| Entre los
hitos destacados por la patronal de las grades concesionarias se encuentra
la ejecución de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo
de planificación 2022 – 2027 que alcanza los 26.418 millones de
euros en medidas estructurales (inversiones) y de gestión; 19.806
M€ de inversión en 1.047 actuaciones que superan los 5 M€/actuación.
De estas inversiones
previstas 7.724 millones de euros serán para obras titularidad
de la Administración General del Estado, el 39%, 7.328 M€
para obras de titularidad de las CCAA, el 37% y 4.754 M€ de titularidad
de entes locales, el 23%.
En lo que se
refiere al catálogo concesional sobre infraestructuras prioritarias,
Seopan ha identificado un conjunto de inversiones prioritarias que representan
cerca de 49.000 millones de euros de inversión inicial, con el rango
a considerar de tasa de descuento de proyecto antes de impuestos, ello
en función de la transferencia de riesgos a realizar al sector privado,
plazo de concesión, canon anual a soportar, en su caso, por el concedente
público, e ingresos extrapresupuestarios para las Administraciones
públicas vinculados al canon.
La patronal
ha puesto como ejemplo cómo implementar un plan de inversión
inicial de 6.600 millones de euros S/IVA mediante concesión para
promover proyectos de depuración y saneamiento con plazo medio de
25 años y tasa de descuento entre el 8% y 12%, implicaría
un canon anual medio para las Administraciones Públicas de 600 millones
de euros, que de acuerdo a la Directiva marco se deberá repercutir
íntegramente a sus usuarios.
Para ello proponen
al Gobierno la reactivación del modelo concesional en el que el
plazo máximo de cualquier concesión que supere los 5 años
de duración esté determinado por la LCSP por el periodo de
recuperación de la inversión, cuya tasa de descuento define
el RD 55/2017 como la tasa equivalente a la del rendimiento medio en el
mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años en los últimos
6 meses, incrementada en un diferencial de 200 puntos básicos.
Ello implica
utilizar una tasa equivalente al 2,70% muy inferior a la rentabilidad actual
del capital requerida por un inversor, que en España se sitúa
en el entorno del 7,4%, en línea a la de otras economías
desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Noruega, y ello a pesar
de que nuestra prima de riesgo de mercado es 100 pb superior a la de dichos
países.
Se ha elevado
al Gobierno una propuesta para modificar el cálculo de dicha tasa
de descuento que debe estar referida a la tasa libre de riesgo a 30 años
en lugar de a 10 al tratarse de modelos de inversión que operan
en el largo plazo e incorporar un diferencial equivalente a la prima de
mercado de España, que se debería actualizar periódicamente,
en sustitución del diferencial de 200 pb recogido en el RD 55/2017.
SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN ENTRE LAS INVERSIONES PRIORITARIAS PARA EL SECTOR
Seopan ha elaborado
un informe para la Administración en el que identifica las inversiones
más urgentes detectadas para cumplir la Agenda 2030, que representan
más de 243.000 millones de euros repartidos en 23.825 millones
de euros en Agua y Medioambiente, que permitirían cerrar los expedientes
de sanciones abiertos por la CE en depuración y tratamiento de residuos,
58.322 millones de euros en infraestructuras de transporte para garantizar
una movilidad sostenible y segura, recuperar inversiones en infraestructuras
de transporte público, actuar en la red viaria convencional para
reducir la fatalidad e invertir en la red ferroviaria convencional y en
estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario
de mercancías.
Destacan también
134.118 millones de euros para cumplir los objetivos del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia energética,
energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura
de recarga para garantizar la movilidad eléctrica, 21.400 millones
de euros en infraestructuras de salud para reforzar la capacidad de nuestro
sistema hospitalario e igualar nuestra capacidad asistencial al ratio medio
de la OCDE y 6.000 millones de euros en creación de infraestructura
verde en entornos urbanos.
«Las
subvenciones enfocadas a la creación de infraestructura por valor
de 1.802 millones de euros en materia de depuración, saneamiento,
reutilización, inundaciones y protección costa son insuficientes
para garantizar el cumplimiento del tercer ciclo de planificación
hidrológica»
En lo que se
refiere a las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas
el informe de Seopan valora las inversiones previstas por el Ministerio
de transición Ecológica en el marco del Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia, concretamente las previstas en el componente
5 de Preservación del litoral y recursos hídricos que incorpora
varias componentes con subvenciones enfocadas a la creación de infraestructura
por valor de 1.802 millones de euros en materia de depuración, saneamiento,
reutilización, inundaciones y protección costa, siendo insuficientes
para garantizar el cumplimiento del tercer ciclo de planificación
hidrológica que prevé más de 26.000 millones de euros
de inversiones en 2022/2027.
Núñez
ha insistido en que esta inversión insuficiente supone que se estaría
confiando en los fondos de cohesión del nuevo plan plurianual para
resolver el déficit inversor, renunciando con ello a la inmediatez
del PRTR y subvenciones.
Igualmente
considera insuficientes las subvenciones para cubrir el gap inversor en
infraestructuras de Plantas de tratamiento Mecánico Biológico
(1.304 M€) y de Valorización Energética (5.218 M€)
y cumplir la Directiva de tratamiento de residuos las previstas en el componente
12 de Política Industrial España 2030 Economía circular.
DECLARACIONES
Julián
Núñez, presidente de SEOPAN, ha destacado que teniendo en
cuenta las previsiones de inversión de la CE para 2022-2023 se sigue
ampliando la brecha inversora de España que lidera por la cola el
ranking de la inversión pública total prevista en la UE,
que en España en 2022/2023 es un 61% inferior a la media de las
tres mayores economías europeas, resultando un -53%, -65% y -67%
inferior a la Italia, Alemania y Francia respectivamente.
En términos
de ratio inversor por habitante y superficie se obtiene para España
1.486 €/km2 y habitante, siendo el único estado miembro que
obtiene una variación de inversión pública media anual
negativa comparando las previsiones actuales con respecto a la media registrada
en 1995-2021 .
En términos
de ratio, la inversión pública española prevista en
2022/2023 es un 26.2%, 38.8% y 44,0% inferior a la prevista en Francia,
Alemania e Italia respectivamente.
Núñez
ha mostrado la preocupación del sector por el imparable aumento
del coste de las principales materias primas de las constructoras, de manera
que las previsiones en actividad de construcción para 2022 sin considerar
desabastecimiento de materiales y partiendo de la estadística de
producción en construcción nacional (demanda pública
y privada) por subsectores de actividad (obra civil, edificación
residencial y no residencial), se obtiene una previsión de incremento
de actividad en 2022 del 3,9%.
Un mes de paralización
por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción
anual del -3,8% de la actividad de 2021
Esta previsión
es un 49% inferior a la del consenso económico nacional, demasiado
optimista si se tienen en cuenta los plazos de inicio de actividad de la
obra licitada y no contratada en 2021, y que muchos programas de fondos,
a la fecha actual no tienen realizadas las convocatorias de 2021.
En caso de
no adoptarse medidas que permitan la restitución de las condiciones
de mercado para el suministro de materiales de construcción, dos
semanas de paralización de la actividad por desabastecimiento implicarían
la pérdida del crecimiento sectorial previsto para 2022. A partir
de la tercera semana de desabastecimiento se produciría una reducción
de actividad equivalente a 2.385 M€/semana. Un mes de paralización
por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción
anual del -3,8% de la actividad de 2021.
En este sentido,
Núñez ha explicado que el alza de precios de 2021 y este
primer trimestre de 2022 no tiene precedentes: el acero corrugado subió
un 21%; el aluminio lo hizo un 33%; el cobre ascendió un 22%; la
madera se encareció un 32%; el petróleo, un 46%; el gasoil
A subió un 26%; la electricidad de disparó un 584%, y el
gas, un 278%.
El presidente
de Seopan también se ha referido a la necesidad de ampliar el mecanismo
de revisión de precios en contratos de obra pública, incluido
en el Real Decreto ley 3/2022 que será convalidado hoy en el Congreso.
La medida de reequilibrio por el alza del precio de los materiales de construcción
solo afecta a sobrecostes en 2021, por lo que no contempla proyectos licitados
el año pasado ni las desviaciones que se producen en este arranque
de 2022.
FONDOS EUROPEOS
E INFRAESTRUCTURAS
El objetivo
de los Fondos Europeos de recuperación es impulsar la recuperación
social y económica inherente a la crisis sanitaria y a la vez acelerar
el cumplimiento de dicha Agenda 2030, pero, matizan desde Seopan, no es
un plan de inversión pública y únicamente el 10% del
total de fondos consignados (el 24% de los fondos del MITMA y MITERD) en
los presupuestos generales del estado en 2021 y 2022 se destinan a la creación
de infraestructura de obra civil, siendo preciso impulsar los mecanismos
de colaboración público-privada para poder acometer los proyectos
prioritarios que nuestro país necesita.
El impulso
de los Fondos Europeos en la actividad nacional de 2022, podrá generar
una actividad adicional de 3.830 M€, equivalente al 3% de la producción
nacional, impulsada por la actividad de rehabilitación en edificación
residencial con 2.400 M€, la obra civil con 870 M€ y la edificación
no residencial con 560 M€.
MEDIDAS ANTE
LA ESCALADA DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
La Asociación
de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan)
reclama medidas adicionales para mitigar los efectos de la escalada de
precios de los materiales de construcción que en las últimas
semanas ha derivado en una ruptura del mercado por la ralentización
y paralización de producción de la industria siderúrgica
y cementera. Un escenario que en caso de no resolverse anticipa un periodo
de desabastecimiento de los materiales más comunes de la construcción
que representan 23.000 millones de euros de coste sectorial nacional, el
50% del total de suministros: el acero (11.025 millones), cemento (5.644
millones), aluminio (2.543 millones) , cobre (1.714 millones), bituminosos
(1.424 millones) y gasoil A (654 millones).
Para Seopan,
el Real Decreto-ley 3/2022 de medidas excepcionales de revisión
de precios en las obras "mitigará los efectos de dicho aumento solo
parciamente, al omitir la revisión del término de la energía
y excluir a la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021".
El pasado año, los precios del acero corrugado subieron el 21%,
del aluminio el 33%, del cobre el 22%, de la madera el 32%, del petróleo
el 46%, del gasoil A el 26%, de la electricidad el 584% y del gas el 278%.
"Debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado
en el primer trimestre de 2022", la patronal de las grandes constructoras
considera que "harán falta medidas adicionales para incorporar a
los contratos formalizados a partir de 2021".
Ante la escalada
de los precios, "resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta
sin garantía del mantenimiento de los mismos", advierte la organización
que preside Julián Núñez. Por ello, "la Administración
podría plantearse la conveniencia de prorrogar las fechas programadas
de presentación de ofertas hasta que el mercado recupere la normalidad".
En otro caso, "se verá en la situación de contratar a los
precios máximos de la actual coyuntura y sin seguridad sobre la
viabilidad de la ejecución de los contratos". Asimismo, para garantizar
la actividad y ejecución de los contratos adjudicados y en ejecución
no afectados por el RD-ley 3/2022 Seopan aboga por adoptar con urgencia
una norma complementaria con rango legal que permita a los contratos en
vigor en 2022 ser objeto de la revisión excepcional y sin excluir
el término de la energía. Además, para los contratos
futuros a licitar en 2022 y siguientes, la patronal reclama que que incorporen
obligatoriamente clausulas de revisión de precios de acuerdo al
Art. 103 de la Ley de Contratos del Sector Público sin incluir franquicias
de grado de obra ejecutada ni temporal.
OBRAS SIN EJECUTAR
POR 3.683 MILLONES
El presupuesto
no ejecutado por el Estado se elevó en 2021 a 3.683 millones de
euros de obras sin ejecutar entre los dos grandes ministerios inversores
y la contratación pública por concesiones alcanzó
490 millones de euros. La licitación pública creció
un 68%, hasta 23.647 millones (un 23,4% más que en 2019) y la contratación
pública lo hizo un 67,4%, hasta 12.022 millones, lo que representa
un 3,5% más que hace dos años, antes de la pandemia.
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