| Por lo tanto,
queda mucho por hacer, tanto en materia de evaluación de la eficiencia
y eficacia de las Administraciones Públicas, como en el plano de
la ejecución, sin olvidar aspectos clave como son la mejora de la
transparencia, la accesibilidad y la rendición de cuentas.
La digitalización,
la colaboración público-privada en algunos ámbitos
de gestión o simplemente adoptar ciertos criterios de racionalidad
o flexibilidad ayudan a ahorrar muchos recursos, sin que los servicios
que el sector público da al ciudadano empeoren, más bien
todo lo contrario.
Un claro ámbito
de mejora es la externalización de servicios del sector público
al sector privado, donde se ha puesto de manifiesto que España se
sitúa entre el grupo de países que presenta un menor gasto
público externalizado tanto frente al PIB como frente al total del
gasto público.
Tal como se
ha visto en este informe, existe una relación positiva entre la
mejora de la eficiencia del sector público y un mayor peso de los
servicios externalizados por dicho sector público, por lo que una
mayor participación del sector privado lograría, por un lado,
mayores ganancias de eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos y,
por otro, menores costes en la prestación de dichos servicios.
DUPLICIDADES
AUTONÓMICAS.
Según
la CEOE, debería llevarse a cabo una reflexión profunda sobre
el modelo competencial entre Administraciones Públicas para mejorar
su funcionamiento a través del estudio de las duplicidades entre
todos los niveles de las Administraciones Públicas. También
se ría deseable la realización de un ejercicio de benchmarking
dentro de la Administración Local y Autonómica.
Por otro lado,
habría que considerar la reducción del número de organismos,
agencias y empresas públicas de las Administraciones Públicas;
sobre todo, aquellos que prestan servicios que no obedecen ni a criterios
de necesidad ni de mejora de la eficacia.
Es fundamental
realizar una evaluación permanente del gasto público y que
esta se haga a través del criterio coste-beneficio. Todos estos
factores ayudarían a mejorar la productividad del sector público
y, por tanto, la competitividad de la economía española.
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