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Por otro lado, la inversión pública en infraestructuras ha alcanzado niveles récord en España, impulsada en parte por los fondos europeos de recuperación. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se destinaron 46.205 millones de euros a inversiones totales, de los cuales 14.521 millones se asignaron a obra pública, cifra histórica que ha propiciado un "trienio dorado" en construcción. Destacan sectores como la vivienda social, con 3.462 millones – incluyendo partidas para alquiler asequible y rehabilitación energética –, y las infraestructuras viarias, con 2.666 millones destinados a carreteras, de los que 1.548 millones se invierten en mantenimiento, corrigiendo un déficit histórico. En el ámbito hidráulico, el gasto en obras relacionadas con presas, abastecimiento y saneamiento se situó en 541 millones, creciendo un 50% respecto a 2018, mientras que en transporte ferroviario la inversión alcanzó los 7.991 millones. Estas inversiones, gestionadas por diferentes organismos, han dinamizado el sector de la construcción, generando además más de 300.000 empleos.

El aumento del gasto en defensa supone un reto para la redistribución presupuestaria en España. El clásico dilema “guns versus butter” se hace patente, ya que destinar varios miles de millones adicionales a Defensa puede forzar la reducción de inversiones en infraestructuras civiles – como nuevas autovías, vivienda social o mantenimiento de sistemas hídricos – salvo que se compense con mayores ingresos o endeudamiento. La experiencia de periodos de austeridad muestra que, en ausencia de reformas estructurales, el ajuste fiscal tiende a recaer en la inversión pública, lo que podría afectar a la continuidad de proyectos y a la seguridad y longevidad de la red vial y de las infraestructuras de agua.

Además, la repercusión se extiende a la demanda de mano de obra y materiales. Un descenso en la obra pública civil impactaría negativamente a las constructoras y a la industria de materiales básicos, como el cemento o el acero estructural, mientras que el auge en el sector de defensa podría favorecer sectores industriales orientados a la producción de armamento y equipamiento militar. Este fenómeno podría derivar en un desplazamiento de empleo desde el ámbito de la construcción tradicional hacia el sector industrial-militar, afectando especialmente a aquellas regiones dependientes de la obra pública.

No obstante, el rearme también abre oportunidades para el sector de la construcción. La adjudicación de contratos para la construcción y mantenimiento de infraestructuras militares – como bases, cuarteles, arsenales, y la adaptación de infraestructuras civiles para uso dual (civil y militar) – puede generar nuevos nichos de negocio. Proyectos como la nueva Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, valorada en unos 500 millones de euros y con un impacto directo en el empleo local, ejemplifican estas oportunidades. Asimismo, iniciativas de infraestructura dual, promovidas tanto por el Estado como por la Unión Europea, podrían compensar, en parte, la reducción en la inversión pública tradicional, diversificando la cartera de proyectos para constructoras y empresas de ingeniería.

En conclusión, la subida del gasto en defensa en España hacia el 2%–3% del PIB tendrá efectos dobles en el sector de la construcción e infraestructuras. Por un lado, se corre el riesgo de una contracción en la inversión en obra pública civil, lo que afectaría al empleo y a la demanda de materiales tradicionales. Por otro, se abrirán nuevas oportunidades en el ámbito de infraestructuras militares y proyectos duales, que podrían mitigar el impacto negativo si se acompaña de una gestión fiscal adecuada y de apoyos europeos. El desafío para los profesionales del sector será diversificar sus actividades y adaptarse a un entorno de reorientación presupuestaria, sin que la seguridad nacional comprometa la inversión en infraestructuras fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar social.

NOTAS:

Impacto del Aumento del Gasto en Defensa en el Sector de la Construcción e Infraestructuras

Gasto en Defensa Actual en España y Europa (% PIB y Perspectivas 2%-3%)
España se encuentra entre los países de la OTAN con menor esfuerzo en defensa en proporción a su economía. En 2023, se destinó en torno al 1,3% del PIB a gasto militar (aproximadamente 19.000 millones de euros). Según los datos disponibles, esto equivale a 22.610 M€ (1,51% del PIB, medido por SIPRI), aunque la estimación de la OTAN para 2023 es ligeramente inferior (1,19% del PIB, subiendo a 1,28% en 2024). En términos comparativos, la media de la UE en 2022 fue cercana al 1,5% del PIB en defensa, mientras que la meta de la OTAN es alcanzar el 2%. Solo unos 22 países lograron llegar al 2% hacia 2023, situando a España en último lugar (1,28% del PIB) entre los que aún no cumplen la meta.

Las presiones internacionales han llevado a comprometer aumentos sustanciales. La OTAN acordó en la Cumbre de Madrid 2022 extender el plazo para llegar al 2% del PIB en defensa hasta 2029. El Gobierno español ha reafirmado este compromiso y se ha diseñado una senda de incremento paulatino hasta alcanzar aproximadamente el 2% en 2029 (unos 36.000-36.500 M€ anuales). Entre 2014 y 2024, el gasto español se duplicó de 9.500 M€ a 19.723 M€ (+107%), aunque en porcentaje del PIB solo subió de 0,92% a ~1,28%. A partir de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, los presupuestos de Defensa se aceleraron y para 2025 se prevé llegar a ~1,39% del PIB (21.564 M€), manteniendo la senda hacia 2029.

En el contexto europeo, se baraja ir más allá del 2%, pues algunos líderes comunitarios sugieren que será necesario incluso un 3% del PIB en defensa para garantizar la seguridad, dada la amenaza rusa. Países como Polonia ya han anunciado niveles inéditos (en 2024 gastó ~4,1% y apunta a 4,7% del PIB) para reforzar sus Fuerzas Armadas. En resumen, Europa se encamina a un rearme notable, con la Comisión Europea hablando de movilizar hasta 800.000 M€ en Defensa en los próximos años, y se espera que el gasto militar europeo siga creciendo de forma sostenida.

Tabla 1. Compromisos de Gasto en Defensa (España vs. Entorno Europeo)

Indicador de Defensa:

España (dato reciente): ~1,3% del PIB (2023) [Objetivo 2% en 2029]
Europa (UE/OTAN): ~1,5% del PIB (UE en 2022); Meta OTAN ?2% (posible 3%)
Presupuesto de Defensa Anual:

España: 19.000 M€ (aprox. 2023); Plan ? 36.000 M€ en 2029
Europa: ~240.000 M€ (suma del gasto de defensa en EU27 en 2022)
Gasto Per Cápita en Defensa:

España: 467 € por habitante (2023)
Europa: Referencia: ~600 € en Francia; ~1100 € en EE.UU. (datos orientativos)
Posición en OTAN (% PIB):

España: Último lugar entre 30 países (2023, 1,28% del PIB)
Europa: ~18 de 30 países alcanzan el 2% (2023); Polonia ~4% del PIB

El esfuerzo adicional para España es significativo: pasar de ~1,3% a 2% del PIB implica casi duplicar el presupuesto de defensa en pocos años. De cumplirse, el gasto militar español se convertiría en la segunda mayor partida de los Presupuestos Generales, solo por detrás de las pensiones, superando incluso los presupuestos actuales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales combinados. Este contexto plantea interrogantes sobre cómo se financiará dicho aumento y qué impactos tendrá sobre otras áreas de inversión pública, especialmente en infraestructuras.

Inversión en Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras en España (Datos Actuales)

El esfuerzo inversor público en infraestructuras civiles en España ha alcanzado máximos históricos recientes, impulsado en parte por los fondos europeos de recuperación. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se destinaron 46.205 M€ a inversiones totales (incluyendo capital para distintos fines). De este monto, la inversión directa en obra pública alcanzó 14.521 M€, lo que representa un aumento del 30% respecto al año anterior y la cifra más alta registrada en un presupuesto español. Esta apuesta supera incluso el pico de 2010 (Plan E) y ha permitido un “trienio dorado” 2021-2023 en construcción pública.

A continuación, se detallan las principales áreas de inversión en construcción y mantenimiento de infraestructuras para 2023, con énfasis en vivienda social, carreteras, abastecimiento de agua y presas:

Tabla 2. Inversión Pública Prevista en Infraestructuras por Sector (PGE 2023)

• Vivienda (parque social y rehabilitación): - 3.462 M€ (récord histórico) - Incluye 836 M€ para vivienda asequible en alquiler (260 M€ vía Sepes en suelo público), 880 M€ para rehabilitación energética (PRTR) y 421 M€ para el Plan Estatal de Vivienda

• Carreteras (Red de Carreteras del Estado): - 2.666 M€ - De este total, 1.548 M€ se destinan a conservación (mantenimiento, cifra histórica +5,2% vs. 2022) - ~1.118 M€ para ampliaciones y nuevas infraestructuras

• Infraestructuras Hidráulicas (agua): - 541 M€ (ejecutado en 2022) - Gasto del Ministerio de Transición Ecológica en obras hidráulicas (presas, abastecimiento, saneamiento) - Crecimiento del 50% desde 2018 (cuando era 362 M€) - Los Planes Hidrológicos 2022-2027 prevén 22.844 M€ en inversiones hídricas, apoyados por fondos UE (PRTR aporta 3.167 M€)

• Transporte Ferroviario (AVE, red convencional): - 7.991 M€ - (La mayor partida individual de Mitma en 2023, duplicando la inversión de 2018 en ferrocarril)

• Total Mitma (Transportes) – Inversiones: - 16.550 M€ - Suma de inversiones en vivienda, infraestructuras y movilidad gestionadas por Mitma - ~4.100 M€ se transfieren a Comunidades Autónomas y ayuntamientos - El total del Ministerio (21.273 M€) equivale al 1,6% del PIB y genera ~310.000 empleos según el Gobierno
En cuanto al mantenimiento de infraestructuras, destaca el esfuerzo en carreteras: los 1.548 M€ destinados a la conservación vial suponen la corrección de un déficit histórico, mejorando la seguridad y la longevidad de la red. En el ámbito hidráulico, muchos embalses y sistemas de saneamiento requieren renovación; el incremento del 50% en inversión anual en el sector del agua desde 2018 es señal de esta necesidad. Asimismo, se están acometiendo inversiones urgentes para hacer frente a la sequía (por ejemplo, 1.400 M€ adicionales en 2023 para nuevas desaladoras, trasvases y reutilización), evidenciando la modernización imperativa de las infraestructuras hídricas.

En el área de vivienda social, el presupuesto de 3.462 M€ en 2023 es el mayor jamás destinado por el Estado, con programas destinados a construir 100.000 viviendas públicas en alquiler asequible a medio plazo y rehabilitar más de 500.000 viviendas antes de 2026, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética. Estas inversiones han dinamizado el sector de la construcción, que venía recuperándose tras la crisis financiera anterior.

En resumen, España ha incrementado su inversión en infraestructuras de transporte, vivienda y agua a niveles récord gracias al impulso fiscal y a los fondos europeos. Sin embargo, mantener este esfuerzo en el futuro dependerá de las disponibilidades presupuestarias, y el escenario de aumento del gasto militar coincide temporalmente con el fin de los fondos extraordinarios europeos (previstos para 2026-27), lo que genera preocupación sobre una posible reorientación del gasto público.

Efectos del Aumento del Gasto en Defensa sobre la Construcción e Infraestructuras

El fuerte incremento previsto del gasto militar (del ~1,3% al 2%-3% del PIB) tendrá implicaciones importantes para el sector. Se analizan a continuación los principales aspectos:

a) Reasignación presupuestaria (“guns vs. butter”):

Dedicación de miles de millones adicionales a Defensa puede forzar la redistribución del presupuesto, restando recursos a infraestructuras civiles, salvo que se compense con mayor endeudamiento o ingresos.
Algunos líderes comunitarios han señalado la necesidad de recortar sanidad y servicios sociales para garantizar la seguridad.
Aunque se intente tramitar el aumento de Defensa como programa especial fuera del techo de gasto, el déficit público se verá afectado, pudiendo recortarse la inversión en infraestructuras en periodos de austeridad.

b) Impacto en la inversión pública en construcción:

Podría producirse una reducción o ralentización de proyectos de construcción y mantenimiento.
Posibles posposiciones en nuevas autovías, recortes en planes de vivienda o menor renovación de infraestructuras hidráulicas.
La conservación de infraestructuras existentes (carreteras y redes de agua) también podría resentirse, afectando a las empresas constructoras, sobre todo de cara a 2027-2030.

c) Efectos en la demanda de mano de obra y materiales:

Una disminución en la obra pública civil afectaría la demanda de mano de obra y de insumos básicos (cemento, acero, áridos, etc.).
El aumento del gasto en defensa generaría nuevas demandas en sectores industriales (metalurgia, electrónica, química), aunque estos empleos suelen ser menos intensivos en mano de obra.
El auge en la producción militar podría influir en el precio del acero y otros materiales básicos, afectando los insumos tradicionales de la construcción.

d) Oportunidades para el sector construcción (proyectos militares y duales):

El rearme abre oportunidades para la construcción de infraestructuras militares: bases, cuarteles, polígonos de entrenamiento, arsenales, astilleros y aeródromos.
Además, la UE promueve la “infraestructura dual” (civil-militar), adaptando infraestructuras de transporte civiles para usos militares (por ejemplo, mejoras en puentes, vías férreas y aeropuertos).
Estos proyectos ofrecen nuevos contratos para empresas constructoras, diversificando la cartera de proyectos y compensando en parte la posible reducción en la obra pública civil.

Conclusión

La subida del gasto en defensa en España hacia el 2%-3% del PIB tendrá un doble efecto sobre el sector de la construcción e infraestructuras. Por un lado, existe el riesgo de contracción en la inversión pública civil, lo que afectaría la demanda de materiales, empleo y encargos para las constructoras tradicionales. Por otro lado, surgirán oportunidades en proyectos vinculados a la defensa y en infraestructuras duales. El balance dependerá de las decisiones de política económica: si se logra financiar el rearme sin recortar excesivamente la inversión en infraestructuras (por ejemplo, mediante flexibilización fiscal o apoyos europeos), el impacto negativo podría moderarse. Es esencial que los profesionales del sector diversifiquen su cartera hacia proyectos especializados en defensa y seguridad, manteniéndose atentos a la evolución de los presupuestos públicos y las prioridades de inversión estatal.
 

Fuentes: Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio para la Transición Ecológica, Comisión Europea, INE; datos SIPRI y OTAN; informes y prensa económica actualizados a marzo de 2025.

Autoría: Juan García – Especialista en Infraestructuras Comerciales y Consultor en Riesgos Geológicos con años de experiencia internacional

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