| Los firmantes
abogan por el impulso de los principios de simplificación recogidos
por el proyecto de ley, así como la necesidad de dotar de seguridad
jurídica a la actividad territorial y urbanística y reducir
los plazos de aprobación de los planes generales. De igual manera,
coinciden con la LISTA en el impulso al equilibrio territorial y el desarrollo
rural; el refuerzo de la actividad en materia de disciplina territorial
y urbanística, el impulso de medidas de adecuación ambiental,
la digitalización del sistema territorial o el impulso de la colaboración
público-privada como herramienta fundamental para afrontar e impulsar
proyectos que beneficien a los ciudadanos.
Este decálogo
ha sido suscrito, según ha citado la consejera, por la Confederación
de Empresarios de Andalucía, el Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación, el Colegio Andaluz de Registradores
de la Propiedad de Andalucía Occidental y Oriental, el Colegio Notarial
de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos,
el Consejo andaluz de profesionales economistas, el Colegio de Biólogos,
el Colegio de Geógrafos, el Colegio de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, el Colegio Andaluz de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía Occidental, la
Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (AUAN),
Fadeco Promotores, Fadeco contratistas, el Consejo Andaluz de Ingenieros
Técnicos Industriales, el Colegio Andaluz de Ingenieros Industriales
Andalucía Occidental y Oriental, el Colegio Oficial Ingeniero de
Minas de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones
Andalucía Occidental y Oriental, y Melilla y Ceuta, el Colegio de
Ingeniería Geomática y Topografía, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía, el Colegio de Ingenieros de Caminos
de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
de Andalucía, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obras Públicas (Ceacop) y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Carazo subrayó
que el texto aspira a clarificar el urbanismo andaluz mediante reglas claras
y sencillas que contribuyan a agilizar y simplificar los trámites
urbanísticos y a reactivar la economía, al mismo tiempo que
protege el medio ambiente. En su opinión, la aprobación de
la LISTA es fundamental para el futuro de Andalucía, por lo que
frenarla es también frenar su desarrollo.
La consejera
ha añadido que no sólo es una necesidad del sector, sino
de muchos ayuntamientos. "El respaldo de la FAMP viene a señalar
que son los ayuntamientos los que piden a gritos un cambio en la normativa",
ha indicado Marifrán Carazo, que ha añadido que su Consejería
ya cuenta con 60 mesas de trabajo que se han puesto en marcha con los consistorios
para abordar sus planes generales.
"No desaprovechemos
esta nueva oportunidad, seamos responsables, estemos a la altura de lo
que nos reclama Andalucía para ser herramienta de reactivación",
ha indicado la consejera a la hora de pedir agilidad y celeridad por parte
de todos en la tramitación parlamentaria de la LISTA que este miércoles
se inicia. Al respecto, ha pedido a los grupos parlamentarios que escuchen
a las organizaciones que comparten los objetivos de esta ley y "no frustren
las expectativas, la esperanza que supone la LISTA para muchos profesionales
y trabajadores andaluces, para muchos municipios, grandes y pequeños,
para sus vecinos que quieren ser protagonistas del cambio de modelo urbanístico
y de la recuperación económica".
Marifrán
Carazo ha destacado que la LISTA no sólo contribuirá a clarificar
el urbanismo andaluz después de "años de maraña administrativa
que ha frenado el desarrollo de Andalucía", sino que será
un aliado para la reactivación económica. "La ley aportará
seguridad jurídica, minimizará los tiempos de aprobación
de los planes urbanísticos y reducirá los trámites
para que se desarrollen proyectos que sean viables y que lleven incorporado
un sello de sostenibilidad y protección del entorno", ha manifestado
la consejera tras la votación.
El Consejo
de Gobierno aprobó el pasado mes de abril el proyecto de ley, después
de un año de intenso trabajo y que ha estado marcado por la participación
ciudadana. Aparte de numerosas reuniones sectoriales mantenidas, se han
recibido y atendido aportaciones de ayuntamientos, diputaciones, asociaciones
de vecinos, colectivos sociales y entidades expertas en urbanismo en este
proceso de participación ciudadanas. Además, se ha contado
con el dictamen favorable unánime del Consejo Consultivo de Andalucía.
El objetivo
de la LISTA es poner fin al laberinto legislativo generado por lustros
de aplicación de la la Ley de Ordenación Urbanística
(LOUA, 2002) y de Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994)
y garantizar el desarrollo de actuaciones urbanísticas que sean,
por este orden, viables social, ambiental y económicamente. La nueva
ley facilitará que haya menos conflictividad judicial, puesto que
hoy hay en torno a 500 planes generales anulados o suspendidos parcialmente
por motivos formales o de fondo.
La futura ley
aspira a simplificar e integrar en un único texto legal la regulación
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así
como agilizar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
y su proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos
y trámites. Se pasará de los entre ocho y diez años
de media para aprobar un Plan General a una media de dos años.
Además,
incorporará directrices territoriales para proteger el litoral y
el paisaje, así como clarifica las competencias entre comunidad
autónoma y ayuntamientos.
Igualmente,
se reforzará la disciplina urbanística e incluirá
el decreto ley de viviendas irregulares.
La titular
de Fomento ha abogado por «avanzar» por «el interés
general de los andaluces» y ha advertido, antes de conocer el resultado
de la votación, de que «frenar de nuevo» la ley, en
la que, entre otras cuestiones, desaparecerá la calificación
de suelo urbanizable para reducir categorías a rústico y
urbano, es «frenar el desarrollo de Andalucía» y ésta
«no puede esperar» porque España la «necesita»
para su recuperación. La consejera ha destacado que se pondrá
fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística
(LOUA) y de la de Ordenación del Territorio (LOTA) y ha confiado
en que se apruebe «cuanto antes» –su departamento espera que
a finales de año– una norma «vital» de cara a «la
recuperación económica».
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