Junto a la modalidad pública, se permite la concertación parcelaria de carácter privado. Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos, tales como un número mínimo de agricultores involucrados y una superficie específica a consolidar. Los interesados deben formar una entidad con personalidad jurídica, que presente un plan de trabajo detallado para la concertación de sus fincas. Una vez aprobada la solicitud, se presentará un proyecto de concentración y, de ser necesario, un plan de obras. Estos proyectos pasan por un proceso de revisión y aprobación, y una vez finalizados, llevan a una reorganización obligatoria de las propiedades involucradas.

El proceso también contempla el sistema de permutas, permitiendo a los propietarios consolidar tierras a través de intercambios, siempre que cumplan con ciertas condiciones de superficie y porcentaje.

Para garantizar una ejecución adecuada, el departamento correspondiente puede establecer subvenciones que cubran gastos asociados al proceso, desde el otorgamiento de escrituras hasta inscripciones en el Registro de la Propiedad. Además, se otorgan beneficios fiscales para incentivar la participación en estas iniciativas.

Finalmente, una vez se ha completado todo el proceso de concentración, ya sea de carácter público o privado, el departamento competente procede a extender el acta de reorganización de la propiedad. Esta acta, acompañada de los respectivos títulos de concentración, se remite a la notaría pertinente para su oficialización y posterior registro.

Este marco legal refleja el compromiso de Aragón con la modernización agrícola, facilitando la gestión y optimización del patrimonio agrario y promoviendo una agricultura más sostenible y productiva.