Las medidas
más relevantes introducidas son las siguientes:
La planificación,
construcción y operación de plantas e instalaciones para
la producción de energía a partir de fuentes renovables y
su infraestructura de conexión a la red, así como los propios
activos de red y almacenamiento relacionados, se presumirán de interés
público superior. No obstante, los Estados miembros podrán
restringir zonas de su territorio en las que no sea posible la ejecución
de proyectos de energías renovables o con determinadas características.
El período
para otorgar permisos para la instalación de equipos de energía
solar y activos de almacenamiento de energía coubicados, incluidas
instalaciones solares integradas en edificios y equipos de energía
solar en la azotea, en estructuras artificiales existentes o futuras, excluyendo
áreas de cuerpos de agua y calor artificiales. bombas, será
en general de tres meses, sujeto a excepciones.
FLEXIBILIZACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
En los casos
de repotenciación de instalaciones energéticas, no será
necesario realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto,
sino únicamente de los impactos derivados de la repotenciación
respecto del proyecto original, y de los proyectos de repotenciación
de energía fotovoltaica que no superen el espacio original y que
cumplan con las correspondientes medidas ambientales correctivas, compensatorias
y preventivas establecidas para la instalación original estarán
exentos de cualquier procedimiento ambiental.
Además,
los Estados miembros podrán eximir del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental a los proyectos de energías renovables, así
como a los proyectos de almacenamiento y su infraestructura de eliminación,
siempre que el proyecto esté ubicado en una zona designada para
el despliegue de energías renovables o la zona haya sido objeto
de un Evaluación Ambiental Estratégica.
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