| Según
fuentes consultadas, este mes se presentará la ley de vivienda.
Según
estas fuentes, se perfila un nuevo impuesto estatal a la vivienda desocupada
con tramo autonómico o un recargos de hasta el 50% en la cuota del
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían
aplicar como se hace a las viviendas de gran tamaño.
La ley de haciendas
locales contempla esta posibilidad pero se ha enfrentado a la indefinición
de lo que debe considerarse como vivienda vacía.
Los 3 pilares
de la nueva ley de vivienda serán la regulación de alquileres,
el parque de vivienda en régimen de alquiler social y movilización
de vivienda vacía. Se trata de poner freno a las subidas abusivas
del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las
que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación
de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado
cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas
de alquiler y la articulación de mecanismos de contención
o eventual bajada de los precios.
EL PROBLEMA
LEGAL
Cataluña
ya lanzó una regulación de los arrendamientos tumbada por
el Constitucional. Baleares ha aplicado su normativa de viviendas vacías
y ha expropiado medio centenar de viviendas para destinarlas a alquiler
social, todas ellas propiedad de bancos y de fondos de inversión.
LOS INVERSORES
EN VIVIENDA
Según
varios inversores consultados, las actuaciones contra la propiedad privada,
como la reciente expropiación en Baleares, ahuyentarán a
los inversores. Con ello, únicamente se logrará generar una
inseguridad jurídica que ahuyentará a toda clase de inversores
y propietarios.
LA SOLUCIÓN
Lo más
importante es que la solución que se adopte no conlleve inseguridad
jurídica al mercado inmobiliario. No se puede repetir otra declaración
de inconstitucionalidad como la ocurrida con la norma catalana de vivienda.
La sentencia declara inconstitucionales diversos artículos de la
norma, como la definición de vivienda vacía o la de función
social, que son básicas para la aplicación de la norma. Estas
noticias ahuyentan a los inversores.
Sería
conveniente contar con una normativa estatal de vivienda, pero el estado
tiene constitucionalmente muy limitadas sus competencias en esta materia.
Lo ideal sería
no intervenir en el sector privado para solucionar un problema que es público,
como la escasez de vivienda social.
Anunciar un
plan público privado de vivienda social atraería inversores,
mientras que limitar las rentas o expropiar viviendas vacías los
ahuyentará. La mejor solución es la que se más rentable
a la sociedad.
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