| Ismael Clemente,
consejero delegado de Merlin, admitió que para 2023 la compañía
volverá a sufrir una caída en las tasaciones inmobiliarias,
debido a la subida de los tipos de interés y el frenazo económico.
La compañía espera contar con un nuevo motor de crecimiento,
su nueva actividad de data centers, para el 2023.
La valoración
inmobiliaria es un proceso clave para las inmobiliarias patrimonialistas,
ya que de él depende en gran medida la rentabilidad y el valor de
sus activos. Un ejemplo de ello es la socimi Lar España, que en
2022 alcanzó un beneficio neto de 72,9 millones de euros, casi tres
veces más que el año anterior. Los ingresos totales crecieron
un 5,7%, mientras que la valoración independiente de sus 14 activos
aumentó en 46 millones de euros durante el primer semestre y en
3 millones de euros más durante el segundo semestre, completando
así una valoración final de 1.473 millones de euros, superior
en un 3,5% a la del año anterior.
Además,
la ocupación de los 550.391 metros cuadrados de superficie bruta
alquilable de la socimi se situó en el 96,6%, lo que representa
un aumento de 50 puntos básicos en comparación con el año
anterior. En cuanto a las ventas finales declaradas por sus inquilinos,
estas alcanzaron en 2022 los 1.051 millones de euros, la primera vez que
se superan los mil millones de euros en los nueve años de vida de
la socimi, con un crecimiento anual del 13,9% respecto a 2021 y del 10,6%
respecto a 2019.
José
Luis del Valle, presidente del Consejo de Administración de Lar
España, destacó la importancia de la combinación de
unos ingresos recurrentes y en ascenso, de una ocupación cercana
a máximos y de una buena estructura financiera, con vencimientos
a largo plazo y tipos fijos, que ha permitido a la compañía
redoblar su propuesta de dividendo y elevarlo un 66%, hasta 50 millones
de euros, si los accionistas así lo aprueban. Además, la
política de sostenibilidad de la compañía también
ha tenido un impacto positivo en sus resultados, ya que ha sido la primera
inmobiliaria cotizada en obtener el sello Reduzco, otorgado por el Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que
certifica el descenso acumulado de sus emisiones de carbono en los cuatro
años analizados.
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