| En 2018, el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) se puso del lado de Antin Infrastructure Services Luxembourg Sarl,
constituida en Luxemburgo, y de su entidad de propiedad absoluta con sede
en los Países Bajos, Antin Energia Termosolar BV, que invirtió
en dos plantas de energía solar concentrada (CSP) en España,
en el sentido de que el gobierno español modificó significativamente
su régimen regulatorio, lo que provocó que las empresas perdieran
el derecho a una tarifa de alimentación esperada (FIT).
Antin Infrastructure
y Antin Termosolar operaban bajo el paraguas de la firma francesa de capital
privado Antin Infrastructure Partners, que utilizó las entidades
para invertir en el sector español de energías renovables.
Antin Infrastructure
Partners y RREEF Pan European Infrastructure Fund, con sede en el Reino
Unido y gestionado por Deutsche Alternative Asset Management, compraron
participaciones en las plantas de CSP de 50 MW Andasol 1 y 2 en Granada
en 2011. Los socios vendieron sus participaciones a Cubico Sustainable
Investments en 2017, mientras que la disputa de Antin con España
ante el CIADI aún estaba en curso.
La CE dijo
que el plan de apoyo de 2007 de España para las energías
renovables "no fue notificado a la Comisión para su aprobación
bajo las normas de ayudas estatales", pero se determinó que la revisión
de 2013 estaba en consonancia con las normas de la UE.
La concesión
de 101 millones de euros del CIADI, más los intereses y los costes
del procedimiento, a Antin podría constituir una ayuda estatal indebida
en la opinión preliminar de la Comisión.
La CE también
examinará si el laudo discrimina a los inversores en función
de la nacionalidad y de su capacidad para acceder al arbitraje internacional,
ya que los inversores españoles no pueden plantear tales impugnaciones
legales por los cambios en el plan de 2007, añade la Comisión.
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