Según
varios técnicos municipales consultados, los Ayuntamientos no pueden
adoptar una posición pasiva ante los problemas que planteen o surjan
con los promotores de las urbanizaciones de iniciativa privada, o con las
Juntas de Compensación.
Pero siempre
puede existir una responsabilidad de quien ejecuta esas obras (promotor
inmobiliario), bien porque se aparta de lo proyectado o, simplemente, porque
no cumple con lo establecido en los proyectos de urbanización o
en los proyectos técnicos de obra.
En la situación
actual, gran parte de los promotores inmobiliarios están apostando
por la estrategia "conservadora" en cuanto al lanzamiento o construcción
de nuevas promociones, y están aplazando gastos en urbanización
de suelos.
Según
los ayuntamientos, si se quiere reactivar el empleo de la construcción
hay que obligar a urbanizar en los plazos previstos a los promotores inmobiliarios.
Así
que están rechazando solicitudes de prórroga y advirtiendo
a los promotores inmobiliarios de las consecuencias de no urbanizar en
los plazos previstos en el planeamiento y acordados con el ayuntamiento.
Algunos promotores
consultados nos alertan del grave problema práctico por la falta
de financiación que la crisis ha ocasionado en algunos tipos de
obra con poca preventa.
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