Las subvenciones
no solo se entregarán. Los países tendrían que presentar
una solicitud, estableciendo sus objetivos para el dinero y las reformas
que planean emprender para garantizar que sus economías sean más
resistentes en el futuro. Las solicitudes tendrían que ser aprobadas
por los socios de la UE.
Para que España
pueda obtener hasta 140.446 millones de euros del fondo de la Unión
Europea con 77.324 millones de subvenciones para la recuperación
económica tras la pandemia de coronavirus, tiene que someterse a
las recomendaciones europeas del pasado 20 de mayo relativa al Programa
Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que emite un dictamen
del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España.
VER INFORME:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-spain_es.pdf
En este informe
se recomienda a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin
de:
1.
En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir
eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior
recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas
lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones
fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda,
al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad
y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores
sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.
2. Respaldar
el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo,
incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones.
Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores
atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes
de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso
al aprendizaje digital.
3. Asegurar
la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar
liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores
autónomos, particularmente 9 Con arreglo al artículo 5, apartado
2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo. ES 11 ES evitando
retrasos en los pagos. ANTICIPAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
QUE SE ENCUENTRAN EN UNA FASE AVANZADA DE DESARROLLO Y PROMOVER LA INVERSIÓN
PRIVADA PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. Centrar
la inversión en la transición ecológica y digital,
y particularmente en el fomento de la investigación e innovación,
en la producción y utilización de fuentes de energía
limpias y eficientes, la infraestructura energética, la GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE LOS RESIDUOS y el transporte sostenible.
4. Mejorar
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar
el marco de contratación pública para respaldar la recuperación
de forma eficiente.
INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS
La transformación
de la economía española hacia una economía climáticamente
neutra requerirá inversiones considerables durante un periodo prolongado
especialmente en los sectores de energías renovables, infraestructuras
energéticas, eficiencia energética y transporte sostenible.
Las inversiones deberán anticiparse con el fin de contribuir a la
transición ecológica durante la recuperación, en consonancia
con el plan nacional de energía y clima de España.
El fomento
de un sistema de energía integrado debe facilitar la penetración
de las energías renovables. La reducción del consumo de energía
de los edificios privados y públicos, por medio de renovaciones
a gran escala, y el desarrollo de unas redes inteligentes y un abastecimiento
de electricidad procedente de fuentes de energía renovables contribuirían
a gestionar mejor la demanda de energía, al tiempo que respaldarían
la creación de empleo durante la recuperación.
Nuevas inversiones
en infraestructuras energéticas, particularmente en interconexiones
eléctricas con el resto de la Unión, contribuirían
a mejorar la integración del mercado interior de la energía
de la UE, al mismo tiempo que propiciarían más competencia
y facilitarían el desarrollo de las energías renovables.
También
deberán realizarse esfuerzos adicionales para fomentar el transporte
sostenible, incluido el desarrollo de una infraestructura de combustibles
alternativos, particularmente para los vehículos eléctricos.
Asimismo, serán
necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril para
el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas
con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos.
Además,
algunas zonas de España se encuentran entre las más expuestas
al cambio climático en Europa. Existen tensiones en relación
con los recursos hídricos, y la infraestructura de gestión
de los recursos hídricos y de los residuos es desigual en el país.
Las inversiones medioambientales pueden ayudar a hacer frente a los efectos
adversos del cambio climático, tales como las inundaciones y los
incendios forestales, a mejorar la calidad del aire, así como la
gestión de los recursos hídricos y de los residuos, y a desarrollar
el potencial de la economía circular.
La programación
del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría
ayudar a España a abordar algunos de los retos que plantea la transición
hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en
los ámbitos contemplados en el anexo D del informe dirigido al país.
Esto permitiría a España optimizar el uso de este Fondo.
En España,
la fragmentación y los obstáculos reglamentarios impiden
a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan
negativamente a la productividad. La Ley de Unidad de Mercado, que
ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de
defensa de la competencia, debe utilizarse de forma más activa para
fomentar la mejora de la reglamentación y la competencia durante
la recuperación. En este contexto, las estrictas restricciones
en materia de propiedad y mercado que han pretendido garantizar el suministro
de bienes y servicios estratégicos durante la crisis provocada por
la pandemia deberán suprimirse tan pronto como cese el período
de emergencia.
De modo más
general, una coordinación reforzada y sostenida entre los distintos
niveles de gobierno podría aumentar la eficacia de las políticas
encaminadas a facilitar la recuperación.
También
es esencial garantizar que la estructura de gobernanza que ya ha sido creada
por las leyes que desarrollaban las Directivas de contratación pública
de 2014 pueda funcionar a pleno rendimiento lo antes posible, con el fin
de lograr una utilización eficiente de la inversión pública
que pueda respaldar la recuperación. Habrá que intensificar
los trabajos sobre la estrategia global nacional de contratación
pública en estrecha cooperación con los representantes de
todos los niveles de gobierno (central, autonómico y local) a través
del Comité de Cooperación.
ANTECEDENTES
MAYO 2019
El Gobierno
creará un foro con las comunidades para evitar el proteccionismo
autonómico .El Ministerio de Economía intenta salvar la Ley
de Garantía de Unidad de Mercado después de los varapalos
del Tribunal Constitucional
En su plan
nacional de reformas, el Gobierno ha contestado que planea crear una conferencia
sectorial de comunidades que analice estos asuntos entre otras cosas. “La
idea es hacerlo respetando escrupulosamente el ámbito competencial”,
subrayan fuentes de la Administración.
Tanatorios
que no permiten que funerarias de otros municipios acudan a ellos; exigencias
de licencia urbanística para colocar solo una antena; prohibir a
autoescuelas que puedan impartir clases teóricas online; las diferencias
existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que
no se acepten análisis clínicos de otras autonomías.
Esos son solo algunos ejemplos de casos que se han revisado bajo la ley
de unidad de mercado. Ahora, el Gobierno quiere coordinarse con las comunidades
para crear un grupo en el que se tratarán estas materias a fin de
mejorar el clima de negocios, compartir experiencias y adaptar las mejores
prácticas.
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