso de uso de recursos hídricos y vigilancia arqueológica o patrimonial cuando se afecten bienes culturales.

En esencia, el Gobierno central fija el marco legal básico y actúa como coordinador o facilitador ante la UE, pero es en las Comunidades Autónomas donde se ejecutan las políticas mineras y ambientales en cada territorio. Esto significa que el éxito de un proyecto de minería de materiales críticos en España depende en gran medida de la colaboración con las autoridades regionales, que pueden facilitar el proyecto mediante la declaración de utilidad pública para agilizar trámites, o bien imponer restricciones adicionales y paralizar iniciativas que no cumplan con la normativa ambiental o que enfrenten oposición social local.
 

Autoría: Francisco López, Especialista en Energía y Recursos Naturales

Comparte este artículo y participa en el debate:
¿Crees que la inversión en minería de materiales críticos en España puede impulsar la transición energética y la autonomía tecnológica en Europa? ¡Comparte tu opinión en redes!