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Dirección General del Tesoro debe analizar exhaustivamente la situación,
considerando tanto la protección de entidades financieras y bonistas
como la viabilidad inmobiliaria de la licencia básica. Actualmente,
no existe práctica de titulización de préstamos promotores
por parte de los bancos, lo que limita la financiación de proyectos
bajo esta modalidad.
La aprobación
de la Ordenanza 6/2022 en Madrid, que introduce la licencia básica,
buscaba reducir los tiempos de concesión de licencias y disminuir
el coste final para el consumidor. Sin embargo, la incertidumbre actual
en torno a la interpretación y aceptación de esta licencia
por parte del sector financiero y reguladores pone en riesgo estos beneficios.
La Administración,
en un ejercicio de empatía y consenso, debe considerar que la licencia
básica puede tener efectos equivalentes a una licencia de obra tradicional,
brindando así tanto protección a los consumidores como a
los agentes financieros involucrados. La resolución de esta problemática
es fundamental para el avance y la eficiencia del sector inmobiliario en
España.
Recomendamos
la guía práctica de inmoley.com sobre el "Préstamo
Promotor" para una comprensión integral de los desafíos financieros
y legales en el desarrollo inmobiliario.
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