• Protección total de los informantes
• Aplicación de sistemas internos de información para administraciones públicas y personas físicas o jurídicas del sector privado a partir de 50 empleados
• Establecimiento de sistemas que aseguren la confidencialidad, seguimiento, investigación y protección del informante
• Designación de un gestor del sistema para su correcto funcionamiento
• Información sobre los canales interno y externo de información
• Protección de datos personales
• Aplicación de un régimen sancionador

Determinadas entidades (entre otras, personas físicas o jurídicas con 50 trabajadores o más) tendrán la obligación de establecer un sistema interno de información que cumpla con una serie de requisitos, garantías y protección tanto al informante como a eventuales terceros. 

Actualmente, muchas organizaciones cuentan ya con canales de denuncia internos, si bien es probable que estos deban ser adaptados a las nuevas exigencias de la futura ley.

Por otro lado, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el pasado 1 de diciembre de 2022 entraron en vigor las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas inglesas) sobre políticas y procedimientos en relación con la gestión del cumplimiento y sobre el papel y las responsabilidades del responsable del cumplimiento de la PBC/FT con arreglo al artículo 8 y al capítulo VI de la Directiva (UE) 2015/849. Estas directrices serán de aplicación en España a partir de su adopción por parte del Banco de España, que prevé producirse a inicios del presente ejercicio 2023.

Las directrices de la EBA introducen nuevas figuras de PBC y FT en las entidades financieras o de crédito, algunas de ellas adicionales o diferentes a las ya existentes en los actuales modelos de prevención en España (Órgano de Administración, Representante ante el SEPBLAC, Órgano de Control Interno y Unidad Técnica).

Esta nueva estructura de prevención del blanqueo de capitales se asimila a los modelos de Compliance extendidos en estándares internacionales (Normas ISO, entre otras), que prevén funciones tanto del órgano de administración y la alta dirección, como de un órgano o responsable de cumplimiento encargado de la supervisión e implementación del modelo o sistema. 

Por tanto, las entidades financieras y de crédito correspondientes deberán adaptar sus actuales modelos de PBC y FT a las futuras exigencias derivadas de las directrices que adopte el Banco de España.