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  • 1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

13 de octubre de 2021
 
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LA FUTURA LEY DE VIVIENDA Y LA COMPENSACIÓN POR EL 30% DE RESERVA PARA VIVIENDA SOCIAL. EL CASO DE BARCELONA Y LA INDEMNIZACIÓN.
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  • La nueva ley de Vivienda permitirá a los ayuntamientos destinar un 30% de los pisos que se construyen en suelo consolidado a vivienda social, algo que ya hace Barcelona, pero la diferencia es que la nueva ley obligará a los ayuntamientos a indemnizarles.

  • Los promotores valoran esta compensación de la nueva ley de vivienda pero creen insuficiente compensar por el 30% de pisos sociales. En todo caso, crea un precedente favorable para los procesos judiciales de los promotores contra el ayuntamiento de Barcelona, toda vez que quedaría plenamente justificado el derecho a ser indemnizados.
El ayuntamiento de Barcelona aprobó esta reforma a finales de 2018. Desde entonces hay proyectados edificios que sumarán 100 viviendas sociales. La norma afecta a los edificios o grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados. La fórmula está prevista en la ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007. La patronal catalana de los promotores, APCE, recurrió judicialmente la reforma de Barcelona y el presidente de los promotores, Xavier Vilajoana, asegura que a la asociación “no le consta que ningún asociado haya pedido licencia que incluya la obligación del 30%”. La patronal catalana sostiene que el 30% en promociones pequeñas “no es viable porque los costes de construcción se disparan: se puede ganar más o menos, pero estamos hablando de perder dinero”. Los promotores piden que el 30% afecte a edificios a partir de 2.500 metros construidos: “Si no, no es que no ganemos, es que perdemos dinero”. Respecto a la compensación a los promotores por la reserva, conforme a la nueva ley del suelo estatal, Vilajoana, sostiene que “mejora la situación actual” pero solo “ayuda” a dar viabilidad a promociones en barrios populares y seguirá paralizando al sector en las zonas más acomodadas. “Construir un edificio donde coexistan viviendas protegidas y libres plantea muchos problemas, porque hay que prever que habrá vecinos muy diferentes, y mirar cómo se pagará el mantenimiento y los gastos de la comunidad. Eso frena a los compradores de los dos tipos de viviendas, que son muy difíciles de vender”, asegura. “Es un paso adelante que se den cuenta que no se puede solucionar el problema del acceso a la vivienda a costa de los promotores”, explicó Gerard Duelo, presidente del Colegio de Apis de Barcelona.

 
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Óscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, también critica la normativa urbanística de Barcelona porque el promotor solo puede hacer la obra subiendo el precio de los pisos no protegidos, para cubrir los ingresos que pierde en el otro 30%, lo que dificulta su venta, o quedándose sin margen. 

Hay que matizar ley del Suelo estatal (Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para vivienda protegida y regla temporal excepcional) ya se incluía la obligación de los promotores de ceder el 30% del suelo a las administraciones públicas para construir vivienda social, pero solo en los nuevos planeamientos urbanísticos. Como novedad, el borrador de la ley de Vivienda especifica que de ese 30% la mitad habrá de destinarse necesariamente a viviendas de alquiler social.
 

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