En España,
la okupación es un delito recogido en el Código Penal que
puede darse de dos formas: la usurpación de vivienda, como un delito
leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede
tener una pena de hasta cuatro años de cárcel. La diferencia
entre los dos radica en que en el allanamiento de morada se trata de una
vivienda habitada, sea como habitual o segunda residencia. Esta última
forma es minoritaria, la mayoría se producen como usurpación
de vivienda.
El PDeCAT ha
registrado una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos
para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el
objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la
comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y
que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.
El encargado
de presentar esta iniciativa en rueda de prensa ha sido el diputado Genís
Boadella, quien ha recordado que el 42% de las ocupaciones ilegales que
se registran en España tienen lugar en Cataluña y ha subrayado
la necesidad de buscar nuevas vías para ponerles coto.
En primer lugar,
el PDeCAT plantea modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación
ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar
el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o
un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.
Asimismo, abogan
por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades
de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo.
Con esta fórmula, ha explicado Boadella, se busca que los vecinos
puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos
abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la
vía penal.
El PDeCAT defiende
también la modificación del artículo 25.2 de la Ley
de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia
de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal,
de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.
"La ocupación
afecta al derecho a la propiedad, pero también a situaciones convivenciales
y los ayuntamientos necesitan instrumentos para poder afrontarlas", ha
señalado el diputado del PDeCAT.<<<El encargado de presentar
esta iniciativa en rueda de prensa ha sido el diputado Genís Boadella,
quien ha recordado que el 42% de las ocupaciones ilegales que se registran
en España tienen lugar en Cataluña y ha subrayado la necesidad
de buscar nuevas vías para ponerles coto.
En primer lugar,
el PDeCAT plantea modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación
ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar
el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o
un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.
Asimismo, abogan
por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades
de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo.
Con esta fórmula, ha explicado Boadella, se busca que los vecinos
puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos
abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la
vía penal.
El PDeCAT defiende
también la modificación del artículo 25.2 de la Ley
de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia
de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal,
de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.
“La ocupación
afecta al derecho a la propiedad, pero también a situaciones convivenciales
y los ayuntamientos necesitan instrumentos para poder afrontarlas”, ha
señalado el diputado del PDeCAT.
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