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Los promotores madrileños piden simetría entre las normativas autonómicas sobre licencias. Según el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y de la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce), Juan Antonio Gómez Pintado, el cambio en la Ley del Suelo que debe aprobar la Comunidad de Madrid tras el verano y que permitirá agilizar la tramitación de licencias bajo una declaración responsable del promotor. “Ya estamos tardando en tenerla aprobada en Madrid”, ha lamentado el ejecutivo en un encuentro digital organizado por la propia Asprima. Gómez-Pintado ha explicado que actualmente los retrasos de las licencias de obras pueden llegar a demorarse un año y las de primera ocupación, hasta cuatro meses, lo que conlleva problemas con los compradores de las viviendas. Estos retrasos suponen unas pérdidas para el Gobierno regional de 203 millones de euros al año y de otros diez millones por año en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El directivo ha asegurado que el sector “necesita todas las herramientas posibles para salir de la crisis del Covid-19 lo antes posible” y que la declaración responsable “es fundamental para que el sector pueda relanzar la actividad económica”.  El retraso en las licencias de obras supone unas pérdidas de 203 millones de euros al año para la Comunidad de Madrid  Además, Gómez-Pintado también ha reclamado “simetría” entre las normativas autonómicas que regulan las licencias en el sector promotor y ha asegurado que “debe haber un plan nacional” que así lo permita. 

El director de servicios jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jorge Heras, ha ido más allá y ha subrayado la importancia de que “la asimetría no se dé entre municipios de la Comunidad de Madrid para evitar dificultar el procedimiento vía ordenanzas”. Por su parte, el presidente de Concovi, Juan Francisco Casares, ha asegurado que “nadie se quejaría si hubiera una depuración de responsabilidades por estos retrasos” y ha señalado que las demoras en la concesión de licencias “pueden provocar un siniestro inmobiliario”. Casares ha añadido que la actualización de la Ley del Suelo “es una gran iniciativa, por fin las administraciones se han dado cuenta de que no podemos seguir así”. 

De todos modos, el directivo ha apuntado a la “gran asignatura pendiente” que aún tendrá el sector con “la agilización de las licencias de obra mayor”.

La modificación de la Ley del Suelo será aprobada, previsiblemente, en el primer pleno de la Asamblea de Madrid tras el periodo vacacional

ASPRIMA calcula que el retraso en la concesión de licencias de primera ocupación tiene un coste anual en concepto de impuestos y tributos de 203 millones de euros para la CAM y de 10 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid
 

Raimundo Herraiz, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ha apuntado que “la modificación de la ley se estima que será aprobada en el primer pleno de la Asamblea de la Comunidad tras el periodo vacacional. Además, desde la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando en una nueva ley de suelo integral que será corta, flexible y liberalizadora, que queremos aprobar a lo largo de la presente legislatura”.

Juan Casares, presidente de CONCOVI, se ha referido a la citada modificación como “una demostración de la necesidad de actualizar y modernizar la antigua ley, que ya se encontraba obsoleta y que provocaba un gran coste económico al sector y a los ciudadanos”. Además, el presidente de CONCOVI ha afirmado que es necesario tramitar una nueva Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid.

Jorge Heras de los Ríos, director de Servicios Jurídicos del Colegio de Aparejadores de Madrid, ha centrado su discurso en las ECLU (Entidades Colaboradoras Urbanísticas), de las que ha dicho que han demostrado claramente su funcionamiento. Heras ha destacado que esta modificación de la ley, que hasta el momento solo contemplaba el Ayuntamiento de Madrid, es muy importante que se extienda a todos los municipios de la Comunidad para lograr la simetría intracomunidad, en referencia a la asimetría de regulaciones comentada por Juan Antonio Gómez-Pintado.

José Luis Grajera, presidente de AGV, ha añadido que “se trata de una modificación de ley muy oportuna, aunque echamos en falta que sea algo más ambiciosa. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, habría que regular que los trámites respecto a las licencias no recaigan en las juntas municipales de la capital, sino que el proceso lo realice la propia gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento”.

Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, ha aplaudido también la modificación de la ley y ha puntualizado que “todo lo que reduce el intervencionismo y los trámites administrativos es beneficioso para el sector y el ciudadano, así como para la Administración Pública a través de la recaudación de impuestos”. También ha apuntado que considera que esta modificación puede reactivar al sector y es, a su vez, “una buena noticia para el build to rent, una fórmula de alquiler que ha traído importantes inversiones a España, inversiones a largo plazo en la que nuestro país tiene que poner en foco y más en estos momentos”. Para concluir, ha aseverado que “es muy importante la seguridad jurídica para atraer la inversión y este tipo de medidas lo avala”.

Antonio Gómez Cid, socio responsable de Urbanismo de Uría Menéndez, ha afirmado durante su intervención que la modificación de la ley es absolutamente esperada y que incide en la senda de la flexibilización de los trámites administrativos. También ha ahondado en que el sector tiene un papel muy importante para relanzar la actividad económica en España.