| En la valoración
europea del pasado año a los borradores de presupuestos españoles
2022 ya se trató el tema de la inversión financiada por los
fondos comunitarios, pues las medidas financiadas directamente por el gobierno
español son las más bajas de toda la Unión, sólo
por detrás de Finlandia.
El informe
comunitario sobre el Presupuesto reiteraba que España forma parte
del grupo de economías con claros desequilibrios macroeconómicos
que habrían de corregirse a partir del 2023 en adelante, cuando
vuelva el Pacto de Estabilidad.
En la valoración
europea de los presupuestos españoles de 2023 se traerán
a colación los préstamos contemplados en el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, de los que España solicitará
de forma inminente 70.000 millones de euros, según el comisario
Paolo Gentiloni.
Según
los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados
por la Intervención General de la Administración del Estado
a 30 de abril de 2022, “España sólo habría ejecutado
pagos por importe de 1.587 millones de euros del total de 28.025 millones
de euros de dotaciones definitivas, es decir, durante el primer trimestre
del año sólo se ha ejecutado el 5,66% del importe total presupuestado".
El cotejo de
las estadísticas de la UE y de las más recientes de la Intervención
General del Estado señala que, hasta el momento, el volumen de fondos
realmente ejecutados se sitúa en el entorno de los 6.900 millones
entre 2021 (2.400 millones) y los siete primeros meses de este año
(4.500 millones más).
El director
general de Fondos Europeos de la Comisión Europea, Marc Lemaître,
ya expresó su preocupación por el retraso de España
en la presentación del Acuerdo de Asociación y el envío
de los programas. Varios medios han anunciado que el Gobierno español
había dejado sin utilizar el 35% de estos fondos, y el grupo popular
europeo ha preguntado a la Comisión si estos los fondos estaban
"siendo utilizados eficientemente".
LOS DATOS
El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España
(el Plan), aprobado por la Comisión Europea en junio, movilizará
hasta 140.000 millones de euros de fondos.
España
se encuentra actualmente en proceso de ejecución del primer tramo,
por importe de 69.530 millones de euros, transferencias del Fondo de Recuperación
y Resiliencia (RRF). Si bien la ejecución de las inversiones contempladas
en el Plan durará hasta 2026, el 70% de los fondos del RRF deben
estar comprometidos en 2021-2023. Eso significa que quedan poco más
de dos años para que se materialicen compromisos muy ambiciosos.
El Gobierno
empezó 2022 con un remanente importante de fondos que no se ejecutaron
en 2021 y estaban presupuestados: unos 2.600 millones que se quedaron sin
autorizar en 2021 y 14.435 millones autorizados el pasado año pero
de los que no se llegaron a cerrar o lanzar las convocatorias. Por esa
razón, el Gobierno se comprometió a movilizar en el primer
semestre de este año 38.500 millones, de los cuales el 43% se arrastraban
de 2021.
Se estima que
parte de los 26.900 millones de fondos europeos presupuestados para 2022
volverán a quedarse sin gastar este año, precisamente, porque
el Gobierno tiene que hacer uso de los remanentes.
Por lo que
respecta a la construcción, el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana recibió hasta el 31 de julio, 1.285 millones de
los cuales se transfirieron 500 millones de fondos europeos al programa
de construcción de viviendas de alquiler social, 400 millones al
plan de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos
y 330 millones a proyectos de líneas ferroviarias de alta velocidad
(AVE).
LOS EXPERTOS
El think tank
español FEDEA publicó un informe llamado "Seguimiento de
las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y Resiliencia".
La principal conclusión es que la calidad de las reformas y el ritmo
de implementación de las inversiones son motivo de preocupación.
Según el informe, el ritmo de ejecución no está siendo
ágil y para julio de 2022 se habrían comprometido fondos
equivalentes al 46,3% del monto total del plan (más de 69 mil millones),
aunque la tasa de ejecución, es decir, los pagos al final beneficiarios
de las ayudas a las empresas ejecutoras de las inversiones licitadas, es
muy inferior y se estima en un 20%.
Puntos destacados
del informe:
Sobre el grado
de ejecución :
-
Plazos de recepción y ejecución de los fondos : el informe
recuerda que, según la normativa europea, el 70% de los fondos destinados
a cada país deben estar "asignados" o "comprometidos legalmente"
a finales de 2022 y el 30% restante a más tardar el 31 de diciembre
de 2023. Además, la fecha límite para la ejecución
de los fondos y el plan es el 31 de agosto de 2026.
- La escasa
información disponible apunta a una ejecución lenta que podría
no completarse en el plazo previsto: Apenas hay información disponible
sobre la ejecución real y final de los fondos. Con los datos disponibles,
estiman una tasa de ejecución del 27% de los fondos presupuestados
para 2021 y del 5,2% para el 1S 2022.
El gobierno provisionó
26.000 millones en el pasado ejercicio con cargo a los recursos procedentes
de Bruselas e incluso recibió un adelanto, de 9.000 millones, en
el verano de aquel año procedente del Ejecutivo europeo. El Ministerio
de Economía asegura que este año se está alcanzado
"velocidad de crucero" en este ámbito "con un ritmo de convocatorias
de ayudas y licitaciones de servicios y obras superior a los 2.000 millones
mensuales, tanto del Estado como de las autonomías". En cuanto a
la ejecución de los Pertes ligados a los fondos europeos, hay "convocatorias
públicas lanzadas por importe de 9.372 millones", de acuerdo con
el Ejecutivo.
Los últimos
datos publicados por la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE) reflejan que hasta el mes de julio el Gobierno apenas
ha realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
por valor de 4.499,66 millones de euros, lo que supone apenas el 15,8%
de los 28.246 millones de fondos europeos consignados en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2022.
La IGAE consigna
estos 4.499,66 millones de fondos europeos como los pagos que ha realizado
el Gobierno en el último informe mensual publicado con las Estadísticas
de Ejecución del Presupuesto. El informe también refleja
que se han comprometido gastos por valor de 13.604 millones y que hay obligaciones
reconocidas netas por valor de 9.488 millones de euros.
Los 4.449 millones
de pagos reconocidos -cifra que se ha conocido con retraso respecto a meses
anteriores- es el único dato que se aproxima a la ejecución
real de los fondos europeos, ya que el Gobierno se niega a aportar un balance
oficial cuando ya estamos en el cuarto semestre de despliegue de los Next
Generation en nuestro país.
Sin embargo,
estos pagos consignados por la IGAE no significan que 4.449 millones hayan
llegado efectivamente a las empresas, sino la cantidad que ha desembolsado
el Ejecutivo atribuido a partidas del Plan de Recuperación y Resiliencia.
SITUACIÓN
ACTUAL
En estos últimos
seis meses se han multiplicado los anuncios de convocatorias, pero con
muy pocos procedimientos cerrados, algunos de ellos desiertos y la mayoría
todavía a la espera de su adjudicación. Las cifras oficiales
indican que hasta la fecha se han cerrado 4.866 convocatorias, se mantienen
abiertas 838 y se lanzarán próximamente otras 34. El problema
es que la mayoría de ellas no incluyen recursos asignados a los
Perte, la herramienta que el Ejecutivo situó como el eje del reparto
de fondos europeos al tejido productivo.
Respecto a
la construcción, de acuerdo a estas cifras, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana recibió hasta el 31 de julio 1.285 millones
de los cuales se transfirieron 500 millones de fondos europeos al programa
de construcción de viviendas de alquiler social, 400 millones al
plan de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos
y 330 millones a proyectos de líneas ferroviarias de alta velocidad
(AVE).
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