Se alienta
a los Estados miembros que comercializan electricidad, en un espíritu
de solidaridad, a celebrar acuerdos bilaterales para compartir parte de
los ingresos inframarginales recaudados por el Estado productor en beneficio
de los usuarios finales en el Estado miembro con baja generación
de electricidad. Dichos acuerdos se concluirán a más tardar
el 1 de diciembre de 2022 cuando las importaciones netas de electricidad
de un Estado miembro desde un país vecino sean al menos del 100
%.
El comisionado
de Energía Kadri Simson dijo: “ Hoy estamos haciendo una intervención
de emergencia en el diseño de nuestro mercado de energía,
limitando los ingresos para los productores de electricidad de bajo coste
y permitiendo medidas excepcionales sobre la regulación de precios
para empresas y hogares. Esto permitirá a los Estados miembros recaudar
y redirigir los ingresos a quienes los necesitan en este momento difícil,
sin socavar el funcionamiento a largo plazo del mercado”.
Los precios
excepcionalmente altos que los productores de energía eólica
y solar reciben actualmente por la electricidad que producen superan sus
costes operativos, lo que da como resultado grandes beneficios. Sin embargo,
los inversores en energías renovables podrían acudir al arbitraje
internacional de inversiones.
La experiencia
de España en 2010-14 debería ser analizada por la Comisión
Europa.
En este caso,
la limitación de y la supuesta sobrecompensación de los inversiores
en energías renovables generaron laudos arbitrales que ordenaron
a España pagar cientos de millones de euros en daños.
En el diseño
de su paquete de crisis energética, la Comisión Europea debería
analizar el riesgo de arbitraje de inversiones si pasar por alto sus decisiones
pasadas para atraer inversiones en energías renovables bajas en
carbono.
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