Una vez que
se apruebe la ley, hay que hacer lo mismo con el reglamento planeamiento
de la LISTA, así como una modificación del Plan de Ordenación
Territorial de Andalucía (POTA).
El portavoz
adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez, se muestra favorable a alcanzar
un acuerdo, que le reclaman muchos de los alcaldes de esta formación
que han visto paralizados sus planes generales de ordenación urbana
por la inseguridad jurídica generada por la anterior ley, conocida
como LOUA. «No vamos a contribuir a un bloqueo del Gobierno que perjudique
a los andaluces», ha asegurado, entre reproches al PP por no hacer
lo mismo cuando era el PSOE el que gobernaba la comunidad.
Durante el
debate de las enmiendas, los socialistas han justificado su abstención
por el rechazo de 18 enmiendas de las 50 que habían presentado.
«Algunas en temas importantes que hacen que ese acuerdo manifestado
por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no sea posible tenerlo
cerrado», ha precisado el portavoz de esta formación. PP y
Ciudadanos han aceptado por completo 8 enmiendas del PSOE y otras 22 enmiendas
transaccionales.
El «principal
escollo» del PSOE al texto legal es que se «permitan construir
viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico no vinculadas
a usos agrícolas, ganaderos o turísticos. «Supone la
liberalización de la construcción en el campo», ha
asegurado Gerardo Sánchez, que en la rueda de prensa posterior ha
anunciado que cuenta con el apoyo de Ciudadanos en esta demanda. La otra
diferencia es la desafección de vías pecuarias en el caso
de que no tengan uso ganadero.
En su comparecencia
ante los periodistas junto al responsable de Transición Ecológica
del PSOE-A-, Rafael Márquez, Gerardo Sánchez ha planteado
como una condición indispensable que se cambie este punto para transitar
desde la abstención al acuerdo: «Si no se modifica la posibilidad
de construir viviendas en suelo rústico, nuestro grupo se va a oponer
a esta ley». No obstante, insiste en continuar con la negociación
para la norma alcance el mayor consenso posible.
Por su parte,
el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado su «sintonía»
con el texto legal, aunque seguirá defendiendo algunas enmiendas
que no han sido aceptadas. Uno de los aspectos más criticados por
la izquierda es que la norma abre la vía para regularizar a más
de 300.000 familias las casas donde viven levantadas de forma ilegal en
suelos no urbanizables. Vox asegura que la norma «cierra en falso
el problema» de estas viviendas. Su principal contribución
a la norma es que la aprobación de determinados trámites
administrativos mediante silencio positivo.
La futura ley
del suelo (LISTA) establece dos categorías de suelo: el urbano y
el rústico, frente al desfasado modelo actual, que distingue entre
urbano, urbanizable y no urbanizable.
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