De acuerdo
con la norma aprobada por el Gobierno este martes, de manera excepcional,
en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados,
adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector
público estatal y que se encuentren en ejecución coincidiendo
con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, con independencia del
régimen jurídico que por razón temporal o de la materia
se aplique al contrato, se reconocerá al contratista la posibilidad
de una revisión excepcional de precios.
Ello será
así siempre que el incremento del coste de los materiales empleados
para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la
economía del contrato durante el ejercicio 2021.
De esta manera,
se considerará que existe ese impacto cuando el incremento del coste
de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, calculado
aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021
su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y en su
defecto aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda
de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda
del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.
La cuantía
de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del
precio de adjudicación del contrato.
Reconocimiento
a todos los contratos públicos
La revisión
afecta a los contratos de obras en los que no se contemplaron sistemas
de revisión de precios y también a aquellos contratos que
sí incorporaron en sus Pliegos cláusulas de revisión,
en relación con los períodos en los que dicha revisión
aún no sería posible por no haberse ejecutado el 20 por cien
del contrato o haber transcurrido menos de dos años desde su formalización
(requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público).
Esta norma
también será aplicable en el ámbito de las Comunidades
Autónomas y Ciudades Autónomas que así lo acuerden.
Solicitud
del contratista
El órgano
de contratación será el competente para aprobar la revisión
excepcional de precios, si procede, previa solicitud del contratista, que
deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar, bien desde
la entrada en vigor del Real Decreto-ley, bien desde la publicación
de los índices de mensuales de los precios de los componentes básicos
de costes, relativos al último trimestre de 2021, si esta publicación
fuera posterior.
La solicitud
irá acompañada de la documentación necesaria que acredite
que se cumplen las condiciones para la revisión del contrato. Y
el órgano de contratación deberá comprobar que se
reúnen las circunstancias establecidas.
La cuantía
resultante de la revisión excepcional se aplicará en la certificación
final de la obra, como partida adicional, en función de la variación,
al alza o a la baja que hayan experimentado los precios cada año,
ajustándose así al principio de simetría de la legislación
sobre desindexación. Aunque el órgano de contratación
estará facultado para realizar pagos a cuenta por el importe de
la revisión calculada a la fecha de pago de cada certificación
de obra.
De la misma
manera, el contratista que perciba la cantidad resultante de esta revisión
excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte que le
corresponda por la porción de obra subcontratada.
Entre los elementos
del contrato potencialmente revisables por este procedimiento excepcional
no se incluye el precio de la energía, ya que el Gobierno ya ha
adoptado importantes medidas para amortiguar el impacto de la subida de
los precios mayoristas de la electricidad en la factura de hogares y empresas,
como la rebaja del IVA o del Impuesto Especial sobre la Electricidad, así
como la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción
de Energía Eléctrica. Además, el Ejecutivo ha tomado
medidas para la protección de los consumidores y la introducción
de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad
y gas natural; así como para fomentar la movilidad eléctrica,
el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
CRÍTICAS
DEL SECTOR
Según
la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis
de las materias primas ya ha provocado la paralización de casi 500
obras por un valor conjunto de 230 millones de euros en España.
La patronal
advierte de que esto puede poner en peligro la recuperación económica
del país, ya que entre los proyectos que han quedado desiertos aparecen
obras de centros educativos, carreteras, viaductos, líneas de alta
velocidad o museos, entre otras.
Aunque el Decreto
incluye materiales bituminosos, aluminio o cobre, deja fuera otros costes
y limita su alcance a las certificaciones a partir del 1 de enero de 2021.
Por lo tanto, deja al margen subidas anteriores.
Este borrador
incluye, también, el límite temporal de las revisiones. De
esta forma, quedan excluidas las subidas registradas en 2020 lo que Pedro
Fernández Alén, presidente de CNC ha calificado de “problemas
para muchas empresas del sector”.
Las subidas
de precio más significativas han sido la del acero y el petróleo,
si bien la madera y los metales también han experimentado un incremento
muy importante. Es una situación muy complicada y que, por lo que
apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.
El INE publica
los índices de precios de materiales e índices nacionales
de la mano de obra que reflejan, al alza o a la baja, las variaciones reales
de los precios de la observadas en el mercado. Estos índices, finalmente,
constituyen los componentes que intervienen en las fórmulas tipo
para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones
Públicas, según el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre,
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Puesto que
los índices de precios oficiales sólo están disponibles
para el primer trimestre de 2021, para poder hacer una estimación
de la situación durante el año, se ha utilizado la evolución
mensual de los precios de las principales materias primas, publicados en
webs de referencia de ámbito global.
Según
CEACOP, la patronal de la construcción de Andalucía, la solución
que propone el Gobierno no resuelve el problema "grave" para las pequeñas
y medianas empresas
La patronal
de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana
Chocano ha manifestado al periódico Diario de Sevilla “su preocupación
y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto
Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio
económico en los contratos firmados tras la escalada de precios
de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que
esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que
se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución
de tirantes
En opinión
de la asociación, la solución que propone el Gobierno no
resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas
empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España
tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la
mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las
grandes obras de ferrocarriles”.
El borrador
no considera en la compensación el aumento del precio de la energía.
Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022
y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior,
por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también
por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021
no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en
el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar
esta compensación.
CEACOP manifiesta
también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos
firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara
su situación.
La patronal
andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento
e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación
de materiales.
Para CEACOP,
el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan
a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto,
no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo
a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román,
y añade que si no se pone pronto una solución real, “las
obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas.
Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras
necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores
pueden perder sus empleos”.
“Y esto en
un sector tractor de la economía de la región. La construcción
es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso
durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.
|
