+ Formularios

«En un momento en que acelerar una transición hacia la energía limpia se ha vuelto más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus estados miembros inicien una retirada coordinada del TCE», dijo.

Eso convierte a España en el primer país en pedir públicamente una salida del tratado.

El ECT permite a las empresas demandar a los estados en tribunales cerrados por los ingresos que pierden debido a cambios en la política del gobierno. Eso ha llevado recientemente a juicios contra algunos países, incluidos los Países Bajos, por las políticas de eliminación del carbón.

Varios países, incluidos España y Francia, han pedido previamente a la Comisión Europea que prepare asesoramiento legal sobre la salida del pacto, que incluye una cláusula que significa que los países aún pueden ser demandados durante 20 años después de que se retiren.

Los miembros del tratado de 54 países se reunirán el viernes para concluir formalmente las conversaciones de reforma. Dos funcionarios de la UE le dijeron a POLITICO que la propuesta de la UE de eliminar gradualmente las protecciones de los combustibles fósiles durante 10 años sigue en discusión, aunque Japón se opone.

Alemania, Países Bajos, Polonia y España han dejado clara su frustración con los intentos de reformar el TCE, y han expresado recientemente sus dudas de que la UE pueda cumplir su mandato de acoplar ese tratado con las directrices del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Esos cuatro países han invitado a la Comisión Europea, que negocia en nombre de los 27 Estados miembros de la UE, a evaluar cómo podría iniciarse una “retirada coordinada”, respetando los procedimientos de la UE, y empezar a preparar «posibles escenarios de salida…)”, según revelan los cables filtrados.

Japón sigue siendo un obstáculo importante en las conversaciones y ha «dado pasos atrás en la definición de inversión y desarrollo sostenible», que son las piedras angulares legales de la arquitectura del tratado, según se afirma en los cables.

Junto con Azerbaiyán, Tokio también «se resiste a la referencia a los derechos de los trabajadores» en el tratado reformado y se opone a los cambios en la definición de «actividad económica», que es el aspecto más controvertido porque la UE pretende eliminar gradualmente la protección de las inversiones en combustibles fósiles.

Firmado en 1994 para proteger las inversiones transfronterizas en el sector energético, el Tratado sobre la Carta de la Energía ha sido objeto de crecientes críticas por parte de grupos ecologistas y gobiernos europeos, según los cuales obstaculiza los esfuerzos de los países por eliminar los combustibles fósiles.

El acuerdo es polémico porque permite a los inversores extranjeros solicitar una compensación financiera a los gobiernos si los cambios en la política energética afectan negativamente a sus inversiones. A modo de ejemplo, las empresas energéticas RWE y Uniper han utilizado el tratado para demandar al gobierno holandés por su plan de eliminación del carbón.

Las conversaciones para reformar el tratado se iniciaron en julio de 2020, pero hasta la fecha apenas han avanzado.

ESPAÑA Y FRANCIA ENCABEZAN EL RECHAZO

La reforma de la Carta es un asunto espinoso pues requiere la unanimidad de sus más de 50 signatarios, entre los que se encuentran casi todos los países de la UE, y la Unión Europea, en tanto que organización internacional.

Francia y España han sido los más firmes partidarios de una reforma radical y han pedido a los países de la UE que abandonen conjuntamente las negociaciones si no se producen avances para finales de 2022.

Pero aunque la última ronda de negociaciones fue algo más positiva que las anteriores, «las negociaciones también fueron difíciles y los avances fueron menores de lo que la Comisión Europea esperaba», dicen los cables filtrados.

El ejecutivo de la UE trata ahora de cerrar un compromiso bilateral con Japón que incluya un plazo de 15 años para la eliminación de las inversiones existentes.

Bruselas confía en que otras partes signatarias respeten estos acuerdos y lleguen a un acuerdo político el próximo 24 de junio, durante una Conferencia “ad hoc” sobre la Carta de la Energía en Bruselas. La Conferencia estará precedida el 23 de junio por una reunión de un día del Grupo de Modernización del Tratado, que podría limar los desacuerdos de última hora.