| Por
ejemplo, el gobierno ha anunciado la construcción de 183.000 nuevas
viviendas. Si bien el sector tiene la capacidad de construir estas viviendas,
los procesos de estudio, licitación, adjudicación y ejecución
de los trabajos toman entre 24 y 36 meses, lo que significa que ya no hay
tiempo suficiente para cumplir con los plazos actuales.
Debido a estos
plazos ajustados, las administraciones públicas están recurriendo
cada vez más a sus propios medios para llevar a cabo proyectos a
tiempo. Este procedimiento, aunque legal, está causando daño
al tejido productivo, formado en su mayoría por pymes. El número
de proyectos desarrollados con medios propios ha aumentado de 1.880 en
2021, con un presupuesto de 1.800 millones de euros, a 3.200 en 2022, con
un presupuesto de 4.000 millones de euros.
Además,
hay preocupación por la falta de transparencia sobre cómo
se están ejecutando los fondos europeos. Es difícil sumar
las cifras presentadas en varios foros y llegar a un total coherente. No
está claro cuánto dinero se está gastando ni dónde
está yendo.
Para ayudar
a solucionar estos problemas, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo establece que los contratos públicos adjudicados a
personas jurídicas controladas no deben estar sujetos a los procedimientos
establecidos en la Directiva si el poder adjudicador ejerce un control
similar al que ejerce sobre sus propios servicios. Además, la Ley
40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público
en España establece normas para la creación y utilización
de "medios propios" por parte de las administraciones públicas.
Para entender
mejor estos y otros aspectos de la colaboración público-privada
en el sector de la construcción, recomendamos la guía práctica
de inmoley.com sobre Concesión y Colaboración Público-Privada
(P3) PPP «Public Private Partnership» o Asociación Público-Privada
APP. Esta guía proporciona un análisis exhaustivo y práctico
de este modelo de colaboración que se está volviendo cada
vez más relevante en el contexto actual.
|
