| Dado que las
políticas nacionales están a la espera de que los fondos
europeos apoyen sus iniciativas, y no se prevé una política
fiscal ambiciosa, no se puede esperar que el sector público pueda
llegar a la altura de la crisis económica, energética o climática.
Y tampoco lo hará en relación con esta crisis provocada por
la pandemia. Según los expertos consultados por inmoley.com, el
resultado de todo esto sea una combinación de deuda pública,
futuros recortes en los servicios públicos, ajustes salariales,
desempleo y quizás nuevos paquetes de impuestos indirectos. En el
ámbito de las políticas sanitarias, es previsible que se
profundice la política de cooperación público-privada,
es decir, de financiación de la prestación de servicios privados
con dinero público, muy extendida por gobiernos como Madrid, Galicia,
y cada vez más el de Andalucía.
Los escasos
recursos disponibles tampoco se destinarán a una gran política
de inversión pública para la atención social y sanitaria,
y para la transición energética o cambio de modelo productivo.
Las medidas de escudo social propuestas, aunque sean un elemento diferenciador
del gobierno español, no son suficientes, no llegan como se ha dicho,
no resuelven los problemas de fondo, y subirán la deuda del próximo
período. Y las deudas de hoy serán los recortes y la mercantilización
de lo común, la precariedad de los derechos laborales, la intensificación
del trabajo y la desigualdad social del mañana.
La crisis económica,
agravada por la pandemia, ha generado un contexto muy grave de socialización
de pérdidas, costes laborales y deudas privadas que han terminado
respaldadas por el erario público. La interrupción del Pacto
de Estabilidad es temporal. Una vez que pase la crisis sanitaria, finalice
el período excepcional y vuelva a ser aplicable el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, volverá la Troika o una política equivalente.
En ausencia
de un fondo solidario suficiente, por ejemplo, un amplio fondo soberano
supranacional conjunto y redistributivo, para impulsar una política
de inversión pública enfocada en el área socio-sanitaria
y un cambio en el modelo productivo, la crisis será fuerte y duradera,
y el implacable aumento de la deuda pública.
LA SOLUCIÓN
FINANCIERA EUROPEA A LA PANDEMIA
Es importante
destacar que las vertiginosas cifras que adelantan las instituciones europeas
son estimaciones máximas del potencial financiero tras asumir un
efecto multiplicador de lo que en realidad son menores inyecciones de capital.
Debemos tener en cuenta que para una inversión directa, un subsidio
de costes o préstamos, la política de ofrecer garantías
para la emisión de bonos en los mercados financieros, las condiciones
de acceso o el destino de uso admisible no son lo mismo. Los denominados
instrumentos financieros (que proporcionan capital para respaldar una emisión
de bonos) suelen proporcionar un multiplicador financiero más alto,
de ahí las cifras espectaculares, aunque esto rara vez se materializa
en la práctica como se anuncia. Presupone una operación en
el que participan bancos, inversores y empresas, que operan con dinero
respaldado por recursos públicos, dejando comisiones, malos pagos
de préstamos, e inversiones públicas preferidas no realizadas
en el camino. Además, sus consecuencias y beneficiarios no son los
mismos, porque los préstamos conllevan endeudamiento y normalmente
benefician a las corporaciones privadas que pueden acceder a ellos, promoviendo
soluciones de mercado rentables.
Mientras tanto,
los subsidios y las inversiones públicas directas tienden a orientarse
hacia políticas que no necesariamente están sujetas a la
empresa privada, excepto cuando se movilizan a través de fórmulas
de cooperación público-privada.
Así,
ante la pandemia, la Unión Europea estableció inicialmente
ayudas económicas de hasta 540 mil millones (Lucía y Albarracín,
2020b), cuyo grado de uso depende de lo que los estados miembros finalmente
soliciten, así:
-
Programas a través
del Banco de Inversiones (BEI). Los estados aportarán un fondo de
25.000 millones adicionales para este programa. Con la emisión de
bonos en los mercados, garantizados por esta cápita pública,
podría producirse un efecto multiplicador de hasta 200.000 millones
en forma de préstamos garantizados para empresas a escala europea.
-
Programa SURE.
Se destinarán 100.000 millones para cubrir los costes salariales
derivados de la paralización de la actividad económica. Esto
podría servir para cubrir el plan de cese temporal ERTE en el caso
español bajo la financiación del programa de ayudas al desempleo
de la UE, respaldado por garantías públicas de los estados
hasta el 25 por ciento, creado sin la intención de ser un sistema
europeo de reaseguro de desempleo.
-
Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), con 240.000 millones de euros (Albarracín,
D. 2020) de potencial crediticio total, y un máximo del 2% del PIB
de cada país. Se trata de préstamos sujetos a condicionalidad
a través de un memorando de entendimiento y control de la Troika,
exigiendo respeto por la disciplina fiscal y de gastos. La experiencia
de Grecia en 2015 es la más conocida. Todos los estados podrán
tener acceso, siempre que acuerden gastar el dinero en cuestiones relacionadas
con la atención médica. Anticipamos que este recurso se utilizará
una vez que se agoten los demás, ya que es el que más compromisos
conlleva.
A continuación,
el pasado mes de julio, a falta de ratificación y concreción
en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, el Eurogrupo llegó
a un acuerdo para movilizar un Fondo Europeo de Recuperación, denominado
Next Generation EU, que, por primera vez, utilizará el presupuesto
europeo para emitir deuda pública europea, por un potencial financiero
de 750.000 millones de euros. Por tanto, lo que se ha creado es un macroinstrumento
financiero respaldado por el presupuesto europeo, que es una novedad respecto
al antiguo sistema intergubernamental canalizado por el BEI.
De ellos, 390.000
millones de euros serán en forma de transferencias, lo que equivale
a solo el 0,7 por ciento de la producción económica de la
UE en tres años. El resto sería en forma de préstamos.
Estos se utilizarán menos o más tarde, dado que la política
monetaria del BCE facilitará una financiación barata en los
mercados financieros.
Los paquetes
económicos del Fondo de la UE para la próxima generación
se organizarán en programas. Serán los siguientes:
•
El Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), será el principal
con un total de 672.500 millones de euros, de los que 360.000 millones
son préstamos y 312.500 millones transferencias. Financiaría
programas definidos por gobiernos que pasen la aprobación del resto
de Estados miembros.
• ReactEU:
47,5 mil millones de euros. Apoyará iniciativas cuyo perfil apenas
está definido y que podrían dar lugar a fórmulas de
capitalismo verde, que podrían beneficiar a las empresas energéticas
y afines, y a la economía digital.
• Horizonte
Europa: 5 000 millones de euros. Iniciativas científicas y de investigación.
• InvestEU:
5.600 millones de euros. Fomentar la inversión, especialmente privada,
en la UE. La experiencia demuestra que financia inversiones que de todos
modos se realizarían, concentrándose en las economías
más rentables.
• Desarrollo
rural: 7.500 millones de euros
• Fondo de
Transición Justa (JTF): 10.000 millones de euros. Promoverá
inversiones públicas y privadas concebidas en el European Green
Deal, según los parámetros del capitalismo verde criticados
por Daniel Tanuro (2012).
• RescEU:
1.900 millones de euros. Se trata de un mecanismo de protección
civil que también intentará suplir la falta de equipamiento
médico, a través de la producción, compra y almacenamiento
centralizado.
En suma, los fines
prioritarios de la utilidad social, en materia sanitaria y ecológica,
apenas cuentan con 11.900 millones de euros reservados para toda la UE,
bajo un formato susceptible en gran medida de negocio por iniciativa privada.
La definición
de nuevos recursos específicos, impuestos para financiar el presupuesto
europeo, aún está por decidirse. Se habla de un impuesto
al plástico, de permisos para contaminar, de derechos de emisión
de carbono a las empresas importadoras, que según el Consejo Europeo
podría, en total, recaudar 31.000 millones de euros anuales. Pero
que no recaudarán lo suficiente ni resolverán el problema
climático por sí mismos y representarán impuestos
regresivos. El impuesto a las transacciones financieras, el impuesto de
Google o un determinado apartado armonizado del impuesto de sociedades,
serían más interesantes, aunque insuficientes y lejos de
una fiscalidad progresiva o una cooperación fiscal armonizada.
El Fondo de
la UE de próxima generación permitirá a los gobiernos
proponer su programa financiero susceptible de ser financiado. La Troika
no estará allí, pero su espíritu penetrará
en toda la iniciativa. No solo las instituciones europeas tendrán
que validarlo, sino que también contará con un freno de emergencia
que cualquier estado miembro puede activar si considera que otro país
está incumpliendo los principios del acuerdo, una combinación
de la reactivación privada de la economía y la capacidad
para pagar las deudas. El espíritu de la Troika no será encarnado
directamente por el BCE, el FMI o la Comisión Europea, sino que
se sentará en cada gabinete de gobierno, autocensurándose,
o vendrá a posteriori a través del potencial veto de uno
de los gobiernos que no lo apoyan, como Holanda o Austria.
Por si esto
fuera poco, se ignorará la polémica de los derechos humanos
de los países del Club Visegrad, como Hungría o Polonia,
mientras que los descuentos para países centroeuropeos, que ya existían
como los conocidos y ahora desaparecidos El cheque británico, continuará,
para que no tengan que contribuir tanto como deberían al presupuesto
europeo. Hasta 1.124 millones de euros anuales dejarán de ser aportados
por los países “frugal”, para disuadirlos de aceptar este Fondo.
Así ha sucedido con los Países Bajos (cuyo descuento compensatorio
aumenta de 1.576 a 1.921 millones anuales), Dinamarca (de 197 a 377), Austria
(de 237 a 565) y Suecia (de 798 a 1.609). Alemania permanece como estaba
(3.671 millones de euros al año).
En total, estimamos
una financiación máxima de estas medidas de 1,29 billones
de euros que, sumado a la política de préstamos y compras
del BCE, representaría un total potencial de 1,94 billones de euros,
que redondeado podría ser el 13,9 por ciento del PIB europeo, si
consideramos que estos estímulos lo serán durante unos seis
años, y que seguramente ni la mitad se aprovechará. A modo
de comparación, en la variación interanual del segundo trimestre
de 2020, el PIB de la UE cayó un 14,4% en comparación con
el mismo período del año anterior. La recuperación
de la economía será lenta. En otras palabras, la política
pública europea está muy lejos de poder hacer frente, en
tamaño o contenido, a esta crisis, o las que vendrán.
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