| Seguridad
jurídica frente a la nulidad total de planes urbanísticos
Una de las
coincidencias más destacadas entre PSOE y PP radica en la necesidad
de modificar el marco legal para evitar la anulación integral de
planes urbanísticos por defectos menores.
¿Qué
persiguen?
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Que la nulidad
afecte únicamente a las partes con irregularidades, permitiendo
que el resto del plan siga vigente.
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Evitar que proyectos
completos queden paralizados por fallos localizados, generando así
mayor estabilidad y confianza para inversores, ayuntamientos y promotores.
Ventajas previstas:
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Se reduciría
la incertidumbre en el sector inmobiliario, fomentando la viabilidad de
desarrollos que, hasta ahora, se veían bloqueados por la nulidad
absoluta de planes.
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Se mantendría
la congruencia entre la protección del ordenamiento y el dinamismo
urbanístico.
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Agilización
de trámites y silencio administrativo
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Otra de las medidas
en las que PSOE y PP muestran afinidad es la simplificación de los
procedimientos y la reconfiguración del silencio administrativo.
En la actualidad:
La falta de
respuesta administrativa, de manera general, se interpreta como negativa,
lo cual demora y encarece proyectos, sobre todo en el ámbito público.
La propuesta:
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Que, en el caso
de promociones de viviendas impulsadas por entes públicos, el silencio
administrativo se considere positivo, de forma que si no existe respuesta
en plazo, el proyecto pueda proseguir.
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Este cambio facilitaría
la ejecución de obras y reduciría la burocracia.
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Movilización
de suelo público para vivienda asequible
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La lucha contra
la escasez de vivienda y los altos precios de alquiler y compra ha llevado
a PSOE y PP a coincidir también en la necesidad de movilizar suelo
público.
Objetivo:
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Ampliar la oferta
de viviendas asequibles, facilitando el acceso a jóvenes y familias
con ingresos medios o bajos.
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Impulsar la construcción
en parcelas estatales o municipales actualmente infrautilizadas.
Resultados esperados:
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Favorecer una
moderación de precios y asegurar un parque de vivienda estable,
evitando las subidas bruscas que se han producido en áreas tensionadas.
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Principales divergencias:
control de precios y mercado inmobiliario
A pesar de los
puntos de acuerdo, la reforma se ha topado con diferencias significativas:
Control de
alquileres:
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Sectores del PSOE,
apoyados por otras formaciones de izquierda, defienden la posibilidad de
regular los precios en zonas con alta demanda, algo a lo que el PP se opone
frontalmente, argumentando efectos negativos sobre la oferta.
Intervención
en el mercado:
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Mientras que los
socialistas contemplan mecanismos de intervención pública
más amplios, como la limitación en la compra de viviendas
por inversores foráneos o la exigencia de reservas de suelo para
alquiler, el PP insiste en reducir la intervención estatal y confiar
en incentivos fiscales para animar la promoción y el alquiler.
Un acuerdo técnico
pendiente de respaldo político
Según
fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno
considera que la reforma de la Ley del Suelo es esencial para abordar la
“crisis de la vivienda” en España y se muestra dispuesto a introducir
retoques técnicos para recuperar el apoyo del PP y de otros grupos
en el Parlamento.
Retos para
su aprobación:
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Falta de una mayoría
clara: La aprobación requiere un consenso amplio en el Congreso,
donde las formaciones con posturas divergentes sobre la vivienda (control
de precios, por ejemplo) complican las mayorías.
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Contexto de urgencia:
La presión social por los altos precios de compra y alquiler, sumado
al déficit de vivienda asequible, exige soluciones a corto plazo.
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Tensión
con grupos de izquierda: Si el PSOE cede en exceso ante el PP, corre el
riesgo de perder el apoyo de otras formaciones que son claves en su gobernabilidad.
Conclusiones
La futura Ley
del Suelo podría avanzar sobre bases técnicas que tanto el
PSOE como el PP comparten, tales como reforzar la seguridad jurídica
de los planes urbanísticos, agilizar los trámites y fomentar
el uso de suelo público para vivienda. Sin embargo, su aprobación
definitiva dependerá de la capacidad de los dos grandes partidos
para superar sus diferencias en la política de alquiler y la intervención
del mercado inmobiliario.
Todo ello se
produce en un contexto donde la urgencia habitacional y las demandas de
la sociedad para disponer de viviendas asequibles no dejan espacio para
dilaciones. Un consenso ampliado y un diálogo franco podrían
dar luz verde a una reforma que, según expertos, podría dinamizar
el sector, dar seguridad a promotores e inversores y, sobre todo, beneficiar
a los ciudadanos.
Autor:
María
Álvarez, periodista especializada en urbanismo y vivienda.
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