• Gerente de costes de construcción. 

También será aplicable en el ámbito de las comunidades autónomas y ciudades autónomas que así lo acuerden.

La revisión de precios en los contratos de obra viene recogida en la Ley de Contratos del Sector Público y es aplicable cuando se haya ejecutado al menos en un 20% de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización. 

En este caso, el Decreto permitirá con carácter excepcional el reequilibrio cuando no se incorpore explícitamente en el contrato ni cuando se hayan cumplido dichas premisas. 

La revisión de precios queda limitada a aquellos contratos de obra en los que el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021 su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, considerado individualmente o en su conjunto, exceda del 8% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021. 

El sector se opone a la existencia de un umbral para acceder a las compensaciones. Con el límite del 8% se quedarán muchas obras fuera y se oponen a que tenga que haber un mínimo de entrada cuando ya se te ha descontado la energía.

El Decreto establece que el pago de la compensación estará supeditado a que el contratista desista de cualquier reclamación administrativa o judicial por el alza del coste de los materiales. Asimismo, cuando se admita la revisión, el órgano contratante deberá aprobar un nuevo programa de trabajo adaptado a las circunstancias actuales de la obra, de obligado cumplimiento por parte del contratista con multas asociadas en caso de no hacerlo.

Será el contratista principal el que pueda acceder a este mecanismo excepcional de reequilibrio de los contratos y el que deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que éste no tendrá acción directa frente a la Administración.

Limitará Al 20% Del Presupuesto Cualquier Posible Compensación.

Según el Decreto, este límite no se tendrá en cuenta en los contratos en los que se pacte cualquier otra cifra, en todo caso normalmente limitada al 50% que marca la ley.

Para acogerse a esta compensación, la empresa contratista que actualmente esté ejecutando una obra pública tendrá un plazo de dos meses pasa solicitarla, ante el órgano de contratación competente en todas las comunidades autónomas que apliquen el decreto.

El alza del presupuesto se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.

En concreto, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de un porcentaje todavía por determinar, siempre teniendo en cuenta el ejercicio 2021.

El contratista que perciba la cuantía resultante de esta revisión excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que estos últimos no tendrán acción directa frente a la Administración.

ADIS

Algunos organismos públicos, principalmente Adif, el mayor licitador de obra pública, ya está introduciendo cláusulas de revisión de precios con esta misma finalidad, evitar que las obras queden paralizadas y los proyectos, en los que se invierten grandes cantidades de dinero público, acaben por abandonarse.

CRÍTICAS DEL SECTOR

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis de las materias primas ya ha provocado la paralización de casi 500 obras por un valor conjunto de 230 millones de euros en España.

La patronal advierte de que esto puede poner en peligro la recuperación económica del país, ya que entre los proyectos que han quedado desiertos aparecen obras de centros educativos, carreteras, viaductos, líneas de alta velocidad o museos, entre otras.

Aunque el Decreto incluye materiales bituminosos, aluminio o cobre, deja fuera otros costes y limita su alcance a las certificaciones a partir del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, deja al margen subidas anteriores. 

Este borrador incluye, también, el límite temporal de las revisiones. De esta forma, quedan excluidas las subidas registradas en 2020 lo que Pedro Fernández Alén, presidente de CNC ha calificado de “problemas para muchas empresas del sector”.

Las subidas de precio más significativas han sido la del acero y el petróleo, si bien la madera y los metales también han experimentado un incremento muy importante. Es una situación muy complicada y que, por lo que apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.

El INE publica los índices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra que reflejan, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la observadas en el mercado. Estos índices, finalmente, constituyen los componentes que intervienen en las fórmulas tipo para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas, según el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Puesto que los índices de precios oficiales sólo están disponibles para el primer trimestre de 2021, para poder hacer una estimación de la situación durante el año, se ha utilizado la evolución mensual de los precios de las principales materias primas, publicados en webs de referencia de ámbito global.

Según CEACOP, la patronal de la construcción de Andalucía, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema "grave" para las pequeñas y medianas empresas 

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado al periódico Diario de Sevilla “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.