| Antes del
inicio del debate, como introducción, el catedrático Josep
Oliver ha expuesto algunos datos relativos al impacto de la Covid-19 sobre
la accesibilidad a la vivienda de alquiler en España. Según
Oliver, en 2019 y antes de la pandemia, el 45% de las familias en alquiler
de mercado (1,4 millones del total de 3,1 millones de contratos de alquiler)
dedicaba más del 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que aquellas
familias con renta inferior a 1.000 euros/mes (unas 700.000 familias) atendían
pagos medios de alquiler por encima del 45%.
La pandemia,
probablemente, agravará más esta situación, ya que
según sus previsiones, 1,8 millones de familias deberán destinar
más de un 30% de sus ingresos al pago de su alquiler.
Para combatir
la situación de accesibilidad a la vivienda, y tal como ha explicado
David Lucas, el Gobierno prepara un Plan Estatal de Vivienda que pasa por
ampliar la oferta de viviendas públicas e impulsar la rehabilitación
y renovación del parque. No obstante, los participantes han incidido
en la necesidad de facilitar ayudas públicas directas a los inquilinos
que no pueden afrontar los pagos del alquiler, sobre todo en un panorama
en el que ya se ha detectado un incremento del 15% en el número
de impagos.
En concreto,
se solicita al Gobierno un fondo de ayuda directa para poder atender el
pago del alquiler que tendría un impacto sobre 350.000 familias,
según ha mencionado Mendiluce.
Todos los participantes
en el debate han coincido en señalar la conveniencia de un plan
que tenga como objetivo "ofrecer vivienda digna a precios asequibles" y
"generar empleo a través del sector inmobiliario", en palabras de
David Lucas. No obstante, piden garantizar cambios estructurales que favorezcan
el acceso a la vivienda por parte de familias vulnerables y jóvenes,
así como medidas que no supongan la intervención en la regulación
del precio del alquiler, ya que un 95% personas físicas complementan
así sus ingresos o pensiones.
En opinión
de Iñigo Fernández de Mesa, la participación del sector
inmobiliario en el plan para la ampliación del parque "no
es opcional": el enorme déficit y la deuda pública acumulada
por el Estado, incluso antes de la pandemia de Covid-19, deja al Gobierno
"sin margen" presupuestario para asumir este plan sin contar con el capital
privado.
En su intervención,
Fernández de Mesa ha expuesto las fortalezas y debilidades con las
que España afronta esta crisis, y de qué manera afectan al
sector inmobiliario.
Por un lado,
Fernández de Mesa destaca que España ha sabido corregir en
los últimos años problemas y errores embrionarios de la crisis
de 2008. En su opinión, la situación actual difiere en aspectos
como el endeudamiento empresarial y familiar —muy inferior hoy con respecto
a los niveles de 2008— y la fortaleza del sector financiero, "saneado,
con músculo y con capacidad de préstamo."
Otro diferencia
positiva, señala Fernández de Mesa, tiene que ver con la
postura del BCE y su plan de apoyo de 140.000 millones a España.
"El BCE quiere evitar otra crisis de deuda y del euro," señala.
Entre las debilidades
con las que España afronta esta crisis, según Fernández
de Mesa, destaca que el tejido empresarial del país está
formado principalmente por pymes y microempresas, más vulnerables
a este tipo de situaciones. Además, España partía
en esta crisis con una tasa de desempleo alta: del 14% antes de la pandemia,
que todo apunta llegará el 20% a finales de este año.
Finalmente,
la debilidad más importante de España no tiene nada que ver
con la Covid-19: el endeudamiento público ya se había disparado
en 2019 y no se corrigió con el crecimiento registrado aquel año.
El endeudamiento es el principal motivo por el cual Fernández de
Mesa considera que la colaboración público-privada "no es
solo necesaria, sino que es obligatoria."
Si bien Fernández
de Mesa coincide con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda,
David Lucas, en que la mejor política para gestionar los precios
de la vivienda es aumentar la oferta, para que la receta funcione considera
necesario que el plan sea "coherente": sin limitar los precios para no
limitar la oferta, sin intervención del Estado para no interferir
en el mercado y, en coincidencia con Mendiluce, siendo siempre muy escrupulosos
con la seguridad jurídica para incentivar la inversión privada.
Además,
el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria ha pedido pliegos
"claros y transparentes" para que esa colaboración público-privada
que propone el Gobierno funcione.
Los participantes
en la XXI Jornada Anual del Club Inmobiliario ESADE Alumni han coincidido
en destacar que el sector inmobiliario es clave para la recuperación
económica, tanto para la recuperación del PIB como del empleo
y toda vez que la actual crisis —a diferencia de la anterior, como reconoce
Juan Antonio Gómez Pintado— es ajena al sector.
Explica que
la crisis en este caso es exógena al sector, que, por el momento,
se ha visto "poco afectado" y actualmente funciona "casi al 100% de su
capacidad productiva".
Además,
el sector inmobiliario ha recuperado a más de la mitad de los trabajadores
afectados por un ERTE —que fueron 26.000 personas de un total de 1,8 millones—
y no ha registrado caídas significativas en los precios de las viviendas
de obra nueva.
Admite Gómez
Pintado, sin embargo, que estamos ante un "momento importantísimo
para acelerar procesos de cambio" en el sector, especialmente los mencionados
problemas estructurales que dificultan el acceso a la vivienda a familias
vulnerables y jóvenes.
Gómez
Pintado reclama además un plan de formación profesional que
genere el "interés y la formación" que necesita el sector
para asumir cambios como la economía circular, la descarbonización
y que proporcione un entorno regulado y reglado y, sobre todo, que garantice
la fuerza laboral necesaria para asumir los cometidos en el plan de vivienda
y la renovación generacional en un sector que se enfrenta a la jubilación
de más de un tercio de su fuerza laboral en apenas 15 años
y que, en el contexto actual, se considera clave para la recuperación
económica y social.
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