| «A diferencia
de los pisos convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación
durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período
máximo es de tres meses«, añade el comunicado.
En este sentido,
el Ayuntamiento de Barcelona ha podido constatar «a través
de los consumos de agua, que a lo largo de los años 2016, 2017 y
2018 un total de 20 pisos de este edificio han sido durante periodos de
hasta 3 años desempleados«, es decir, sin cumplir con esta
obligación.
Esta sanción
se enmarca en el plan de inspección del parque de vivienda protegida
de la ciudad en marcha desde diciembre de 2017. Hasta el momento, se han
inspeccionado 3.550 viviendas con VPO, se han incoado 115 expedientes y
hay otros 73 casos más en los que se han abierto diligencias para
hacer comprobaciones previas.
LA PROPIEDAD
El fondo es
propietario de un bloque de pisos de la calle Alfons Comín 11-12,
en el barrio de Sant Gervasi-La Bonanova. El edificio, formado por 66 viviendas
y promovido por Regesa, se construyó en el 2008 en suelo calificado
como protegido y fue adquirido en 2010 por Azora. El bloque de pisos se
mantuvo en régimen general de protección oficial hasta el
2018, cuando pasó a régimen de precio concertado, con una
duración de hasta 90 años.
EL CONSUMO
DE AGUA, LA PRUEBA
El Ayuntamiento
ha asegurado que ha podido constatar que a través de los consumos
de agua un total de 20 pisos del edificio han estado desocupados durante
periodos de hasta tres años, entre el 2016 y el 2018, cuando la
ley 18/2007 del derecho a la vivienda establece que los pisos protegidos
no pueden estar vacíos sin justificación un máximo
de tres meses y en el caso de las viviendas privadas, dos años.
MENSAJE A LOS
FONDOS DE INVERSIÓN
“Hoy enviamos
un mensaje muy claro a estos grandes fondos de inversión para que
sepan que no permitiremos que tengan viviendas vacías en la ciudad
en un momento de crisis de emergencia habitacional como el que estamos
viviendo”, ha asegurado la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona,
Lucía Martín. .
EL FONDO INVERSOR
PRESENTARÁ ALEGACIONES
Por su parte,
fuentes del fondo inversor señalan que está “recopilando
toda la documentación para presentar las alegaciones oportunas”.
Las mismas fuentes indican que “siempre ponen en alquiler todas las viviendas
que tiene disponibles, pues a eso es a lo que se dedica” y “actúa
respetando la normativa vigente”.
El Ayuntamiento
también ha informado de que en el marco del plan de inspección
del parque de vivienda protegida en la ciudad, iniciado en diciembre del
2017, ha inspeccionado 3.550 viviendas. De momento, se han incoado 115
expedientes y hay otros 73 casos más en los que se han abierto diligencias
para realizar comprobaciones previas.
LEGISLACIÓN
La Ley 18/2007
obliga a la propiedad a "mantener la finalidad para la que se promovieron
las viviendas, que es satisfacer la necesidad de una residencia habitual
a personas usuarias", por lo que tiene la obligación de tenerlos
alquilados. El consistorio ha añadido que, a diferencia de los pisos
convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación
durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período
máximo es de tres meses.
EL SINDICAT
DE LLOGATERS DENUNCIA IRREGULARIDADES
El Sindicat
de Llogaters (sindicato de inquilinos) ha anunciado en un comunicado emitido
este jueves "la primera victoria inquilina contra el fondo buitre Azora"
y ha detallado los abusos e irregularidades que denuncian los vecinos,
además de los altos precios.
En primer lugar,
Azora obliga a los inquilinos a pagar el IBI, un importe que, tal y como
señalan en el comunicado, "corresponde al propietario del edificio".
En segundo lugar, el fondo de inversión ha subido el precio de los
contratos "por encima del 40%". Por último, "la sociedad no realiza
un mantenimiento correcto de las instalaciones", lo que provoca goteras
y otros problemas en el edificio.
Los vecinos
de Alfonso Comín hace meses que intentan sentarse con los representantes
de Azora para exigir una negociación colectiva ante las subidas
abusivas del alquiler. "Unas subidas aún más cuestionables
en una finca de viviendas de protección oficial que, desde el 2018,
ha pasado a regirse bajo el régimen de precio concertado", señala
el sindicato en el comunicado.
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