Mientras tanto, en el ámbito interno, la crisis habitacional se intensifica. Los últimos datos confirman que el Índice de Precios de Vivienda subió un 9,3% interanual a septiembre de 2024, y en zonas como Madrid, el arrendamiento medio ha aumentado alrededor de un 21% en un año, con un precio medio de 2.400 euros/m². Esta situación dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias de bajos ingresos, ya que la entrada –al exigir el 20% del valor de la propiedad más impuestos y gastos– se ha convertido en “un auténtico cuello de botella” para la emancipación residencial.

El origen del problema habitacional no radica en la falta de financiación, pues la banca tiene capacidad para financiar hasta 200.000 viviendas anuales, sino en un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Mientras se construyen apenas unas 110.000-120.000 viviendas al año, se necesitan entre 500.000 y 600.000 para estabilizar el mercado. Además, la burocracia para obtener suelo urbanizable y la escasez de mano de obra especializada agravan la situación.

Este contraste ha desatado un acalorado debate político. Críticos del aumento del gasto en defensa argumentan que “no se puede gastar más en tanques que en casas”, denunciando que, en un contexto en el que el presupuesto de Defensa –alrededor de 20.000.000.000 euros anuales– es varias veces superior al destinado a vivienda (apenas 3.000.000.000 euros en 2022), se priorizan inversiones militares en detrimento de las necesidades básicas de la población. Organizaciones de izquierda y movimientos sociales reclaman urgentemente que se inviertan esos recursos en ampliar el parque público de vivienda o en implementar ayudas estatales que faciliten la entrada a la compra, especialmente para jóvenes, ya que estudios revelan que el esfuerzo para reunir el pago inicial se ha disparado un 36,7% en tres décadas.

Por otro lado, el Gobierno defiende que invertir en defensa no es excluyente y sostiene que el incremento en esta partida garantiza la seguridad nacional y la estabilidad de la región, al mismo tiempo que asegura la industria nacional mediante la inversión en programas de construcción de armamento. Sánchez ha reiterado que, aunque la seguridad es una prioridad ineludible, su gobierno continuará adoptando medidas para paliar la crisis de vivienda, como la reciente línea de avales públicos de 2.500.000.000 euros para facilitar el acceso a hipotecas a jóvenes y familias vulnerables, y la aprobación de una nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que introduce topes en las subidas de alquiler e incentivos fiscales para pequeños arrendadores.

El dilema para España es, por tanto, encontrar el equilibrio entre cumplir con las obligaciones internacionales en defensa y atender las necesidades internas de vivienda. La solución pasa por reformas estructurales que agilicen la creación de nuevas viviendas, la liberación de suelo urbanizable y la coordinación entre Gobierno central, autonómico y local para impulsar proyectos de vivienda asequible. Solo de este modo se podrá garantizar que la inversión en seguridad no se traduzca en un descuido de las necesidades básicas, manteniendo la cohesión social y la confianza ciudadana en las instituciones.

DATOS

España eleva el gasto militar en plena crisis de vivienda

El Gobierno español ha decidido incrementar en 2025 el presupuesto de defensa en al menos 3.500.000.000 euros, una medida motivada por las crecientes exigencias internacionales de seguridad. Al mismo tiempo, el país atraviesa una grave crisis de vivienda, con precios de compra y alquiler en máximos históricos y amplios sectores de la población incapaces de acceder a un hogar. Este contraste ha desatado un intenso debate político y social sobre las prioridades presupuestarias en un contexto de malestar ciudadano.

Compromisos con la OTAN y aumento extraordinario de Defensa

Detrás del aumento del gasto militar está el compromiso asumido por España con sus aliados. La guerra en Ucrania y la presión de la OTAN y la UE para reforzar la “autonomía estratégica” de Europa han llevado a todos los socios a elevar sus inversiones en defensa. El presidente Pedro Sánchez ha señalado que España “está preparada para cumplir con el 2% [del PIB en gasto militar], por compromiso con Europa y por solidaridad con los países que nos reclaman la misma ayuda que nosotros pedimos en la pandemia... Hoy nos reclaman esa solidaridad para que entre todos evitemos la amenaza de la Rusia de Putin”. En otras palabras, España se siente obligada a incrementar su aportación militar para apoyar la seguridad colectiva europea ante la amenaza rusa, insistiendo en que “la paz en Ucrania y la prosperidad en Europa son dos caras de la misma moneda”. En concreto, la Comisión Europea ha planteado que la UE en su conjunto pase de un gasto militar ligeramente inferior al 2% del PIB a algo superior al 3%, lo que para España supondría elevar su esfuerzo en 5.000.000.000 a 6.000.000.000 euros más cada año. Aunque Sánchez no ha detallado aún la senda exacta, sí ha adelantado que España anticipará el cumplimiento del objetivo del 2% antes de 2029. Este aumento se sumaría a una tendencia de fuertes incrementos en años recientes: entre 2014 y 2024 el gasto militar español pasó de 9.508.000.000 a 19.723.000.000 euros (+107%), y en 2025 se proyecta alrededor de 21.564.000.000 euros. Para financiar rápidamente este salto en Defensa, el Ejecutivo ha optado por vías extraordinarias que evitan el debate parlamentario. Fuentes de Hacienda confirman que se recurrirá a la autorización especial del Artículo 9 de la Ley de Presupuestos de 2023, que permite transferir créditos entre ministerios para “atender necesidades ineludibles”. De este modo, el Gobierno planea detraer recursos de otros departamentos o del fondo de contingencia para sumar al menos 3.500.000.000 euros adicionales a Defensa en 2025, después de ya haber elevado esa partida en 2.250.000.000 euros durante 2024 usando la misma fórmula. En total, Sánchez cifra en unos 10.000.000.000 euros el aumento acumulado del presupuesto militar desde que llegó al poder en 2018, prácticamente todo aprobado por decreto o créditos especiales. La Moncloa sostiene que “todo lo que se pueda hacer desde el Consejo de Ministros sin votación, se hará así”, llevando al Congreso únicamente lo estrictamente obligatorio. Esta maniobra ha suscitado críticas de la oposición, que denuncia opacidad y falta de controles. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advierte que Pedro Sánchez “no puede actuar como si España fuera una autocracia” y rechaza que pretenda aprobar un alza de gasto en defensa “al margen del Parlamento, porque esto no cabe en una democracia”. Los populares forzarán una votación en el Congreso para que cualquier incremento de gasto militar se someta a la Cámara, recordando además que España lleva varios años con los Presupuestos prorrogados. También desde la izquierda se han alzado voces críticas: socios habituales del Gobierno, como ERC o Bildu, mostraron reticencias en la ronda de consultas en Moncloa, aunque de momento ninguno ha anunciado un bloqueo expreso a los planes de Defensa. En definitiva, existe un amplio consenso sobre la necesidad de reforzar la seguridad dada la coyuntura internacional, pero división sobre las formas y sobre si debe hacerse priorizando estos fondos frente a otras urgencias internas.

Precios al alza y escasez de vivienda asequible

En paralelo, España sufre una crisis habitacional que se viene fraguando desde hace años y que ha estallado con especial crudeza en 2023-2024. Los últimos datos confirman fuertes subidas de precios tanto en la compra como en el alquiler de vivienda. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) subió un 9,3% interanual acumulado a septiembre de 2024, alcanzando niveles similares a los previos a la burbuja inmobiliaria de 2007. Lejos de enfriarse, en 2025 los expertos prevén nuevas alzas, aunque más moderadas, impulsadas por la escasez de oferta disponible. De hecho, en muchas zonas el precio medio ya ha superado el pico histórico: a finales de 2024 el metro cuadrado se situó en unos 2.400 euros/m² de media en España (8,6% más que el año anterior), de modo que una vivienda tipo de 100 m² ronda los 240.000 euros. En mercados tensos como Madrid o Barcelona, los valores son muy superiores a la media nacional, reflejando una demanda intensa combinada con pocas viviendas disponibles.

En el mercado del alquiler, la situación es igualmente preocupante. Miles de inquilinos han visto cómo sus rentas se encarecían de forma notable tras la pandemia. Sin embargo, las cifras varían según la fuente: el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que los alquileres subieron de media apenas un 2,2% en 2024, al incluir contratos antiguos limitados por ley, mientras que portales inmobiliarios como Fotocasa estiman incrementos cercanos al 10% en los nuevos arrendamientos. Esta brecha estadística refleja dos realidades: por un lado, las renovaciones de contratos estuvieron topadas por ley (un 2-3% anual); por otro, los nuevos contratos en el mercado libre se firmaron a precios mucho más altos, pulverizando récords en ciudades grandes. De hecho, en grandes urbes como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia se han registrado subidas de doble dígito en los alquileres ofertados. En el centro de Madrid, por ejemplo, el arrendamiento medio aumentó alrededor de un 21% en un año, con pisos que rara vez bajan de 2.000 euros mensuales. Estas tensiones colocan a España entre los países europeos donde el acceso a la vivienda es más difícil: el gasto en alquiler absorbe más del 40% de los ingresos del hogar para el 10,6% de las familias urbanas (frente al 7% en zonas rurales), porcentaje que en ciudades de Grecia supera el 30%. No es de extrañar que 82,3% de los ciudadanos considere que el acceso a una vivienda digna no está garantizado en España, según el último barómetro del CIS, indicador del amplio malestar social al respecto.

El origen del problema radica en un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de vivienda. La población que necesita casa (ya sea en propiedad o alquiler) ha crecido en esta década por varios factores: mejora del empleo, tipos hipotecarios aún moderados, auge de la inversión extranjera en vivienda y un éxodo de inquilinos hacia la compra ante los altos alquileres. Sin embargo, la construcción de nuevas viviendas no ha mantenido el ritmo necesario. La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) estima que haría falta quintuplicar la producción actual para satisfacer la demanda insatisfecha. En 2024 apenas se iniciaron unas 110.000-120.000 viviendas en toda España, cuando serían necesarias del orden de 500.000 al año para estabilizar los precios. Incluso el Banco de España cifra en unas 600.000 viviendas el déficit acumulado, pese a que coexisten con un stock de casi 4 millones de pisos vacíos mal distribuidos. Esta insuficiente oferta nueva empuja los precios al alza de forma persistente.

Otra traba importante es la falta de acceso de muchos potenciales compradores, especialmente jóvenes, por la barrera financiera de la entrada. Los bancos en España suelen conceder hipotecas de hasta el 80% del valor de la vivienda, obligando al comprador a aportar ahorros previos para el 20% restante más impuestos y gastos (otros ~10%). Con los importes actuales, eso supone decenas de miles de euros que la mayoría de menores de 35 años no tiene. Un estudio reciente reveló que el esfuerzo para reunir el pago inicial de un piso se ha disparado un 36,7% en tres décadas. En 2023, la cantidad necesaria para la entrada equivale en promedio a 3,6 años de sueldo íntegro, cuando en 1993 bastaban 2,6 años. Comprar una vivienda tipo de 80 m² exige ahora unos 11 años de ingresos medios por hogar, frente a los 8 años necesarios hace una generación. Este obstáculo deja fuera del mercado a gran parte de la clase trabajadora joven, incluso a pesar de que las cuotas hipotecarias mensuales (una vez conseguido el crédito) podrían ser asumibles en muchos casos. La falta de ahorro previo se ha convertido en la principal barrera –“un auténtico cuello de botella”– para la emancipación residencial de los jóvenes, reconoce el propio Banco de España, advirtiendo de que esta situación desincentiva la llegada de capital humano y crea tensiones sociales.

Adicionalmente, existen problemas estructurales que dificultan una rápida respuesta de la oferta de vivienda: falta de suelo urbanizable, escasez de mano de obra en la construcción y financiación limitada para nuevos desarrollos. La patronal de promotores señala la necesidad de agilizar la burocracia y liberar suelo: “lo imprescindible este año... es sacar adelante la reforma de la Ley de Suelo, que podría desencallar la situación y provocar que se empezasen muchas otras actuaciones urbanísticas. Sin esta aprobación va a ser mucho más complicado”, advierte Xavier Vilajoana, presidente de APCE. También insta a movilizar suelo público y aplicar incentivos fiscales que faciliten proyectos de vivienda asequible. Por otro lado, el sector constructor sufre un déficit de trabajadores tras la anterior crisis: la Confederación Nacional de la Construcción calcula que faltan unos 700.000 obreros para poder materializar todos los planes de edificación anunciados por los partidos. Empresas de toda España reportan dificultades para encontrar albañiles, fontaneros, encofradores y otros oficios, debido al envejecimiento de las plantillas y a la menor entrada de jóvenes en la profesión. Si no se soluciona esta carencia –mediante formación profesional o incorporando más mano de obra extranjera, como propone la CNC– será complicado construir al ritmo deseado, incluso si hay financiación y suelo disponible. En suma, el sector inmobiliario se enfrenta a cuellos de botella que van más allá de la mera voluntad política, y que requerirán reformas de calado para resolverse.

Debate político: ¿Invertir en armas o en viviendas?

El contraste entre el fuerte impulso al gasto militar y la urgencia social por la vivienda ha encendido la polémica en España. Críticos del aumento de Defensa argumentan que “no se puede gastar más en tanques que en casas” y cuestionan las prioridades del Gobierno. Recuerdan que el presupuesto de Defensa –unos 20.000.000.000 euros anuales– es ya varias veces superior, por ejemplo, al dedicado a vivienda (apenas 3.000.000.000 euros en 2022) o a políticas sociales específicas para jóvenes. En momentos en que muchas familias no pueden pagar un alquiler, estos sectores ven injustificable destinar miles de millones adicionales a armamento. Organizaciones pacifistas y formaciones de izquierda han condenado el aumento, abogando por invertir esos recursos en ampliar el parque público de vivienda o en ayudas sociales antes que en cumplir objetivos de la OTAN. El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, describe la situación habitacional como la de “un auténtico estado de emergencia” y denuncia que “cada vez más familias trabajadoras estamos atrapadas en un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos rentistas por encima del bienestar de la mayoría y del derecho a un hogar”. En su opinión, destinar fondos públicos a garantizar vivienda sería mucho más urgente para la población que aumentar el gasto militar, y advierte que el problema de la vivienda se ha convertido en “el epicentro de la lucha de clases en España”. Este discurso conecta con el de movimientos sociales que han organizado protestas bajo lemas como “Casa o tanque” o “No hay seguridad sin vivienda”, en referencia a que la seguridad ciudadana empieza por tener un techo.

Del lado opuesto, el Gobierno y otros defensores del incremento en Defensa sostienen que no es un gasto excluyente, sino complementario. Sánchez ha insistido en que “solo Europa sabrá cuidar de Europa” en el nuevo contexto mundial, subrayando que invertir en defensa es proteger también el modo de vida y las libertades de los españoles. Recuerda que España dedica aún un porcentaje del PIB menor que otras potencias europeas (alrededor del 1,4% frente a más del 2% de Francia o el 2,6% del Reino Unido), y que buena parte de ese dinero revierte en la propia industria nacional a través de programas de construcción de fragatas, blindados, aviones, etc. Para el Ejecutivo, atender las obligaciones con la OTAN no está reñido con seguir reforzando el gasto social: subraya que los presupuestos generales prorrogados ya contemplan más de 120.000.000.000 euros en políticas sociales, diez veces lo destinado a Defensa. En sus comparecencias, Sánchez ha reiterado que en paralelo al rearme europeo su gobierno seguirá adoptando medidas para paliar la carestía de la vida, incluyendo la vivienda, y descarta de plano “recortes sociales” a cambio de más tanques. En esta línea, algunos analistas defienden que España puede permitirse aumentar ambos capítulos gracias a la suspensión de las reglas fiscales de la UE (déficit y deuda) desde la pandemia, y que recortar el gasto militar no garantizaría automáticamente resolver la crisis de vivienda, la cual depende de reformas más complejas.

Mientras tanto, el malestar social por la vivienda sigue en aumento y podría agravarse. En 2023 y 2024 se multiplicaron las manifestaciones ciudadanas por la vivienda asequible, con movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Pamplona y otras ciudades al grito de “Vivienda digna ya”. Estas protestas, inicialmente focalizadas contra los alquileres abusivos en zonas turísticas, se extendieron a todo el país como respuesta a la precarización del acceso a la vivienda. Sociólogos señalan que reflejan la “enorme preocupación de la sociedad española” por un problema que afecta sobre todo a jóvenes y rentas bajas, pero que se está generalizando a capas medias y distintas regiones. El riesgo para el Gobierno es que, si la situación habitacional no mejora, este descontento latente cristalice en protestas más masivas e incluso en un cambio de ciclo político. Por ahora, la opinión pública parece dividida: muchos ciudadanos comprenden la necesidad de fortalecer la defensa en el convulso escenario internacional, pero al mismo tiempo una gran mayoría siente que el derecho constitucional a una vivienda digna no se está cumpliendo. Esa tensión obliga a los gobernantes a buscar un delicado equilibrio.

Medidas y soluciones en juego para la vivienda

Con la crisis de vivienda escalando en la agenda, las administraciones han lanzado o planteado diversas iniciativas para facilitar el acceso a un hogar. A corto plazo, una de las medidas estrella del Gobierno central ha sido la aprobación de una línea de avales públicos para la compra de primera vivienda por jóvenes y familias con ingresos bajos. El Consejo de Ministros dio luz verde en 2024 a un plan dotado con 2.500.000.000 euros para que el Estado, a través del ICO, actúe como avalista de hasta el 20% del importe de la hipoteca de menores de 35 años o hogares vulnerables. En la práctica, esto permite que puedan acceder a un préstamo hipotecario sin tener ahorrado el 20% de la entrada, ya que el banco cuenta con la garantía del Estado para esa porción del crédito. El objetivo es que muchos jóvenes solventes pero sin ahorro suficiente puedan por fin comprar vivienda. No obstante, la iniciativa ha generado polémica económica: expertos y algunos partidos temen que, si no va acompañada de más oferta, acabe inflando aún más los precios de venta. Señalan el precedente del Reino Unido, donde un programa similar (Help to Buy, 2013-2023) facilitó el acceso a 340.000 familias pero también encareció sustancialmente el mercado, según determinó el Parlamento británico. Para evitar ese efecto perverso, economistas sugieren combinar estas ayudas a la demanda con un aumento decidido de la oferta de vivienda asequible, de modo que el impulso de poder adquisitivo no se traduzca solo en subida de precios.

Otra pieza central es la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que introdujo topes a las subidas de alquiler e incentivos para movilizar pisos vacíos. Esta ley –la primera estatal de vivienda en décadas– limita la actualización anual de los alquileres al 2% (2023) y 3% (2024) mientras se elabora un índice de precios de referencia. También faculta a las autonomías a declarar zonas de mercado tensionado, donde a los grandes propietarios se les podrá imponer una bajada de rentas en nuevos contratos. A la par, prevé beneficios fiscales para pequeños arrendadores: por ejemplo, reducción del 90% en el IRPF sobre los ingresos del alquiler si bajan el precio un 5% respecto al contrato anterior en una zona tensionada. Con estas medidas, el Gobierno busca contener la escalada de alquileres y ampliar la oferta de alquiler asequible. Sin embargo, su impacto hasta ahora es discutido. Los portales inmobiliarios achacan a esta regulación haber retraído la oferta privada –muchos propietarios optaron por destinar sus pisos al alquiler turístico o de temporada, fuera de los límites legales– lo que irónicamente ha podido presionar los precios al alza. Según datos de Fotocasa, en 2023 se produjo un claro trasvase de viviendas del alquiler residencial hacia otras fórmulas: el alquiler temporal aumentó un 55% y el turístico un 40%, al ofrecer mayor rentabilidad y menos restricciones para el arrendador. El Ejecutivo central defiende su ley y urge a las Comunidades Autónomas a aplicarla plenamente, a la vez que llama a los pequeños propietarios a que pongan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler estable.

En cuanto a vivienda pública, España parte de un retraso notable: solo alrededor del 2-3% del parque de viviendas es público o social (frente a más del 20% en países como Austria, Reino Unido o Francia). Para paliarlo, el Gobierno anunció en 2023 un plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb (el conocido banco malo que heredó activos de la crisis financiera) y dedicarlas al alquiler asequible. De esas, unas 21.000 serían cedidas a ayuntamientos y autonomías para alquiler social directo, y las restantes se destinarían a promociones públicas o cesión a fondos de vivienda accesible. Este plan, junto con otras actuaciones sobre suelo público, busca elevar gradualmente la vivienda protegida hasta el 20% del total en España a medio plazo. Paralelamente, se trabaja en la creación de una Empresa Pública de Vivienda estatal, con el objetivo de “promover la construcción de viviendas, gestionar el parque público y colaborar con otras administraciones para impulsar la vivienda asequible”. Esta entidad podría agilizar convenios y proyectos de colaboración público-privada para desarrollar promociones asequibles en suelo público o en desuso (como antiguos cuarteles, terrenos de ADIF, etc.).

No solo el Gobierno central propone soluciones: los gobiernos autonómicos y municipales también han lanzado iniciativas. Algunas comunidades ofrecen ayudas directas al alquiler para jóvenes o bonos vivienda (por ejemplo, un subsidio mensual de 250 euros durante dos años para menores de 35 años en ciertos casos). Otras impulsan programas de construcción de vivienda pública en sus territorios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, anunció avales propios para ayudar a jóvenes a comprar (programa Mi Primera Vivienda, hasta 95% de financiación) y promociones de alquiler asequible en colaboración con el sector privado. Cataluña, por su parte, debate mecanismos para movilizar pisos vacíos con recargos impositivos si llevan mucho desocupados. En el ámbito local, ayuntamientos de grandes ciudades están tomando medidas contra la turistificación (limitando las licencias de alquiler turístico tipo Airbnb en el centro urbano), ya que este fenómeno merma la oferta de alquiler residencial. También se han visto iniciativas curiosas, como la del Ayuntamiento de Viena colaborando con Barcelona para compartir su modelo de vivienda social, o el de algunas ciudades españolas que ofrecen suelo gratis a cooperativas de vivienda colaborativa.

Los expertos del sector inmobiliario consultados coinciden en que no existe una bala de plata para resolver la crisis habitacional, sino que será necesaria una combinación de políticas sostenidas en el tiempo. Entre las recetas planteadas están incrementar la oferta (facilitando nuevas promociones y rehabilitación de edificios infrautilizados), fomentar fórmulas alternativas como la vivienda cooperativa o coliving, dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios para que alquilen (por ejemplo, con seguros de impago o mediación), y seguir apoyando a los grupos más vulnerables con ayudas directas o viviendas sociales. “Si hay voluntad política, todo se facilita”, señala Vilajoana, reiterando que es necesario un gran pacto público-privado. También desde la construcción urgen a un plan de choque para atraer mano de obra, simplificar trámites y abaratar costes (posiblemente vía industrialización de la edificación). Solo atacando todos los frentes del problema –financiero, urbanístico, laboral, fiscal y social– se podrá corregir el desequilibrio que hoy hace de la vivienda uno de los asuntos más difíciles en España.

El espejo internacional: Europa entre el rearme y la vivienda precaria

La disyuntiva a la que se enfrenta España –invertir más en defensa sin desatender la emergencia de vivienda– no es única, sino que resuena en otros países europeos. La crisis de la vivienda se ha agravado en toda Europa en los últimos años, con grandes ciudades de Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda o Países Bajos registrando fuertes subidas en los precios de compra y alquiler. Eurostat señala que entre 2015 y 2023 los precios de la vivienda en la UE aumentaron un 48% de media, con picos de +173% en Hungría. En España el encarecimiento acumulado ronda el 50%, y concentrado especialmente en las urbes: “en solo un año ha subido el precio de la vivienda un 20% en compra y un 15,4% en alquiler”, destaca Quique Villalobos, portavoz de la federación de asociaciones vecinales de Madrid. Aunque cada mercado tiene sus matices, el factor común es la escasez de vivienda asequible, agravada en muchos sitios por el turismo masivo y la inversión especulativa, lo que deja a los jóvenes europeos en una situación precaria. No por casualidad, la edad media de emancipación en países del sur como España o Italia supera ya los 30 años, muy por encima de los 25 años de media en el norte de Europa.

Al mismo tiempo, el nuevo contexto geopolítico tras la invasión rusa de Ucrania ha llevado a la mayoría de estados europeos a reforzar sus presupuestos de defensa de forma acelerada. Francia ha aprobado una Ley de Programación Militar 2024-2030 que incrementa el gasto en defensa un 40%, hasta alcanzar 413.000.000.000 euros en ese periodo –lo que ha generado divisiones en la Asamblea Nacional francesa, con la izquierda alertando de “cheques en blanco” a la industria armamentística en detrimento del gasto social–. Italia y Países Bajos también han anunciado subidas para acercarse al 2% del PIB en pocos años. Alemania, quizá el caso más notable, creó en 2022 un fondo especial de 100.000.000.000 euros para modernizar sus fuerzas armadas y se comprometió a rebasar el 2% del PIB en defensa, rompiendo así con décadas de contención. Este esfuerzo, impulsado personalmente por el canciller Olaf Scholz, coincidió con una burbuja inmobiliaria pinchando en territorio alemán: el sector de la construcción entró en crisis en 2023 debido a la subida de los tipos de interés, encarecimiento de materiales y falta de trabajadores cualificados. El Gobierno alemán se había propuesto construir 400.000 viviendas al año, pero ha debido reconocer que ese objetivo es inalcanzable por ahora. Pese a destinar ayudas (1.000.000.000 extra para residencias de estudiantes, subsidios a familias compradoras, etc.), se espera que Alemania apenas llegue a 250.000 viviendas en 2023 y caiga por debajo de 200.000 en 2024, muy lejos de la meta prometida. Esta situación está metiendo presión política al ejecutivo de Scholz, con críticas de la oposición y protestas en Berlín por el encarecimiento de los alquileres. Es decir, incluso la mayor potencia europea, con amplio margen financiero, está teniendo dificultades para compaginar la inversión en rearme con una solución rápida a la carestía de la vivienda. Otros ejemplos muestran dilemas similares. En Reino Unido, el aumento del gasto militar post-Brexit vino acompañado de recortes en ayudas sociales, mientras el fin del programa Help to Buy dejó a muchos jóvenes británicos sin apoyo para acceder a la vivienda. En Suecia, el reciente ingreso en la OTAN ha implicado compras millonarias de armamento a la vez que ciudades como Estocolmo ven cómo sus precios inmobiliarios se disparan y obligan a muchos a compartir piso hasta bien entrada la treintena. Incluso en países tradicionalmente fuertes en vivienda pública, como Austria o Dinamarca, se enfrentan a listas de espera para viviendas sociales porque la construcción no da abasto con la demanda urbana. La crisis habitacional se ha convertido, como titulaba The Economist, en “la otra gran crisis” tras la energética, afectando transversalmente a la clase media en Europa. Y al mismo tiempo, la necesidad de reforzar la defensa ante amenazas externas pone presión sobre las arcas públicas. Estos paralelismos sugieren que no existe una dicotomía sencilla entre gastar en defensa o en vivienda: la mayoría de países europeos se ven obligados a hacer ambas cosas a la vez, buscando equilibrios en sus presupuestos. Algunos gobiernos han optado por relajar temporalmente las reglas fiscales europeas –aprovechando la suspensión vigente– para poder invertir en defensa sin recortar otras partidas, confiando en el crecimiento económico para sostener la deuda. También la Unión Europea estudia fórmulas para que el esfuerzo extra en defensa se reparta de forma colaborativa (por ejemplo, compras conjuntas de armamento) y no comprometa en exceso las finanzas de cada estado miembro. Sin embargo, la UE tiene competencias muy limitadas en vivienda, por lo que las soluciones habitacionales dependen sobre todo de cada gobierno nacional y regional.

Un delicado equilibrio por delante

España, en resumen, se encuentra ante el difícil ejercicio de equilibrar las prioridades externas con las internas. El contexto internacional exige un mayor gasto militar para garantizar la seguridad en un entorno inestable, y el país no quiere quedarse rezagado en sus compromisos con la OTAN y la UE. Pero, puertas adentro, la ciudadanía clama por soluciones a problemas tangibles del día a día, siendo la vivienda posiblemente el más acuciante de todos. Lograr compatibilizar ambas agendas –reforzar la defensa nacional sin descuidar el bienestar social– será uno de los mayores desafíos para el Gobierno en 2025. Por un lado, el impulso en defensa parece ya en marcha: España destinará miles de millones extra a nuevas fragatas, cazas y equipamientos, con la vista puesta en la cumbre de la OTAN de junio y en consolidarse como un aliado fiable. Por otro lado, la presión social interna no dará tregua: cada euro dedicado a vivienda será escrutado, y cualquier inacción en esta materia puede traducirse en descontento en las calles. Los expertos advierten que si no se toman medidas eficaces, España podría enfrentar un incremento del malestar social e incluso ver comprometida la llegada de trabajadores cualificados que el país necesita, al no poder ofrecerles vivienda asequible.

La solución, coinciden distintos analistas, pasa por abordar el problema de la vivienda con la misma determinación con que se asume el refuerzo de la defensa. Esto implicará destinar recursos significativos, pero sobre todo aplicar reformas estructurales y coordinar a todas las administraciones en un plan de largo alcance. “Es una situación muy problemática y se deberían tomar cartas en el asunto, tanto a nivel nacional como de comunidades autónomas”, reconoce Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la patronal inmobiliaria FADEI, apuntando que no solo el Gobierno central, también los autonómicos y locales deben implicarse más. En paralelo, mantener la transparencia y la búsqueda de consensos será clave: explicar a la población por qué se invierte en defensa y al mismo tiempo demostrar con hechos que la vivienda es una prioridad real con políticas efectivas.

Al final, la verdadera seguridad y prosperidad de un país se mide tanto por su capacidad de defenderse de amenazas externas como por la de garantizar el bienestar interno de su gente. España afronta en 2025 el reto de demostrar que puede hacer ambas cosas. En juego no solo está su credibilidad internacional, sino la cohesión social y la confianza ciudadana en las instituciones. Las próximas decisiones presupuestarias y reformas serán determinantes para inclinar la balanza hacia un equilibrio que permita a los españoles vivir seguros y con un techo digno sobre sus cabezas.

Autoría: Susana Martínez – Especialista en Economía y Políticas Públicas con amplia experiencia en análisis de mercado y reformas estructurales

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