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Esta falta de gestión estratégica es en parte atribuible a los sucesivos gobiernos europeos en todos sus ámbitos: estatales, regionales y municipales. 

En este contexto, los desarrollos legislativos no han favorecido un enfoque global y una visión estratégica de los temas. La voluntad de desarrollar la atención domiciliaria se ha impuesto con razón como prioridad estratégica del sector. Este objetivo prioritario no exime a las autoridades de asegurar la gestión estratégica del sector del alojamiento institucional, más concretamente de las residencias de mayores.

Para asegurar esta gestión estratégica, las autoridades de control y fijación de precios disponen de varios instrumentos. La definición de planes territoriales es el primero de ellos (planes departamentales en materia de personas con discapacidad o pérdida de autonomía para los consejos departamentales, plan sectorial dentro del plan regional de salud teniendo en cuenta las necesidades en materia médico-social, programa de apoyo interdepartamental por discapacidad y pérdida de autonomía). Esta planificación permite determinar las prioridades de financiación y mapear la oferta disponible.

Junto a estos instrumentos globales, las administraciones disponen de otros más específicos destinados a orientar el funcionamiento de los establecimientos, como son la expedición de autorizaciones, la dotación de medios presupuestarios y la contractualización. El análisis del sector muestra que estos instrumentos no han permitido desarrollar una verdadera gestión estratégica.

El enfoque de las autoridades encargadas de cobrar siempre ha estado centrado en las instituciones. La constitución de grupos multigestores de residencias de mayores no ha sido realizada por las autoridades de control, mientras que el diálogo de gestión que acompaña a la contractualización y la asignación de créditos permanece en estado embrionario.

Al igual que ocurre con el ejercicio del control, las elecciones realizadas en materia de regulación tienen el efecto de dificultar el ejercicio de esta dirección estratégica. 

Las condiciones de financiación de las residencias de mayores ilustran esta situación. Las asignaciones presupuestarias se calculan en función del estado de salud de los residentes y las autoridades de control ya no son competentes para definir límites máximos de empleo.

Además, la preocupación por la simplificación que presidió la construcción del presupuesto y la normativa vigente, a partir de una visión por establecimiento, no permite responder de manera satisfactoria y estructurada a los desafíos del sector. Los cambios deben ser considerados volviendo a colocar los hogares de ancianos en una lógica del curso general de los ancianos.

Estos desarrollos van en la dirección de una relajación de las restricciones regulatorias para dejar un mayor margen de iniciativa a los establecimientos y así cumplir con las expectativas de los actores. 

Estos desarrollos no van acompañados de una reflexión suficientemente profunda sobre los métodos de gestión estratégica, sobre la adecuación de los medios e instrumentos necesarios para esta gestión.  

El tema de las residencias de ancianos ha sido "dejado de lado"; por lo tanto, es apropiado retomar este tema para asegurar su integración en una política global en línea con las necesidades que surgirán de los cambios demográficos en los próximos años.

Para el desarrollo de sus actividades, los establecimientos y servicios sociales y médico-sociales que trabajen con personas mayores, discapacitadas, infantiles o con dificultades sociales están sujetos a la obligación de obtener autorización administrativa de los servicios del Estado y/o asesoramiento general según la categoría del establecimiento o servicio. Este sistema de autorización debe lograr un equilibrio entre la posibilidad reconocida de que las autoridades de precios decidan sobre la pertinencia de los proyectos que se le presentan y el deseo de permitir a los actores la libertad de organización.

A la vista de la evolución del sector de la atención a las personas mayores, el desarrollo de soluciones residenciales y la necesidad de desarrollar itinerarios, parece imprescindible una evolución del sistema de autorizaciones. 

Debería estudiarse un nuevo sistema de autorización que permita la emisión de autorizaciones globales que favorezcan la organización de estos itinerarios (alojamiento permanente en residencias de mayores, alojamiento temporal, guardería, servicio de ayuda a domicilio). 

Este esquema de autorización podría tener en cuenta la variedad de ofertas en el sector y la pluralidad de actores. Sin pretender borrar las diferentes formas de organización existentes en el sector, se podría abrir una reflexión en profundidad sobre la conveniencia de un nuevo régimen de autorización.

Hay que lanzar una reflexión para que las normas de financiación animen a los establecimientos a invertir más en prevención. En este sentido, las modalidades de financiación deberían ajustarse para tener más en cuenta las necesidades relacionadas con la atención de los trastornos cognitivos y determinadas dotaciones deberían estar condicionadas a indicadores encargados de medir el despliegue de acciones preventivas.  

También deben revisarse las modalidades de financiación destinadas a promover la gestión de las necesidades de apoyo de los residentes. 

ESPAÑA

España cuenta con 4,3 plazas de residencia por cada 100 habitantes mayor de 65 años, una de las coberturas más bajas de Europa, y pese al envejecimiento creciente de la población desde el 2019 han crecido menos de un 1% y han bajado incluso en Navarra, Aragón, Baleares, Canarias y Extremadura por el cierre de centros. 

La realidad es que la falta de financiación pública ahoga a las residencias concertadas, que son la mayoría porque una gran parte de la población no puede financiar una plaza privada.

España cuenta con 384.251 plazas en residencias de la tercera edad, según los datos del CSIC, dos tercios de ellas públicas o con algún concierto con el sector público, y se necesitarían 134.000 más para alcanzar los niveles de cobertura europeos, según JLL.

La consultora señala que es posible tener plaza en una residencia privada en algunas comunidades a partir de los 1.700 euros mensuales. Sin embargo, para personas con dependencia, los precios alcanzan los 2.800 euros/mes en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. “Esa dificultad económica hace que solo personas con problemas de salud vayan a las residencias, lo que hace que los costes de los centros sean mayores, la operativa más compleja y las estancias de los residentes más cortas que en otros países europeos”, señala Juan Manuel Pardo, director del área de vivienda de la consultora JLL.

La cobertura de residencias de la tercera edad en España se sitúa por debajo de la ratio del 5%, es decir, cinco plazas por cada cien mayores de 64 años. El mercado español necesita 115 complejos adicionales, con un total de 13.700 plazas, a los ya proyectados para no aumentar el déficit de camas.

España necesita 115 nuevas residencias de mayores hasta 2025 para controlar el déficit El envejecimiento de la población augura un buen futuro a las residencias de la tercera edad. Las necesidades del mercado de residencias para la tercera edad se valoran a partir de la tasa de cobertura recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya ratio recomendada es de cinco plazas por cada cien personas mayores de 64 años. 

Las estimaciones de JLL indican que esta tasa se sitúa actualmente en el mercado español en el 4,18, siendo de las tasas más bajas en Europa. Las oportunidades se expanden por todo el mercado español, si bien se aprecia disparidad entre comunidades autónomas. Galicia, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia muestran una tasa de cobertura inferior al promedio nacional, entre un 2,4 y un 3,2. Por su parte, País Vasco, Cataluña y Madrid guardan mayor similitud con el promedio nacional, con ratios entre un 4,2 y un 4,4. 

Dado la actual ratio de cobertura a nivel nacional (4,18), se calcula que existiría un déficit de más de 110.400 camas solo para satisfacer la demanda actual. Además, esta demanda insatisfecha puede alcanzar las 130.000 camas en 2025. No obstante, teniendo en cuenta el incremento de demanda constante, para mantener la tasa de cobertura actual habría que desarrollar 13.700 plazas adicionales a las que ya están en el pipeline entre 2022 y 2025; es decir, se necesitaría aumentar los proyectos futuros en 115 residencias. 

Galicia, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia muestran una cobertura por debajo de la media La población de personas mayores de 64 años ha pasado de representar un 8% en 1950 a un 20% en la actualidad en España, y las previsiones son que siga aumentado, según se recoge en un estudio elaborado por JLL. 

Se calcula que hacia 2040, España puede convertirse en el país más longevo del mundo, superando a Japón, Suiza y Singapur, con una esperanza de vida de 85,8 años.

La tasa de dependencia en España se sitúa alrededor de un 30%, por debajo de la media europea. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que la dependencia podría alcanzar el 50% de la población en 2050, superando así el promedio europeo. 

La pensión media mensual en España se sitúa en 1.255 euros mensuales, aunque los jubilados en el País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra perciben pensiones más altas, de entre 1.400 euros y 1.600 euros mensuales. 

Adicionalmente, existe un cheque de dependencia que puede superar los 700 euros al mes. Finalmente, también se debe tener en cuenta que nueva de cada diez personas mayores de 64 años tienen una vivienda en propiedad. 

Las estimaciones de JLL son que en los principales mercados europeos sería necesario construir entre 1,2 millones y 1,8 millones de camas de atención sanitaria a personas mayores de acuerdo a la demanda actual y sin considerar el crecimiento previsto de la población.