| Bruselas requiere
que el dinero del programa se asigne para fines de 2026 y el gobierno español
tiene la intención de adelantar los desembolsos, planeando gastar
el 77 por ciento de su total de 70 mil millones de euros en subvenciones
entre 2021 y 2023.
Los analistas
dicen que esto implica gastar el dinero más rápido de lo
que España logró con miles de millones de ayuda anterior
de la UE. Casi la mitad de los 60.000 millones de euros de los fondos estructurales
europeos para España durante el período 2014-2020 aún
no se han gastado, según cifras de la comisión. “La tasa
de absorción de estos fondos que esperan las instituciones europeas
no parece muy realista”, dijo Chus Escobar, socio responsable del sector
público de EY España en declaraciones a Financial Times.
Si bien el
programa representa un intento ambicioso de abordar los obstáculos
clave para el crecimiento inclusivo que han plagado a España durante
décadas, surge la pregunta de si es alcanzable y, de ser así,
cómo.
Durante el
anterior período presupuestario de la UE, se había ejecutado
menos del 40% de los fondos totales disponibles para el país (lo
que no es un buen augurio en vista del aumento significativo en el nivel
de recursos para el presupuesto actual). Esta es la tasa de logros más
baja de la UE, lo que apunta a importantes cuellos de botella administrativos.
En cuanto a
las reformas, algunas de las más destacadas –como las de los mercados
laborales, las pensiones, la educación, la administración
pública y el mercado único nacional se enfrentan a la polarización
política actual que impide alcanzar los compromisos plurianuales
duraderos que se requieren.
Romper con
ineficiencias e inercias pasadas implica, en primer lugar, mejorar la gestión
de los fondos. Un gran obstáculo es la articulación entre
los niveles de gobierno central y regional.
Se espera que
las autonomías administren alrededor de la mitad de los fondos y
tengan plena autonomía en áreas como salud, educación
y políticas activas del mercado laboral.
Es necesario
establecer mecanismos para la asignación de fondos que sean rápidos
en términos de asegurar que se cumpla el ambicioso cronograma y
eficientes en las fases de implementación y seguimiento para que
el dinero se gaste bien. Esto último es crucial para maximizar el
impacto económico del plan, porque no es razonable apoyar proyectos
que puedan ser emprendidos por el sector privado incluso sin las transferencias
(lo que implica una pérdida de peso muerto).
El plan innova
al introducir alianzas público-privadas estratégicas (las
denominadas PERTE), que son el equivalente español de los Proyectos
Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) a nivel europeo.
Pero resulta que los PERTE son pequeños y cubren solo una proporción
limitada de las subvenciones.
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