| El gasto en
personal de las administraciones es excesivo y supera con creces la media
Europea. Los ayuntamientos dedican un tercio de su gasto a pagar nóminas
(24.656 millones de 73.896 de presupuesto). La Administración Central
emplea 25.072 millones a nóminas, es decir, el 11% de su presupuesto
total. Según los datos de la Contabilidad Nacional, las autonomías,
que disponen de las transferencias de sanidad y educación que soportaron
los ajustes a partir de 2011, aumentaron en 2019 sus gastos de personal
hasta los 81.773 millones, que representa el 61% del gasto total del sector
público. El incremento es del 5,5%, de 4.235 millones más.
Esta cifra supone la utilización del 43% de sus presupuestos para
pagar personal y equivale a más del 44% de sus ingresos (impositivos
y transferencias del Estado). Esta cifra se ha superado hasta febrero de
2020, con lo que ya supera el 5% como consecuencia de un gasto de 12.285
millones frente a los 11.697 millones de hace un año (casi 600 millones
más) en el mismo periodo. Se debe al aumento de empleados y a la
subida salarial por encima del 2%.
La solución
es complicada, por ejemplo, en Andalucía el gobierno regional no
consigue cumplir su promesa electoral de reducir nóminas y organismos
paralelos a la administración autonómica.
Desde Europa
se insiste en que la reducción de la deuda pública española
debe ser una prioridad nacional, ya que el mantenimiento de un nivel de
endeudamiento público tan elevado puede afectar al funcionamiento
de la economía, ya que absorbe recursos que podrían tener
usos más productivos y generadores de empleo (infraestructuras)
o una mayor dependencia de las condiciones financieras exteriores.
Según
la prensa económica europea, España necesita reformas económicas
de gran calado, sobre todo en el mercado laboral, ante el bajo crecimiento
de la productividad en España, falta de competitividad y las "ineficiencias
significativas" en el mercado de trabajo.
El déficit
español en 2018 se situó dos puntos de PIB por encima de
la media y a más de cuatro de Alemania. En 2019, la Comisión
Europea (CE) advirtió a España de que su borrador de presupuestos
para 2020 planteaba el riesgo de que no cumpliese con sus objetivos de
reducción de déficit estructural y deuda pública por
un "desvío significativo", y le conminaba a dar prioridad a rebajar
la deuda.
Por eso, pidió
al futuro Ejecutivo español que remitiese un plan presupuestario
"actualizado" con "medidas adicionales" para "corregir" este riesgo de
incumplimiento tan pronto como se hubiese formado un nuevo Gobierno tras
las elecciones del pasado 10 de noviembre. Ese borrador no ha sido posible
y el gobierno actual español ha renunciado a presentar los presupuestos
de 2020.
Todo esto se
decía en una carta enviada a la ministra de Economía (en
funciones en aquel momento), Nadia Calviño. El envío de esta
carta era el primer paso dentro del procedimiento por el que la Comisión
vigila los presupuestos de los países de la eurozona y avisa a aquellos
países que presentan riesgo de desviarse de las normas comunitarias,
pero no supone el rechazo de las cuentas.
Esta era la
situación anterior al coronavirus. Ahora es mucho peor. Y lo que
era un aviso desde Europa ahora es un “hasta aquí hemos llegado”.
Están exigiendo un presupuesto pactado entre PSOE y PP, con ajustes
en gasto autonómico, pensiones, reforma laboral, liberalización
económica, plan de inversiones productivas (infraestructuras con
colaboración público privada), etc. Y según la prensa
económica europea, hasta que España no lo aporte no se van
a aprobar los presupuestos españoles.
Un ejemplo
de la falta de sintonía política entre los dos grandes partidos
es que el gobierno quiere retomar las negociaciones de pensiones en el
pacto de Toledo pero se niega a consensuar con la oposición la “renta
mínima”.
Un presupuesto
consensuado entre las dos grandes fuerzas políticas podría
excluir a los socios minoritarios actuales, pero desde Europa se quieren
garantías a largo plazo, con lo que es posible que se cierre el
grifo presupuestario europeo sin un presupuesto consensuado con reformas
estructurales de rebaja del gasto público no productivo.
Sin la ayuda
europea es imposible un plan de infraestructuras público privado
que recupere la economía y genere miles de empleos. No podemos perder
esta oportunidad. Hay que consensuar el presupuesto que se remita a Europa.
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