Aprobado en
Consejo de Ministros un decreto de cesión de suelo público
para la construcción de viviendas destinadas a alquiler social por
parte del sector privado. José Luis Ábalos, ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda urbana, que ha explicado que la mayoría de los
suelos públicos disponibles se podrán ofertar a través
de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes) y se tratará
de concesiones de hasta 80 años, "en función de las necesidades
de vivienda y ubicación". Se prevé una inversión de
2.000 millones de euros en los próximos dos años que podrían
generar 221.000 nuevos empleos y contará con la colaboración
del sector privado que será el encargado de la construcción
y gestión de esos pisos. El procedimiento para adjudicar dichos
suelos será el de la licitación pública y el canon
a pagar por las empresas privadas que resulten adjudicatarias "podrá
llegar a ser cero", ha avanzado Ábalos, un escollo que tal y como
ha explicado el ministro, ha impedido la aprobación hasta ahora
dicho decreto. "El canon por el derecho de uso de superficie dependerá
de los precios, de lo que se construya, pero podría darse el caso
incluso de que las constructoras no tengan que pagar ningún canon",
ha dicho. Se trata de una cesión de derechos de superficie sobre
suelos pertenecientes a la Administración General de Estado, y al
acuerdo con otras administraciones públicas para la construcción
de esas viviendas, o concesión demanial con una duración
de hasta 80 años, más de los 50 previstos en los primeros
pliegos sobre la colaboración público-privada. El objetivo",
según Ábalos, "es dinamizar la economía, generar expectativas
al sector inversor e ir generando un parque de vivienda pública
que actualmente no tenemos y que incluso ha ido a menos por determinadas
políticas", ha dicho tras recordar que en España apenas un
2,5% del parque de viviendas en alquiler es público, frente a porcentajes
más elevados en Europa. Se trata de suelos públicos disponibles
se podrán ofertar a través de la Entidad Pública Empresarial
de suelo (Sepes) gestionados mediante la cesión de derechos de superficie
sobre suelos pertenecientes a la Administración General de Estado,
y al acuerdo con otras administraciones públicas para la construcción
de esas viviendas, o concesión demanial con una duración
de 80 años, más de los 50 previstos en los primeros pliegos
sobre la colaboración público-privada.
Medidas
en el ámbito de la vivienda
El Real Decreto-ley
aprobado recoge, además, un conjunto de medidas económicas
y sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la
protección de las familias y colectivos vulnerables e impulsar la
reactivación de la economía en el citado sector, como complemento
de otras medidas adoptadas hasta la fecha.
En este sentido,
se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie
para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por
parte de promotoras privadas, para impulsar la regeneración del
territorio y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación
económica y la creación de empleo.
Así,
con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan
las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en
2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir
la financiación y las ayudas donde sea más necesario.
Asimismo, con
el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler
asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis,
se pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos
jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos
ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico
o local, así como mecanismos adecuados para articular la cooperación
con operadores económicos. |