| Cataluña
lidera la estadística estatal de denuncias por ocupación
ilegal de viviendas e inmuebles
Los datos del
Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior,
que recoge denuncias por ocupación ilegal, permite un análisis
más preciso de la evolución temporal y su incidencia en las
Comunidades Autónomas más pobladas.
- Tasa Empleos
por cada 10.000 habitantes en Andalucía:
• 2015: 2,45
• 2019: 3,01
• Incremento
del 22,83%
- Tasa Empleos
por cada 10.000 habitantes en Madrid:
• 2015: 2,53
• 2019: 2,16
• Disminución
del 14,98%
- Tasa Empleos
por cada 10.000 habitantes en Cataluña:
• 2015: 5,26
• 2019: 8,71
• Incremento
del 65,63%
La tasa catalana
es claramente superior desde 2015 y es la más elevada en todos los
años y triplica la de Madrid en 2019.
Del dato de
2019 cabe señalar:
- Mínimo
estatal, La Rioja con una tasa del 0,35
- Máximo
estatal, Cataluña con una tasa de 8,71
- Segundo
máximo estatal, Andalucía con 3,01
- Media Estatal
3,11
En conclusión,
en el año 2019 Cataluña está en 280% por encima de
la tasa media estatal, un 323% por encima Andalucía, y un 403% sobre
la de Madrid.
Buscando explicaciones
interesa relacionar la evolución de la tasa de desempleo entre 2015
y 2019 con la evolución de las ocupaciones durante el mismo periodo:
- Andalucía:
• Tasa de
paro: baja un 37%. (23,80% respecto 4T 2020)
• Ocupaciones:
incrementan un 23,06%
- Madrid:
• Tasa de
paro: baja un 34,27%. (18% 4T 2020)
• Empleos:
disminuyen un 11,60%
- Barcelona:
• Tasa de
paro: baja un 42,29%. (21,8% 4T 2020)
• Ocupaciones:
incrementan un 69,32%
En conclusión,
Cataluña, de las tres comunidades más pobladas, es la que
tiene una disminución del paro más importante hasta el 2019,
en la que más crecen las ocupaciones. Es interesante resaltar el
hecho de que en Cataluña se incrementan las ocupaciones casi un
70% mientras que en Madrid disminuyen casi un 12%.
Según
la nota de prensa conjunta, las administraciones han renunciado a cumplir
el mandato constitucional del derecho a la vivienda (artículo 47
de la Constitución), que establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones y las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho. El Decreto Ley 17/2019, traspasa a los propietarios de viviendas
ocupadas esta responsabilidad, obligándolos a un alquiler social
a largo plazo que no cubre en muchos casos los gastos de funcionamiento
y mantenimiento, con la amenaza de multas coercitivas exorbitantes. Ningún
otro país de la UE tiene una legislación que conlleva la
legalización de la okupación, concluye la nota de prensa.
En este mismo
sentido añade que “El Decreto Ley 17/2019 ha sido declarado anticonstitucional
y nulo en este aspecto y otros artículos en la Sentencia 16/2021
del TC. Esta sentencia del TC constituye una oportunidad para una nueva
reflexión sobre cómo abordar las situaciones de vulnerabilidad
en el acceso a la vivienda, con medidas de política de alojamiento
eficaces y de acuerdo con el marco constitucional. Las entidades firmantes
lo pedimos y ofrecemos la plena disposición”.
|
