“Por un lado,
necesitamos los presupuestos de inversión en materia de infraestructura
de transporte, en los que las empresas han confiado en los últimos
años ampliaron enormemente sus capacidades humanas.
Además,
debido a los aumentos masivos de precios y los cuellos de botella en el
suministro, se pueden realizar menos obras de construcción con los
fondos disponibles. A pesar de los enormes presupuestos, se construirán
menos edificios en el futuro. Entonces, si desea continuar con la renovación
de 4000 puentes en los próximos diez años, el gobierno federal
también debe disponer de más fondos para esto.
Lo mismo se
aplica a los programas de subsidios para la construcción sostenible
y las renovaciones energéticamente eficientes. Esto requiere un
programa de financiamiento coordinado ya largo plazo que también
esté equipado con los fondos apropiados. El caos de los subsidios
en la nueva construcción residencial ha inquietado tanto a los constructores
de viviendas privados como a los inversores comerciales. De esta forma,
no construiremos 400.000 apartamentos al año ni renovaremos el parque
de viviendas en la medida correspondiente".
Según
previsiones de la CE para 2022-2023, la inversión pública
en España será un 61% inferior a la media de las tres mayores
economías europeas, cuando es necesario invertir 243.000 M€
para cumplir los objetivos ya comprometidos de la Agenda 2030.
En España,
la subida de los precios de materiales es alarmante porque se viene
produciendo desde el segundo semestre del 2020. De hecho, SEOPAN ha expuesto
que el RDL 3/2022 de medidas excepcionales de revisión de precios
mitigará los efectos de dicho aumento solo parciamente, al omitir
la revisión del término de la energía y excluir a
la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021. El pasado
año, los precios se incrementaron: acero corrugado +21%, aluminio
+33%, cobre +22%, madera +32%, petróleo +46%, gasoil A +26%, electricidad
+ 584% y gas + 278%. Debido a que esta situación, lejos de resolverse,
se ha agravado en el primer trimestre de 2022, añaden que harán
falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados
a partir de 2021.
Además,
según los datos expuestos, el presupuesto no ejecutado por el Estado
se elevó, el año pasado, a 3.683 M€ de obras sin ejecutar
entre los dos grandes ministerios inversores y la contratación pública
por concesiones se mantiene prácticamente inexistente, con tan solo
490 millones de euros (M€) licitados en 2021 (-95% desde los máximos
de 2010). La licitación pública creció un + 68% en
2021 hasta alcanzar los 23.647 M€ (un +23,4% superior al nivel pre-COVID
de 2019, pero un -38,7% inferior al máximo de 2009) y la contratación
pública, por su parte, lo hizo en un + 67,4%, hasta alcanzar los
12.022 M€ (pero superando en apenas un +3,5% el nivel pre-COVID y
siendo un -60% inferior al máximo de 2009). Con relación
a las bajas en contratación pública, apuntan, el registro
sigue siendo alarmante, con un 19,2% de riesgo.
El objetivo
de los Fondos Europeos de recuperación es impulsar la recuperación
social y económica inherente a la crisis sanitaria y a la vez acelerar
el cumplimiento dicha agenda Agenda 2030, pero, matizan desde SEOPAN, no
es un plan de inversión pública y únicamente el 10%
del total de fondos consignados – el 24% de los fondos del MITMA y MITERD
– en los presupuestos generales del estado en 2021 y 2022 se destinan a
la creación de infraestructura de obra civil, siendo preciso impulsar
los mecanismos de colaboración público-privada para poder
acometer
El impulso
de los Fondos Europeos en la actividad nacional de 2022, podrá generar
una actividad adicional de 3.830 M€, equivalente al 3% de la producción
nacional, impulsada por la actividad de rehabilitación en edificación
residencial con 2.400 M€, la obra civil con 870 M€ y la edificación
no residencial con 560 M€.
Además,
según las últimas previsiones de inversión de la Comisión
Europea (CE) para 2022-2023, la inversión pública total prevista
en España en 2022/2023 será un 61% inferior a la media de
las 3 mayores economías europeas, resultando un -53%, -65% y -67%
menos que Italia, Alemania y Francia, respectivamente. En términos
de ratio inversor por habitante y superficie España ocupa de nuevo
la última posición del ranking inversor europeo, con 1.486
€ /km2 106 hab.
Las inversiones
más urgentes detectadas para cumplir la Agenda 2030 representan
más de 243.000 M€ repartidos en 23.825 M€ en Agua
y Medioambiente, que permitirían cerrar los expedientes de sanciones
abiertos por la CE en depuración y tratamiento de residuos, 58.322
M€ en infraestructuras de transporte para garantizar una movilidad
sostenible y segura, recuperar inversiones en infraestructuras de transporte
público, actuar en la red viaria convencional para reducir la fatalidad
e invertir en la red ferroviaria convencional y en estaciones de transporte
intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías.
Destacan también 134.118 M€ para cumplir los objetivos del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia
energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento
e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica,
21.400 M€ en infraestructuras de salud para reforzar la capacidad
de nuestro sistema hospitalario e igualar nuestra capacidad asistencial
al ratio medio de la OCDE y 6.000 M€ en creación de infraestructura
verde en entornos urbanos.
|