Hace apenas dos años, el Gobierno central había anunciado medidas ambiciosas para combatir la crisis habitacional: la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia en mayo de 2023, que incluía controles a los alquileres en zonas tensionadas y mayores protecciones para inquilinos vulnerables. Además, se prometieron 50.000 pisos de la Sareb para alquiler social y un ambicioso objetivo de 184.000 viviendas asequibles en los próximos años, acompañado de un incremento presupuestario que habría multiplicado por ocho la inversión estatal en vivienda, pasando de 470 a 3.500 millones de euros. Sin embargo, tras las elecciones de 2023 y la falta de apoyos parlamentarios, los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y 2025 no fueron aprobados, manteniendo congelados los recursos al nivel de 2023 y dejando en suspenso la ejecución de estas promesas.

Impacto a nivel estatal: proyectos en punto muerto

La prórroga presupuestaria ha dejado numerosos proyectos de vivienda en estado de impasse. Miles de pisos sociales dependen de partidas nuevas que no se han materializado, y en noviembre de 2024 se advirtió que, sin nuevos presupuestos, los proyectos de vivienda social quedarían paralizados. Los datos oficiales confirman esta tendencia: a finales de 2024, el Ministerio de Vivienda dejó sin gastar el 60% de su presupuesto anual, lo que equivale a unos 2.400 millones de euros sin ejecutar. Programas clave, como las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y el Bono Alquiler Joven –destinado a jóvenes con un subsidio de 250 euros mensuales–, han quedado en suspenso, afectando gravemente a quienes más necesitan acceso a un hogar digno.

Impacto en comunidades autónomas y municipios

La crisis presupuestaria también afecta a los gobiernos autonómicos, quienes dependen en gran medida de las transferencias estatales para financiar sus iniciativas en materia de vivienda. Con la prórroga de los PGE, las comunidades autónomas recibirán apenas un 0,7% más de fondos en 2025, muy por debajo del salto que se esperaba. Esto pone en riesgo la viabilidad de los planes regionales de vivienda, tal como se ha evidenciado en Cataluña, donde iniciativas clave para la construcción de 50.000 viviendas en cinco años se han visto gravemente afectadas. A nivel municipal, la reducción de aportaciones estatales ha provocado que muchos proyectos locales –desde la construcción de viviendas sociales hasta la rehabilitación de barrios– se hayan ralentizado o reducido, intensificando el malestar social.

El malestar ciudadano y la respuesta institucional

El estancamiento presupuestario ha generado una creciente indignación en la ciudadanía. En octubre de 2024, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Madrid con el lema “Se acabó. Bajaremos los alquileres”, en una de las mayores protestas por la vivienda de los últimos años. Frente a esta situación, el Gobierno central ha intentado mitigar el impacto social mediante decretos-ley de urgencia, mientras que los gobiernos regionales han recurrido a créditos puente, reprogramaciones y el uso de fondos propios para seguir adelante con sus planes de vivienda, a pesar de la incertidumbre generada por la falta de nuevos presupuestos.

Un coche sin gasolina

Cuando Pedro Sánchez comparó en 2018 gobernar con presupuestos ajenos con “conducir un coche sin gasolina”, nunca imaginó que, siete años después, el país volvería a enfrentar un escenario en el que el depósito presupuestario está casi vacío en materia de vivienda. Cada mes de retraso se traduce en proyectos pospuestos y en un agravamiento de la crisis habitacional. Con el acceso a una vivienda digna siendo un derecho constitucional, las administraciones deberán demostrar en los próximos meses que pueden llenar ese tanque fiscal y político para encarar eficazmente la emergencia residencial.

Conclusión

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado se ha convertido en un obstáculo insoslayable para la implementación de políticas de vivienda que prometieron transformar el panorama habitacional en España. Sin nuevos recursos, proyectos cruciales quedan en el limbo y el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más inalcanzable para amplias capas de la población. El Gobierno central y las administraciones autonómicas y municipales deben encontrar soluciones urgentes para romper este círculo vicioso y dar respuesta a una crisis que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

EN PROFUNDIDAD

Presupuestos prorrogados y crisis de vivienda: un cóctel explosivo

España afronta 2025 con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados por segundo año consecutivo, mientras la vivienda se ha erigido en una de las mayores preocupaciones ciudadanas. En 2024 la vivienda escaló al tercer puesto de problemas personales y segundo en el ámbito nacional, según el CIS. Sin nuevas cuentas públicas aprobadas, las políticas de vivienda prometidas se encuentran en el aire, amenazando con agravar una situación ya crítica de acceso a hogar digno en todo el país. Este reportaje de investigación analiza cómo la prórroga presupuestaria impacta en la vivienda a nivel estatal, autonómico y municipal, aportando datos concretos sobre partidas congeladas, programas ralentizados y la respuesta institucional ante esta encrucijada.

Antecedentes: grandes promesas y falta de presupuesto

El Gobierno central había anunciado en los últimos años ambiciosas medidas para atajar la crisis de la vivienda. En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia, con controles a los alquileres en zonas tensionadas y mayores protecciones a inquilinos vulnerables. Paralelamente, el Ejecutivo publicitó una “movilización histórica” de vivienda asequible, incluyendo 50.000 pisos de la Sareb para alquiler social y otros desarrollos, con la meta global de 184.000 nuevas viviendas asequibles en los próximos años. Estas iniciativas iban acompañadas de un fuerte incremento de los fondos: Moncloa llegó a presumir de multiplicar por ocho el presupuesto estatal en vivienda (de 470 a 3.500 millones de euros). Sin embargo, la realidad ha ido por otro camino. Tras las elecciones de 2023, la falta de apoyos parlamentarios impidió aprobar los PGE de 2024 y 2025, dejando congelados los recursos al nivel de 2023 y haciendo peligrar la ejecución de aquellas promesas.

Impacto a nivel estatal: proyectos en punto muerto y ayudas congeladas

En el ámbito estatal, la prórroga de los PGE ha dejado múltiples proyectos de vivienda en vía muerta. Los miles de pisos sociales anunciados por el Ejecutivo dependen de partidas nuevas que no han llegado a ver la luz. Ya en marzo de 2024 se advertía que, “sin nuevos presupuestos se dificultan todos los proyectos de miles de viviendas sociales tan publicitados por el Ejecutivo”. Expertos económicos confirman que la “congelación” de las partidas impide implementar nuevas inversiones en vivienda que estaban previstas.

Los datos oficiales evidencian el frenazo. A noviembre de 2024, el recién creado Ministerio de Vivienda había dejado sin gastar el 60% de su presupuesto anual, unos 2.400 millones de euros sin ejecutar. Programas clave quedaron paralizados: todavía faltaban por utilizar 40 millones de euros en subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y seguían “a la espera de poder repartirse los 200 millones del Bono Alquiler Joven” aprobados en octubre de 2024. Este cheque de alquiler para jóvenes, de 250 € mensuales, había sido anunciado para una nueva convocatoria con más fondos, pero su ampliación quedó supeditada a la aprobación de los PGE. Al prorrogarse estos, el Gobierno solo pudo redistribuir los 200 millones ya existentes.

Otra víctima de la parálisis es la inversión en rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, crucial tanto para mejorar el acceso a vivienda como para dinamizar la economía. Buena parte de estas actuaciones se financian con los fondos europeos Next Generation, cuyo ritmo de ejecución ha sido lento. A finales de 2024, el Ministerio de Vivienda apenas había usado el 12% de los fondos NextGen asignados, situándose a la cola del Gobierno en su absorción.

Impacto en las comunidades autónomas: financiación en el aire y planes retrasados

La paralización presupuestaria también repercute en los gobiernos autonómicos, responsables directos de muchas competencias de vivienda. Las autonomías de régimen común reciben cada año entregas a cuenta del Estado para financiar sus servicios, y 2025 no fue la excepción: con los PGE prorrogados, las comunidades recibirán apenas un 0,7% más de fondos que en 2024 (135.483 millones € en total), en vez del salto mucho mayor que se esperaba con nuevas cuentas. Hacienda calcula que, de haberse aprobado los PGE, las regiones dispondrían de casi 12.000 millones adicionales.

Además, en materia de vivienda las comunidades dependen en gran medida de transferencias finalistas del Estado. Entre 2021 y 2024, un 70% del dinero presupuestado por las CCAA para vivienda fue aportado por la Administración General del Estado. Esto significa que cuando el Estado reduce o demora sus aportaciones, muchas comunidades ven inviables sus propios planes de vivienda si no encuentran recursos alternativos.

Cataluña, donde la situación presupuestaria tanto estatal como autonómica ha lastrado inversiones, ilustra claramente este impacto. El Govern de Salvador Illa llegó a 2024 sin poder aprobar sus propias cuentas y se vio forzado a prorrogarlas. Esto hizo imposible dotar adecuadamente iniciativas clave como el plan para construir 50.000 viviendas en cinco años.

Impacto a nivel municipal: proyectos locales ralentizados y malestar ciudadano

Los ayuntamientos tampoco escapan a los efectos de la prórroga presupuestaria. Muchas iniciativas municipales –construcción de vivienda social, rehabilitación de barrios, ayudas de alquiler locales– suelen complementarse con aportaciones de planes estatales o regionales. Con menos fondos fluyendo desde arriba, varios proyectos locales se han visto aplazados o reducidos.

Mientras tanto, el malestar ciudadano por la vivienda se hizo patente en las calles. El 13 de octubre de 2024, decenas de miles de personas tomaron el centro de Madrid bajo el lema “Se acabó. Bajaremos los alquileres”, en una de las mayores manifestaciones por la vivienda de los últimos años. Entre los manifestantes había jóvenes precarios, familias agotadas por alquileres asfixiantes e incluso pensionistas con riesgo de desahucio.

La respuesta institucional ante la encrucijada

Con la prórroga presupuestaria prolongándose, las instituciones buscan amortiguar el golpe mientras se mantiene la incertidumbre. El Gobierno central ha intentado paliar los efectos sociales más graves mediante decretos-ley de urgencia. Por su parte, los gobiernos regionales han adaptado sus estrategias mediante créditos puente, reprogramaciones y fondos propios para no detener del todo sus planes de vivienda.

Comunidades gobernadas por distinto signo político se cruzan reproches: desde el Ministerio de Vivienda se acusa a algunas autonomías de boicotear medidas de la Ley de Vivienda, mientras gobiernos regionales replican que las políticas de la izquierda son ineficaces y que limitar rentas es un “suicidio inmobiliario”.

Un coche sin gasolina: conclusiones

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 comparó gobernar con presupuestos ajenos con “conducir un coche sin gasolina”. Siete años después, su gobierno circula de nuevo con el depósito casi vacío en materia presupuestaria, intentando avanzar en plena tormenta de la vivienda. Los datos muestran un panorama preocupante: inversiones previstas que no se materializan, fondos europeos ralentizados y ayudas que no aumentan a la altura de las necesidades. El acceso a una vivienda digna sigue alejado para amplias capas de la población.

Cada mes de retraso se traduce en proyectos pospuestos y en problemas habitacionales que se agravan. La vivienda, consagrada como derecho constitucional, se ha convertido en prueba de fuego de las instituciones. Por ahora, la falta de Presupuestos Generales del Estado actúa como un freno autoinfligido en plena emergencia residencial. Y, como señaló irónicamente un manifestante en Madrid, “no se puede bajar el precio de la vivienda con los bolsillos vacíos”. Las administraciones deberán demostrar en los próximos meses si son capaces de llenar ese tanque fiscal y político para encarar con eficacia la crisis de la vivienda en España.

Autor: Marina López – Especialista en Economía Pública y Políticas Sociales, con años de experiencia en análisis de presupuestos y políticas de vivienda.

Comparte este artículo y participa en el debate: ¿Crees que la falta de nuevos presupuestos es el principal obstáculo para resolver la crisis de vivienda en España, o hay otros factores igualmente determinantes?