Respecto a
este asunto, Carolina Roca, vicepresidente de Asprima, ha explicado durante
el encuentro que «queremos construir a precios asequibles para atender
a la demanda que está desatendida”, pero para ello «necesitamos
la colaboración de la administración, no pedimos ayudas económicas«,
sino rapidez en la tramitación de licencias, cesión de suelo
público, entre otras.
Los expertos
también han coincidido durante el encuentro en que el impacto de
la crisis del coronavirus será desigual atendiendo a segmentos y
zonas geográficas. «Creo que no se puede generalizar cuando
se habla de los efector del sector», ha asegurado Andrés Pan
de Soraluce, director general de división inmobiliaria de Acciona,
quien ha incidido en que el segmento residencial se mantendrá mas
o menos estable, «el alquiler va a salir reforzado» y «el
modelo de oficinas va a cambiar, pero no va a caer su demanda»
En esta línea,
Samuel Población, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE,
ha explicado: «la vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona seguirá
teniendo demanda por la falta de oferta y la segunda de residencia sufrirá
más».
El directivo
de la consultora, ha apuntado que «en la vivienda de obra nueva el
ajuste será mínimo, de entre un 2 y un 4%; aunque en Madrid
y Barcelona el máximo será de un 1 o un 2% hasta final de
año». Mientras que el precio de la vivienda de segunda mano
caerá entre un 6 o un 7% en 2020.
Por su parte,
Pedro Soria, director comercial de Tinsa, ha expresado la misma opinión
y ha incidido en que las segundas residencias también van a sufrir
ajustes y habrá cierta falta de demanda, en concreto, extranjera.
LA SITUACIÓN
ACTUAL
La pandemia,
probablemente, agravará más esta situación, ya que
según sus previsiones, 1,8 millones de familias deberán destinar
más de un 30% de sus ingresos al pago de su alquiler.
Para combatir
la situación de accesibilidad a la vivienda, y tal como ha explicado
David Lucas, el Gobierno prepara un Plan Estatal de Vivienda que pasa por
ampliar la oferta de viviendas públicas e impulsar la rehabilitación
y renovación del parque. No obstante, los participantes han incidido
en la necesidad de facilitar ayudas públicas directas a los inquilinos
que no pueden afrontar los pagos del alquiler, sobre todo en un panorama
en el que ya se ha detectado un incremento del 15% en el número
de impagos.
En concreto,
se solicita al Gobierno un fondo de ayuda directa para poder atender el
pago del alquiler que tendría un impacto sobre 350.000 familias,
según ha mencionado Mendiluce.
Todos los participantes
en el debate han coincido en señalar la conveniencia de un plan
que tenga como objetivo "ofrecer vivienda digna a precios asequibles" y
"generar empleo a través del sector inmobiliario", en palabras de
David Lucas. No obstante, piden garantizar cambios estructurales que favorezcan
el acceso a la vivienda por parte de familias vulnerables y jóvenes,
así como medidas que no supongan la intervención en la regulación
del precio del alquiler, ya que un 95% personas físicas complementan
así sus ingresos o pensiones.
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