El mayor reto iberoamericano en inteligencia artificial es establecer estándares procesables que sean adecuados para el propósito del sector público para implementar los principios de política de alto nivel que están siendo adoptados por los gobiernos. 

Los  Principios de IA  de la OCDE y los  Principios de buenas prácticas de la OCDE para la ética de los datos en el sector público son dos herramientas clave para acompañar a los gobiernos en tales esfuerzos. Estos aspectos deben incorporarse al diseño de las estrategias del sector público desde el principio, y deben aprovecharse para informar las decisiones de los líderes y profesionales por igual.

Según los Principios de IA de la OCDE  y la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, la rendición de cuentas es un elemento fundamental para el uso responsable de la IA en el sector público. Las tecnologías emergentes y los métodos de gobernanza, así como la creciente riqueza de datos disponibles, están dando como resultado un replanteamiento de la responsabilidad pública tradicional y los roles de estos actores.

El objetivo es garantizar que el desarrollo y la implementación de algoritmos en el sector público sean transparentes y responsables. Esta preocupación es fundamental para la Ley de IA de la UE, que se encuentra actualmente en discusión. 

Garantizar que aquellos que construyen, adquieren y usan algoritmos sean finalmente responsables de sus impactos.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) publicó  Inteligencia artificial: un marco de responsabilidad para agencias federales y otras entidades.

España ha creado una  Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial independiente.

El Reino Unido ha emitido uno de los primeros  estándares nacionales de transparencia algorítmica del mundo.

La Directiva de Canadá sobre la toma de decisiones automatizada requiere que las agencias que utilizan cualquier sistema que pueda generar decisiones automatizadas completen una  Evaluación de impacto algorítmica  en forma de cuestionario que calcula una puntuación de riesgo y prescribe qué acciones deben tomarse.

El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos (NCA) desarrolló un  marco de auditoría  para evaluar si los algoritmos cumplen con los criterios de calidad. El gobierno también desarrolló la   herramienta de Evaluación de Impacto de Algoritmos y Derechos Fundamentales

No obstante, al aplicar su marco, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos descubrió que seis de los nueve  algoritmos auditados  no cumplían con los requisitos básicos, lo que exponía al gobierno a importantes riesgos de seguridad y sesgo.

En el sector privado destacamos el caso de  CitizenLab, una start-up de govtech belga que utiliza IA para clasificar y analizar automáticamente miles de contribuciones recopiladas en plataformas de participación ciudadana. Los servidores públicos pueden entonces identificar fácilmente las prioridades de los ciudadanos y tomar decisiones en consecuencia.

Por último, destacar la  Directiva de Innovación en Contratación Pública de Chile  que ayuda a los servidores públicos a aprovechar enfoques más innovadores para la contratación pública y satisfacer las necesidades y demandas de nuevos productos y tecnologías.