Los objetivos básicos del proyecto de Real Decreto son:

• Impulsar la calidad de la Arquitectura y del entorno construido, como elemento básico para la mejora de la calidad de vida de las personas. 
• Promover el enraizamiento social de la Arquitectura y cuestiones de identidad y de sensibilización con los valores que representa.
• Impulsar el papel de la Arquitectura como herramienta de diplomacia cultural, que permita conectar y acercar personas de distintas sensibilidades y desarrollar procedimientos que permitan la participación e integración de profesionales y ciudadanos, utilizando la nueva Casa de la Arquitectura como un instrumento fundamental de difusión ante la sociedad.
• Potenciar la calidad arquitectónica y la sostenibilidad de las actuaciones en los procedimientos de contratación pública, ejerciendo la Administración un papel ejemplarizante.
• Contribuir al desarrollo sostenible del territorio y los núcleos de población, y facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.
• Contribuir a dar respuesta en todos los ámbitos a los grandes impactos derivados del cambio climático que estamos experimentando.
• Contribuir al desarrollo del potencial de crecimiento económico y de empleo que posee la arquitectura y la mejora de la calidad del entorno construido.
• Contribuir a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural.
• Fomentar la modernización de la Arquitectura y los instrumentos para la mejora de la calidad del entorno construido.

Se trata de la primera ley estatal que nace con el objetivo de garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general, y tiene como principal meta promover vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad. La futura normativa también busca dar respuesta a la mayor concienciación por cuestiones sociales, medioambientales y de revalorización del patrimonio arquitectónico, proceso que se ha acelerado con la pandemia que hemos vivido y en la que aún estamos inmersos.

La Ley incluye medidas específicas para impulsar desde los poderes públicos la difusión nacional e internacional de la Arquitectura, el apoyo a las empresas y a los profesionales españoles, el establecimiento de incentivos y premios que reconozcan la calidad, el impulso de la investigación y la innovación y la protección de los valores del patrimonio construido. Además, incluye el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas sostenibles.

Casa de la Arquitectura y Consejo de Calidad de la Arquitectura

La ley incluye la creación de dos órganos fundamentales para orientar la actuación y potenciar el papel ejemplarizante de los poderes públicos hacia esa necesaria calidad: la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura.

El primero de ellos busca, entre otros fines, acercar los valores de la arquitectura a la sociedad, convertirse en un referente nacional e internacional para la divulgación de la disciplina e impulsarla como una herramienta de diplomacia cultural.

Por su parte, el Consejo de Calidad de la Arquitectura se constituirá como una plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, de consulta y de asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de esta Ley, a través de la promoción de la adopción de normas o medidas de carácter general para la mejora de la calidad de la Arquitectura, o la modificación de las ya existentes, así como la elaboración y difusión de modelos de pliegos y otros documentos de carácter orientativo.

Marco normativo

La redacción de la Ley de Calidad de la Arquitectura se ha enmarcado en un contexto muy propicio en consonancia con importantes iniciativas europeas, como la New European Bauhaus, la Renovation Wave y la Declaración de Davos.

Además, se alinea con la Agenda Urbana Española, la Agenda 2030 y con las Agendas Urbanas internacionales, con su triple demanda de una mayor sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Se trata, por tanto, de un instrumento legislativo que refuerza el papel ejemplarizante de la administración pública, ya que potencia la planificación de la rehabilitación del parque público edificado. En esta misma línea, el anteproyecto de Ley recoge una serie de modificaciones a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por la administración.

Fondos Next Generation

La Ley de Calidad de la Arquitectura se configura como un instrumento legislativo necesario para consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética, y ecológica, que promueva una mayor inclusión y cohesión social, impulsado por los Fondos Next Generation.

La Ley se incluye como la reforma 4 del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19, que se centra en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Además, se enmarca en las iniciativas legislativas europeas de fomento de la eficiencia energética, las energías renovables y la lucha contra la pobreza energética y promoverá la aplicación del principio "primero, la eficiencia energética" de acuerdo con la Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre 2021.

Una Ley que nace de un proceso de participación pública

En su elaboración, esta futura Ley ha sido objeto de una amplia participación pública, ya que, además de la consulta pública previa que tuvo lugar en el mes de julio de 2020, se celebró un proceso participativo multidisciplinar estructurado en seis mesas de debate, que pudo ser seguido de forma telemática y en abierto y tuvo una gran repercusión en redes a nivel nacional e internacional.

También se celebraron mesas de debate con los principales sectores afectados, sector académico y social, administraciones territoriales, profesionales y colegios.

Aunque la Ley nazca para dar respuesta a un momento excepcional, lo hace también con el propósito de establecer un marco global perdurable en el tiempo, dinámico y con capacidad de adaptación a nuevos desafíos y objetivos. Por ello, incluye entre sus objetivos la elaboración de una Estrategia Nacional de Arquitectura, como herramienta de gobernanza que sirva para implementarla.