El complemento de productividad en el sector público debe abonarse bajo los criterios que estipula la ley y con las mismas restricciones que se aplican en el sector privado. La introducción de este beneficio fue pensada para incentivar, identificar y premiar esfuerzos, actitudes y desempeños extraordinarios en los funcionarios públicos y eliminar antiguos vicios de funcionamiento de la administración pública. Por eso su éxito depende, precisamente, de que no se convierta en una ventaja que no hay que ganarse. 

Según un informe del mes de febrero del Instituto de Estudios Económicos (IEE), España está acometiendo un notable proceso de digitalización del sector público, que, según el IEE, debería extenderse a todas las administraciones. En la Comunidad Valenciana y de Madrid, por ejemplo, esto ha supuesto un ahorro del 30%. El estudio propone varias medidas para mejorar la eficiencia, como evitar duplicidades entre las administraciones públicas, establecer mancomunidades de servicios, reducir el número de organismos, agencias y empresas públicas y realizar una evaluación permanente del gasto público a través de la rendición de cuentas de resultados.

Por otra parte, el IEE defiende la colaboración público-privada como "catalizador obligado" de eficiencia en la Administración Pública. "Es incuestionable que la externalización hacia el sector privado, por parte de estas administraciones, es una fuente de ahorro para los contribuyentes y de mejora de la eficiencia asignativa, bien a través de la prestación de los servicios directamente por el sector privado, o a través de la adquisición de consumos intermedios o de la externalización o subcontratación de algunas tareas", subraya el IEE. 

LOS RETRASOS EN LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

En una encuesta de hace dos años del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), en la que participaron cientos de profesionales de todo el país, resultó que las gerencias de urbanismo de los ayuntamientos tardan alrededor de un año en conceder las licencias de obra. El dato, no solo incumple la legislación vigente (que establece en tres meses el plazo máximo para otorgar estos permisos), sino que tiene unas consecuencias directas para los arquitectos, los promotores e incluso los ciudadanos que adquieren las viviendas. 

Una de las causas que señalaba la encuesta es que hay falta de claridad en los requisitos de los informes sectoriales que exige la ley como inundabilidad, impacto medioambiental, de patrimonio, de género, etc. 

Con el caos legislativo es normal que haya disparidad de criterios entre los técnicos a la hora de interpretar las normas urbanísticas, pero deben existir criterios unificadores al máximo nivel.

Otro problema detectado por la encuesta era la falta de transparencia en la información urbanística. Por ejemplo, se negaba informar sobre la trazabilidad de las licencias, cuándo van a Medio Ambiente, qué técnico se encarga, etc.

La concesión de una licencia urbanística es un acto reglado, es decir, aquel cuya aprobación está sujeta a criterios puramente objetivos. En caso de cumplirlos, no puede alegarse motivo alguno para rechazar la petición.  

Por ejemplo, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 154 que, «transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud de licencia sin notificación de requerimiento o resolución municipales, o un mes desde el cumplimiento del requerimiento de subsanación de deficiencias o mejora de la solicitud que hubiera podido ser formulada, se entenderá otorgada la licencia por silencio positivo en los términos resultantes del correspondiente proyecto de obras de edificación». 

Pero la jurisprudencia y la legislación plantean contradicciones en este sentido, por lo que la opción habitual es esperar a que haya respuesta por parte de la Administración Pública.

LA REALIDAD DE LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Una promoción inmobiliaria suele tardar 36 meses, de los cuales 12 meses se dedican a obtener las licencias de obra y primera ocupación. Es decir, que un tercio del tiempo que lleva un periodo de construcción no aporta ningún valor a la industria y resta productividad a las compañías.

La lentitud también es perjudicial para los ayuntamientos, que podrían recaudar de una forma más eficiente si los tiempos de gestión de las licencias fueran inferiores.  

En la práctica, el banco sólo concede el préstamo para hacer una promoción cuando se tiene la licencia. No llega dinero hasta que el funcionario firma la licencia, con lo que no hay dinero ni para iniciar la obra, ni para pagar a los agentes de la edificación afectados (arquitectos, aparejadores, topógrafos, etc.).

SOLUCIONES

Hay que introducir mecanismos que racionalicen el proceso, como que los informes sectoriales se encarguen en paralelo, sin que haya que esperar a que salga uno para pedir otro. Y clarificar las competencias municipales porque en muchas ocasiones entra en otras competencias que ralentizan el proceso.

No pueden coexistir dos mundos paralelos en la construcción, uno público y otro privado. Los parados los va a poner el sector privado y desde el público hay que arrimar el hombro para crear empleo urgente. No son tiempos para el “vuelva usted mañana”.