| La descalificación
de viviendas protegidas es un problema que ha afectado a España
durante muchos años. Las autoridades han fomentado la venta anticipada
de las viviendas protegidas en alquiler debido a los problemas que ha habido
con la gestión del parque público de vivienda protegida,
como los impagos, el mantenimiento y las inspecciones con amenazas, entre
otros. Sin embargo, la discrecionalidad y la liberalidad en la autorización
de descalificaciones de viviendas antes del plazo de expiración
de su calificación han llevado a que el país tenga un parque
de vivienda protegida muy pequeño en comparación con las
importantes cifras de producción que se han visto en el pasado.
Es necesario
controlar activamente las adjudicaciones iniciales de las viviendas y su
uso y transmisiones posteriores, de forma que se consiga o bien una dilación
suficiente en el tiempo de la generación efectiva de plusvalías,
o bien la rotación adecuada y equitativa del parque protegido creado.
No se trata de impedir la venta de estas viviendas, sino de impedir su
descalificación bien sea durante un plazo largo de tiempo, bien
para siempre.
El marco normativo
que se ha articulado alrededor de la vivienda protegida nunca ha velado
durante todo este tiempo por preservar su función social a lo largo
de toda la vida útil del inmueble. En lugar de ello, ha permitido
que, con mayor o menor rapidez, estas viviendas protegidas pudieran ser
descalificadas y, por consiguiente, incorporadas de nuevo en el mercado
libre a precios de mercado. Por consiguiente, un sinfín de propietarios
pudieron apropiarse y especular con los recursos públicos que, en
su momento, se destinaron para fomentar la construcción de sus viviendas
protegidas; y lo que es peor, ello impidió que el sector público
pudiera dotarse de recursos residenciales con los que poder atender las
necesidades de las generaciones venideras.
En la actualidad,
el periodo de calificación de las viviendas protegidas varía
sustancialmente entre Comunidades Autónomas. Por lo general el periodo
de calificación es de 30 años. Es esencial que se establezca
un periodo de calificación definitiva adecuado para que la vivienda
protegida cumpla su función social durante un tiempo determinado.
En conclusión,
el problema de la descalificación de viviendas protegidas es una
cuestión importante en España. Para resolver este problema,
es necesario controlar activamente las adjudicaciones iniciales de las
viviendas y su uso y transmisiones posteriores, así como establecer
un periodo de calificación definitiva adecuado para que la vivienda
protegida cumpla su función social durante un tiempo determinado.
También es necesario modificar el marco normativo existente para
garantizar que las viviendas protegidas no sean descalificadas de forma
arbitraria o temprana, y que se promueva una gestión adecuada del
parque público de vivienda protegida para evitar problemas como
los impagos, el mantenimiento y las inspecciones con amenazas.
Es importante
recordar que la vivienda es un derecho fundamental, y que las viviendas
protegidas cumplen una función social importante al garantizar que
todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y asequible. Por
lo tanto, es necesario que las autoridades tomen medidas para proteger
el parque de vivienda protegida y garantizar su función social a
largo plazo.
POSIBLES SOLUCIONES
-
Mayor control
en la adjudicación de las viviendas protegidas: es necesario establecer
mecanismos de control más rigurosos en la adjudicación de
las viviendas protegidas, para evitar que estas sean adquiridas por personas
que no cumplen con los requisitos establecidos.
-
Control en el
uso y transmisiones posteriores de las viviendas protegidas: se deben establecer
medidas de control efectivas para garantizar que las viviendas protegidas
se utilizan para su finalidad social y no se venden antes de que finalice
el período de calificación.
-
Establecimiento
de plazos de calificación más largos: es esencial que se
establezca un período de calificación definitiva adecuado
para que la vivienda protegida cumpla su función social durante
un tiempo determinado.
-
Incentivos fiscales
para mantener la vivienda protegida: se pueden establecer incentivos fiscales
para los propietarios de viviendas protegidas que las mantengan en régimen
de protección durante un período determinado.
-
Mayor dotación
de recursos para el mantenimiento y gestión del parque de vivienda
pública: es necesario que se dote de recursos suficientes para garantizar
un correcto mantenimiento y gestión del parque de vivienda pública.
-
Mayor colaboración
público-privada: se puede fomentar la colaboración entre
el sector público y el privado para garantizar una gestión
más eficiente del parque de vivienda pública y reducir su
coste. Fomentar la colaboración público privada mediante
el Build to Rent, para que la gestión del parque de vivienda pública
se gestionase externamente por profesionales especializados.
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