Transferencia de viviendas y suelo a la Empresa Pública de Vivienda

Se transfieren más de 3.300 viviendas y millones de metros cuadrados de suelo a un nuevo ente público.
Objetivo: Incrementar el parque social de alquiler.

Incorporación de viviendas de la SAREB

Hasta 30.000 pisos de la SAREB pasarán al control público, con un primer lote inmediato de 13.000.
Objetivo: Aumentar la oferta en zonas tensionadas.

Prioridad de compra a la Empresa Pública de Vivienda

Mecanismo legal para que este organismo tenga preferencia en la adquisición de inmuebles o suelos.
Objetivo: Fomentar la titularidad pública.

Titularidad pública indefinida de las viviendas construidas

Se pretende blindar estos inmuebles para evitar su venta a fondos especulativos.
Objetivo: Mantener una reserva pública a largo plazo.

Reforma de la Ley del Suelo

Cambios para simplificar procesos urbanísticos y frenar la especulación.
Objetivo: Impulsar la construcción de viviendas asequibles.

Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Vivienda

Se fomentarán la innovación y la industrialización en la construcción.
Objetivo: Abreviar plazos y abaratar costes de edificación.

Lucha contra el fraude en alquileres de temporada

Control de alquileres de corta estancia que evaden normativas y encarecen el mercado.
Objetivo: Equilibrar la oferta y proteger el alquiler residencial.

Inspección reforzada a viviendas turísticas ilegales

Creación de un fondo dedicado a detectar y multar pisos turísticos no regulados.
Objetivo: Disuadir la informalidad y estabilizar el precio del alquiler.

Reforma fiscal de los pisos turísticos

Equiparación de estos alojamientos a actividades comerciales, con tributación específica.
Objetivo: Competencia equilibrada con el alquiler residencial.

Limitación de la compra de vivienda por extranjeros no residentes

Restricciones para frenar la inversión especulativa foránea y proteger el acceso local.
Objetivo: Bajar la presión de la demanda ajena al mercado interno.

Exenciones fiscales para alquileres asequibles

Deducción de hasta el 100% en el IRPF para propietarios que ajusten sus rentas a índices de referencia.
Objetivo: Estimular el alquiler con precios moderados.

Creación de un sistema de garantías públicas

Mecanismo que dote de seguridad a propietarios e inquilinos en el arrendamiento.
Objetivo: Favorecer la confianza y reducir el riesgo de impagos.

Obstáculos para la puesta en marcha

Pese a la ambición de estas propuestas, su aplicación enfrenta numerosos desafíos:

Falta de consensos parlamentarios

El actual Gobierno de coalición no dispone de una mayoría sólida.
Los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar reformas de calado en vivienda están en entredicho.
Sus propios socios discrepan en aspectos clave (limitaciones de precio más estrictas, por ejemplo).

Inseguridad jurídica y evasiones legales

Medidas como la restricción a extranjeros o el tope de rentas pueden sortearse a través de “trampas” (cargos extras por servicios, fórmulas de multipropiedad, etc.).
La regulación se enfrenta a la picaresca habitual (el “hecha la ley, hecha la trampa”).

Tramitación parlamentaria compleja

Varias de estas iniciativas implican modificar leyes orgánicas o normativas clave.
Se requieren varias lecturas, enmiendas y acuerdos en el Congreso y Senado, un proceso lento y repleto de vetos cruzados.

Escepticismo inversor

Los fondos de inversión han respondido a los topes de alquiler vendiendo pisos uno a uno en el mercado minorista.
Muchos aseguran que la regulación hace inviables sus proyectos de alquiler, reduciendo la oferta y generando un efecto contraproducente.

Posibles usos de resquicios legales

La compra de inmuebles por extranjeros podría canalizarse a través de sociedades pantalla o residentes fiscales.
La “externalización” de propiedades en fondos no regulados en España supondría otro escollo.
La tensión política: un bloqueo que impide la gran reforma
La controversia en materia de vivienda hace aflorar las divisiones internas en el bloque de gobierno y la imposibilidad de pactar con la oposición:

Divisiones con socios

Formaciones como Sumar o Podemos exigen un control aún más riguroso de los precios o una expropiación temporal de pisos vacíos, chocando con la línea del PSOE.
El PSOE debe equilibrar peticiones radicales con la necesidad de no espantar la inversión.

Tentativa de pactar con el PP

Ante la fractura en la coalición, la única vía para aprobar medidas de calado sería un gran pacto PSOE-PP.
Pero las políticas del PP son más liberales y se oponen al tope de alquiler, abogando por incentivos fiscales y colaboración público-privada.

Promesas a socios vs. realidad parlamentaria

El PSOE ya comprometió ciertas medidas con sus aliados, contrarias a la postura del PP.
Un giro hacia una gran coalición en vivienda provocaría un choque con ERC, Bildu o Unidas Podemos, quienes verían traición en tal acercamiento.

Falta de Estado de Alarma en la vivienda

El Ejecutivo reconoce que la subida de los precios no cede, pero no hay un “consenso de emergencia” que permita agilizar proyectos de ley.
Cada partido persigue rédito electoral más que una solución duradera.

Conclusiones

Las 12 medidas anunciadas por el presidente Sánchez representan un intento ambicioso de atajar la crisis de la vivienda en España. Sin embargo, la realidad política actual —marcada por la necesidad de amplias mayorías, las tensiones con socios de gobierno y la evidente falta de voluntad de pactar con la oposición— dificulta enormemente su aprobación y aplicación.

Mientras tanto, en la práctica, los grandes inversores rehúyen del mercado de alquiler en las comunidades con topes de renta, vendiendo sus activos de manera individual para maximizar beneficios, lo que reduce la oferta de arrendamiento y encarece aún más los precios. Las trampas legales y la inseguridad jurídica completan un panorama en el que los objetivos sociales y políticos de rebajar el coste de la vivienda chocan con la complejidad del mercado inmobiliario y la picaresca habitual.

Así, cuando se habla de la vivienda como un problema estructural que requiere soluciones de Estado, el escenario evidencia que solo un gran pacto transversal —con consensos entre PSOE, PP y otros grupos— podría dar estabilidad a un proyecto que genere confianza en propietarios, inversores e inquilinos. No obstante, el laberinto político parece alejar cada vez más esa posibilidad, mientras la necesidad de vivienda asequible y segura sigue creciendo sin una respuesta efectiva a corto plazo.

Autor: Juan Marcos, analista de política y mercados inmobiliarios.

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