El 21 de junio
de 2021 los miembros de la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma
Open Generation enviaron una carta a Mercedes Caballero Fernández,
Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. La carta
decía literalmente “queremos manifestar nuestra más profunda
preocupación por la falta de compromisos sólidos en materia
de transparencia dentro del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia: España Puede. En una investigación1 reciente
llevada a cabo por la Coalición para la Contratación Pública
Abierta en la UE2, una plataforma compuesta por distintas organizaciones
no gubernamentales pro transparencia en la contratación pública
a nivel europeo, se ha puesto en evidencia el olvido de la transparencia
y de mecanismos de rendición de cuentas como elementos fundamentales
para evitar la corrupción y el mal uso de los recursos que recibirán
los Estados miembros. El Plan español recibe una puntuación
de 2 sobre 6, ya que establece que realizará la publicación
proactiva de la información relacionada a los fondos y, además,
la realizará en un portal único que facilitará la
consulta de cualquier interesado. Sin embargo, suspende cuando se trata
de publicar la información sobre los beneficiarios de los fondos,
los informes de auditoría y los que deben remitirse a la Comisión
Europea, así como la publicación de cualquier información
relacionada con los fondos en formato de datos abiertos. Desde la Coalición
Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation EU apoyamos las demandas
realizadas en el informe anteriormente mencionado, entre ellas:
•
Debe garantizarse la publicación de la información de los
beneficiarios finales de los fondos, obtenidos mediante subvención
o contratos, así como también una explicación sobre
el destino de los fondos.
• Publicidad
de los informes enviados a la Comisión Europea y los de auditoría.
• La información
debe publicarse en formato de datos abiertos.
• Garantizar
una publicidad proactiva amplia y actualizada sobre el uso de los fondos:
Para ello es necesario el desarrollo de un catálogo de la información,
dentro del Real Decreto-Ley 36/2020 que regula estos fondos, que deberá
indicar la información que se publicará, los responsables
de la publicación y la frecuencia con la que deberá hacerse.
• Garantizar
el derecho de acceso a la información de aquella información
que no se encuentre publicada de forma proactiva: Por lo que deberá
señalarse que será aplicable las disposiciones sobre acceso
a la información y reclamaciones establecidas en la Ley 19/2013,
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.
• Garantizar
la transparencia de todas las fases de la contratación pública
que se haga con estos fondos, incluso aquellas que se hagan mediante procedimientos
especiales, tales como la contratación pública de emergencia.
Así como motivar aquellos contratos que gocen de las flexibilizaciones
señaladas en el Real Decreto-Ley 36/2020 que regula el manejo de
estos fondos.
• Garantizar
la participación de los diversos sectores de la sociedad en la planificación,
desarrollo, gestión y ejecución de los fondos. Entre los
cuales deben estar las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos,
expertos y ciudadanía en general. La forma en que se llevará
a cabo este proceso participativo debe estar claramente establecido en
la norma que regula estos fondos, incluyendo los canales de información
que se utilizarán para procurar la efectiva participación
de estos actores”.
JUDICIALIZACIÓN
DEL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal
Supremo contra un decreto del Ejecutivo central que distribuye nueve millones
de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura
y Comunidad Valenciana.
A juicio de
la Comunidad de Madrid, la decisión del Consejo de Ministros es
“arbitraria”, carece de transparencia, y no responde a los mecanismos de
distribución de las ayudas comunitarias decididos en las distintas
conferencias sectoriales.
Según
el consejero de Economía y Hacienda regional, Javier Fernández-Lasquetty,
“el 24 de agosto se publicó la orden en la que se indicaba la cantidad
de fondos que iba a gestionar cada comunidad”,
Ha detallado
que Madrid ya ha recibido 994 millones de euros de los fondos europeos
destinados a financiar la recuperación de la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus. “Nuestra sorpresa llega cuando en octubre el Consejo
de Ministros, por real decreto, le asigna una subvención directa
a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura, sin justificación,
y al margen del reparto aprobado y del cauce establecido”, ha mantenido.
“En nuestra opinión, eso supone un uso arbitrario de los fondos,
y si no levantamos el dedo, podemos encontrarnos con que este sea el primero
de una larga serie, y ahí no sabríamos de cuántos
recursos estaríamos hablando”.
Según
el real decreto publicado en el Boletín oficial del Estado, los
nueve millones de euros se distribuirían de la siguiente manera:
tres para Navarra, y dos para Extremadura, País Vasco y la Comunidad
Valenciana. Su destino, según recoge ese texto, son proyectos de
“colectivos especialmente vulnerables” y “emprendimiento y microempresas”.
Bruselas avaló
las primeras reformas del plan de recuperación de España
y autorizó la entrega de 10.000 millones de ayudas a principios
de diciembre. Antes y después de ese hito, la Comunidad de Madrid
ha criticado los criterios de distribución de los fondos, al considerarlos
poco transparentes y diseñados para perjudicar a los intereses regionales.
Una tesis en la que ha insistido el portavoz gubernamental del Ejecutivo
de Díaz Ayuso, Enrique Ossorio.
“Estamos muy
disgustados con el reparto de los fondos europeos”, ha dicho el también
consejero de Educación. “Es muy triste que se utilicen criterios
sectarios o partidistas para su reparto. Es de las cosas más tristes
que pueden suceder”, ha añadido. Y sobre la denuncia ante el Supremo,
ha añadido: “Este es un caso flagrante”.
ANTECEDENTES
2021
El consejero
de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, envió el pasado
año una carta al Ministerio de Hacienda exigiéndole que proporcione
«una explicación adecuada» en base al agravio, a juicio
del ejecutivo regional, intencionado, de Sánchez contra Madrid a
cambio de beneficiar a sus «socios independentistas». «No
se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis en
cada comunidad, dado que, a día de hoy, esa cifra no existe»,
exponía Lasquetty en la misiva. «Si no aclara en qué
datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido
algún grado de arbitrariedad en su distribución».
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