| Por este motivo,
la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) presenta un
conjunto de propuestas sin coste para las Administraciones Públicas
que considera válidas para poner en marcha rápidamente la
maquinaria productiva sectorial, contribuyendo de una manera decisiva a
la reactivación de la economía en Cataluña, y a la
vez resolver el problema de acceso a la vivienda.
Reactivación
y simplificación administrativa
En el documento,
la APCE pide revisar los precios máximos de venta y alquiler vigentes
de los regímenes de Vivienda de Protección Oficial (VPO),
para poderlos hacer viables edificando y dinamizando las reservas de vivienda
de protección oficial propiedad de promotores públicos y
privados (tanto en la nueva figura única de vivienda de protección
oficial como para las anteriores categorías de precio concertado,
régimen general y régimen especial). Se debe tener en cuenta
que los costes de construcción se han incrementado más de
un 45% desde 2007 (Fuente: BEC, Boletín Económico de la Construcción),
mientras que los valores de los módulos no han variado, quedando
desfasados. Habría que trasladar la misma evolución de los
costes a las figuras protegidas: Así, si se aplica este incremento
sobre el módulo de régimen general en la zona A, el precio
del módulo debería quedar establecido en un umbral de 2.800
euros/m2 útil.
Otra medida
propuesta es anular la habilitación a los ayuntamientos para establecer
reservas de VPO en suelo urbano consolidado, pues consigue el efecto contrario
al pretendido, disminuyendo todavía más la oferta, especialmente
la de las operaciones de rehabilitación (en el caso vigente de Barcelona
ciudad con el 30% de reserva, la reducción de actividad registrada
en los tres primeros trimestres del ejercicio 2019 fue de un 55%).
El documento
de la Asociación de Promotores de Cataluña también
recoge propuestas de simplificación administrativa para una reactivación
más rápida del sector. Entre estas destaca la petición
a las administraciones para que agilicen todos los plazos de tramitación
de licencias de edificación -la normativa contempla un plazo de
2 meses, que a la práctica se supera ampliamente- y de tramitación
de planeamientos urbanísticos y sus preceptivos informes, para disponer
de materia prima para empezar a trabajar lo antes posible, en la línea
del proyecto de Ley Ómnibus anunciado por el Conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet.
La APCE también
pide un gran pacto público-privado entre el Gobierno de la Generalitat,
los Ayuntamientos, y los promotores públicos y privados para construir
lo antes posible un parque diversificado de viviendas de venta y alquiler,
que cuente con un marco estable y de seguridad jurídica para los
inversores. En el pacto se deberían definir claramente tres tipologías
de vivienda: libre, asequible-protegido, y social. En cuanto a la vivienda
asequible protegida, entre otras medidas la APCE propone movilizar los
suelos de reserva de vivienda de protección oficial a través
de la cesión de derecho de superficie para edificar y gestionar
la promoción de vivienda de protección oficial en régimen
de alquiler asequible por un periodo de tiempo y, tras finalizar, el suelo
y la edificación revertirían a favor de la Administración
Pública. En este sentido, pide que el Gobierno central modifique
el IVA de las cesiones de derechos de superficie, que actualmente está
sujeto al tipo general (21%), y lo pase al tipo reducido (10%).
La Asociación
de Promotores de Cataluña ha pedido a la Generalitat y en el Ayuntamiento
de Barcelona respectivamente una reunión lo antes posible para comentar
los detalles de sus propuestas y empezar a trabajar en un plan de acción
conjunto que contribuya a la reconstrucción de la economía.
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