El debate
ha comenzado abordando la problemática de la revisión de
precios. Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de
Constructores Independientes (ANCI), ha explicado que “el índice
de costes de materiales de construcción que elabora el Ministerio
de Transportes marca que el incremento en el último año y
medio es similar al aumento acumulado de los últimos 20 años”.
Ante esta escalada
de precios iniciada en octubre de 2020 Mariano Sanz, secretario general
de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha
afirmado que los reales decretos 3/2022, 6/2022 y 14/2022 para regular
los sobrecostes en las licitaciones “no sirven para nada y la realidad
es que ninguna obra a día de hoy ha logrado cobrar ningún
sobrecoste”. Además, ha advertido de que hay “varios cientos de
obras cuya licitación está quedando desiertas”.
También
se ha referido a los reales decretos María Moreno López de
Ayala, directora de Construcción de la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN). Moreno ha
explicado que “son una herramienta fundamental para compensar el incremento
de precio de las materias primas, aunque todavía es necesario perfeccionarla”
y ha señalado que “falta voluntad para su aplicación efectiva”.
También ha reclamado que se “incluya el precio de la energía
y la mano de obra tanto en contratos de obras como de servicios de infraestructuras”
que no contempla la herramienta de cálculo de los sobreprecios de
los contratos.
Pablo Saez
Villar, Presidente de la Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha asegurado que “los reales
decreto no revisan, desgraciadamente, los contratos de servicios de conservación
de infraestructuras y el sector que lo sustenta se encuentra ignorado y
discriminado del que depende la seguridad y bienestar de los ciudadanos”.
Además, añadió que esta legislación “está
impidiendo a administraciones autonómicas resolver el problema de
la resolución de contratos de servicios de forma racional y coherente,
lo que perjudica a un sector que realiza un servicio público”.
El presidente
de la AICCPIC y del Instituto de la Ingeniería, José Trigueros,
ha afirmado que “con los 70 millones de euros previstos que va a recibir
España de los Fondos Next Generation se podría financiar
la revisión de los precios de los materiales”. Además, ha
criticado que “la mayoría de los dirigentes políticos ignoran
la voz de la sociedad civil, y sobre todo, la voz técnica. También
lamentó que “ante el esfuerzo que representa crear un Real Decreto
es una lástima que no se escuche al sector para poder aplicarlo
bien”.
En su intervención
telemática en la sesión, César Luaces Frandes, presidente
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA),
ha explicado que “los costes de energía eléctrica en la producción
de áridos han aumentado un 165%, los del combustible un 115% y los
de los explosivos un 58%. En total, aseguró, “los costes de producción
de áridos han incrementado un 58%” de promedio.
PROPUESTAS
Luaces, presidente
de Anefa, también recomendó que los reales decretos “permitan
hacer un ajuste y necesaria revisión de precios de los materiales
tanto para suministros directos de las obras como si provienen de otros
agentes que participan en la construcción”.
En el segundo
bloque del debate se plantearon otras propuestas de mejora como la de María
Moreno que pidió al Gobierno que “no se pongan trabas cuando se
solicite la revisión de los precios y que se publiquen los índices
con más celeridad”.
En esta línea,
Mariano Sanz centró las peticiones para resolver la actualización
de precios en ”abrir la posibilidad de elaborar un cuarto Real Decreto”.
En su opinión esa nueva norma debería contemplar “que elimine
el umbral del 5%, que compense el desorbitado precio de la energía,
que se introduzcan en los cálculos de precios del umbral otros materiales
y que se incluyan en el decreto aquellas obras que hayan estado en ejecución
en 2021”. Además, todos los participantes coincidían en que
ese nuevo decreto debería incluir “que aplique el silencio administrativo
positivo, que autorice el planteamiento de modificados técnicos
manteniendo el mismo precio sin rebajar la calidad, que elimine el valor
máximo de compensación del 20%”, y finalmente, que “incluyan
los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras
así como los contratos de suministro”.
Pablo Sáez
compartió estas peticiones “por apoyar a un sector que es vital
no solo para la economía sino también para la competitividad”.
Por su parte
Concha Santos, destacó que “en una situación inflacionaria
las empresas están financiando las obras y asumiendo unos riesgos
en las licitaciones que les pone en una situación muy complicada”
por eso comentó que “si tenemos la herramienta hay que adaptarla
a la situación para que funcione bien”.
La moderadora
del debate, Almudena Leal, vocal de la AICCPIC, apuntó como propuesta
la “necesidad de exigir un plazo para que se cumplan las peticiones del
sector” así como la importancia de “la colaboración entre
los ministerios inversores”.
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