| A pesar de
que aumentó la propiedad de viviendas y la riqueza de algunos inquilinos,
el derecho a comprar fue el detonante para acabar con gran parte del entonces
vasto sistema de viviendas de propiedad pública del Reino Unido.
Además
de obligar a los ayuntamientos a vender pisos a los inquilinos después
de tres años de ocupación, Right to Buy también impedía
que los ayuntamientos utilizaran los fondos para construir nuevas viviendas.
Hoy, más de 1 millón de familias están en listas de
espera para vivienda y menos del 5% de los británicos ahora viven
en viviendas públicas.
La historia
de Gran Bretaña con la vivienda pública no está libre
de fallos, y algunos edificios han sido descuidados y en mal estado. En
2017, la Torre Grenfell de 24 pisos se incendió, matando a más
de 70 personas.
Pero a día
de hoy, Londres está experimentando un crecimiento espectacular
que está ampliando la desigualdad económica. A medida que
el Reino Unido se ha movido hacia un sistema de vivienda en gran parte
del sector privado, Londres enfrenta cada vez más algunos de los
mismos desafíos que las ciudades estadounidenses en las que apenas
hay vivienda social. Los precios promedio de las viviendas casi se han
duplicado en la última década y el acceso a la vivienda es
imposible en una de las ciudades más caras del mundo.
En Inglaterra,
hay una historia reciente en la que basarse: durante la era de la posguerra,
muchos distritos emplearon sus propios "arquitectos del ayuntamiento" e
incluso se jactaron de tener ingenieros y equipos de construcción
internos. En su apogeo en la década de 1950, el Departamento de
Arquitectos del Consejo del Condado de Londres empleó a más
de 1.500 arquitectos. A menudo se afirma que ha sido la firma de arquitectura
pública más grande del mundo.
Se acabó
con esto por la burocracia. Los ayuntamientos tenían el suelo, pero
la administración pública no era tan eficiente y económica
como los promotores privados. Dejando la promoción en manos privadas,
los ayuntamientos sólo tenían que preocuparse de recaudar.
Con gran parte
de su parque de viviendas privatizado, los gobiernos posteriores a Thatcher,
tanto laboristas como conservadores, han optado por exigir a los promotores
inmobiliarios privados que incluyan un porcentaje de unidades. Estas políticas
obligatorias de vivienda asequible, generalmente son consideradas por los
progresistas en Londres como una tímida medida a medias que no compensa
la desaparición de los pisos de viviendas sociales.
Los críticos
sostienen que la dependencia de los sucesivos gobiernos de los promotores
inmobiliarios del sector privado ha llevado a Londres a una escasez crónica
de viviendas.
En los últimos
años, los consejos locales en distritos como Camden, Hackney y Croydon
han intentado reiniciar la construcción pública asociándose
con promotores inmobiliarios para construir proyectos que incluyen una
combinación de pisos para vender en el mercado privado y unidades
públicas para alquilar a tarifas sociales a los que están
en largas listas de espera.
Escocia y Gales
han abolido la política de "Derecho a comprar". En 2018, la entonces
primera ministra conservadora Theresa May derogó una regla de la
era Thatcher que limita lo que los ayuntamientos pueden gastar en el desarrollo
de nuevas viviendas.
Actualmente,
el Build to Rent combinado con la colaboración público privada
está mejorando considerablemente el acceso a la vivienda británica
con rentas sociales o limitadas.
Este sistema
de colaboración público privada de vivienda social es el
gran reto de la futura normativa de vivienda. Hay muchos ayuntamientos
en España, casi 8.000, pero la mayoría son pequeños
y carecen de medios para promover vivienda. El papel autonómico
es fundamental, pero las competencias están en los ayuntamientos.
Por otro lado,
en España falta el empuje de entidades sociales, como los sindicatos,
que son los grandes promotores de vivienda social en Austria. Tampoco las
cooperativas de vivienda tienen el empuje que en otros países.
Quizás
la vivienda social debería recibir más fondos públicos
(europeos) que no un proceso de rehabilitación edificatoria que
en algunos casos no tiene justificación por tratarse de infraviviendas
que deberían ser reconstruidas en su totalidad.
En todo caso,
para que la ley de vivienda sea creíble hay que poner sobre la mesa
una memoria económica y una relación de suelos disponibles
que justifiquen la normativa de vivienda. Hay leyes que sólo se
explican con números y ésta es una de ellas.
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