La Comunidad de Madrid comenzará a tramitar la modificación de la Ley del Suelo que pretende liberalizar el sector eliminando la mayoría de licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias y sustituyéndolas por declaraciones responsables. El Gobierno regional trabaja ya en esta dirección para facilitar la actividad económica y atraer la inversión para que la reactivación económica sea una realidad lo antes posible.

Aunque esta medida se proyectaba contemplar en la nueva Ley de Urbanismo y Suelo en la que se está trabajando, la Comunidad de Madrid ha considerarlo tramitarla aparte e ir así eliminando trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación.

Se trata de contar con normas eficientes y trámites simplificados y, en este sentido, se considera necesario poner el acento en aquellas reformas legislativas que mejoren la competitividad del tejido productivo. Así, se pondrán cauces para minimizar las dificultades por las que está atravesando el sector ante este escenario de crisis sanitaria.

Esta medida ayudará a impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La aprobación de esta modificación legislativa animará a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea. Esta medida tendrá un impacto muy positivo en el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid favoreciendo la creación de empleo y reduciendo los efectos derivados del contexto actual en el que nos encontramos.

APUESTA POR LIBERALIZAR EL SECTOR 

El Gobierno regional ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto a las actividades de comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, en un gran número de actividades comerciales, lo que redundó en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región.

Al igual que se han arbitrado medidas en la actividad comercial, es necesario ahora reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al particular, como a la empresa y al ayuntamiento que la tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. A los costes mencionados se le suman además el coste que supondría el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

La dilatación de plazos para la obtención de licencias penaliza la actividad empresarial, ya que no solo elevan el coste que soporta la propia empresa de forma innecesaria, sino que también ahuyenta la inversión.

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

En ese sentido, esta modificación ayudará a eliminar trámites innecesarios u obsoletos para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando el mecanismo de declaración responsable que garantizará que la actuación urbanística cumple con los requisitos exigidos por la ley tanto urbanísticos como medioambientales. Además, esta medida repercutirá en la eficiencia de las administraciones locales que interviene en este proceso lo que será un factor determinante del buen funcionamiento de las actividades productivas y por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico de la región.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.  

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.  

NORMA ÁGIL Y ACORDE A LAS NECESIDADES SOCIALES 

La modificación se tramitará por el procedimiento de lectura única, recogida en el reglamento de la Asamblea de Madrid, que permitirá que esta medida esté aprobada este verano con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región.

La Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas el proyecto Madrid Nuevo Norte, en plena situación de pandemia, cumpliendo así con uno de nuestros compromisos estratégicos de la Legislatura, que tiene como objetivo seguir impulsando la economía de la región y de España.

Un objetivo que también comparte esta nueva modificación que impulsará el Gobierno regional y que será un exponente más que contribuirá a la cohesión económica, social y territorial de nuestra región.