Contar con un modelo de financiación suficiente y estable y seguir trabajando en materia de rehabilitación y regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado al I+D+I, han sido otros de los aspectos más destacados de la reunión.

David Pérez señaló que, del mismo que es necesario en este momento suscribir un acuerdo regional en esta materia, lo es igualmente abordar el problema de la vivienda en clave nacional.

En este sentido, el consejero trasladó el pasado 27 de febrero -en nombre del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso- la necesidad de que el Gobierno central convocara de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Esta reunión, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe servir “para que las comunidades autónomas tengamos voz y participemos de los planes del Gobierno de la nación en materia de vivienda”, ha explicado Pérez, demanda que a día de hoy no ha sido atendida.

El presidente de CONCOVI, Juan Casares, señaló la necesidad de establecer medidas concretas, específicas y efectivas para las cooperativas de viviendas, como parte esencial de la Economía Social, entre las que destacan la creación de un Fondo Solidario de Vivienda Cooperativa que permita, entre otras cosas, que la cooperativa sea patrimonialista, para que pueda absorber las viviendas de los socios que se den de baja y así hacer viable la promoción. 

Asimismo, destaca la necesidad de agilizar los trámites a la hora de conceder licencias de primera ocupación, recuperando el silencio positivo, y una colaboración público-privada más activa entre la Administración y la Economía Social en materia de vivienda, con la movilización de suelos para diferentes usos.

PETICIONES DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONCOVI.

• La Soc. Cooperativa en construcción deben tener el derecho de paralizar el pago de intereses promotores sin exigir más avales ni garantías.
• Recuperar el silencio administrativo positivo en el trámite de la Licencia de Primera Ocupación.
• Reducir la tasa inicial de solicitud de licencia de edificación.
• Se reclama que se aplique el número 6 de la DA quinta de la Ley 27/1999, facilitando las opciones de compra gratuitas y el pago tras la licencia.
• Fomentar la colaboración público-privada, con nuevos Pliegos.
• Establecer la desgravación fiscal para la adquisición vivienda en régimen cooperativo.
• Reducción del IVA al 4% para trabajos relacionados con la construcción.
• Habilitar mejores medios telemáticos.
• Regular que las cooperativas pueden recibir cantidades de sus asociados para la compra de terrenos sin perjuicio de tener que entregar aval de cantidades a cuenta cuando se obtenga la licencia.
• Aceptación que la cooperativa sea también patrimonialista, para que pueda absorber las viviendas de los socios que se den de baja y así hacer viable la promoción.
• Volver a un estado de exención real y efectivo ante el pago del AJD

Madrid, región más vivienda protegida de España

Una de cada seis viviendas protegidas de España se encuentra en la región. En 2018 se iniciaron más de 75.000 viviendas nuevas en España, de las cuales casi 12.000 viviendas lo fueron en régimen de protección pública. De esta manera, de estas más de 75.000 nuevas viviendas, 22.340 se iniciaron en la región madrileña, lo que supone casi el 30% de obra nueva, y de ellas 4.942 viviendas fueron en régimen de protección.

Estos datos señalan que el 41,6% del total nacional de vivienda protegida nueva construida en España se ha iniciado en la Comunidad de Madrid.
El plan en materia de vivienda que la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

El Plan “Vive Madrid” prevé construir 25.000 viviendas en los próximos ocho años con las que pinchar la burbuja del alquiler que en la actualidad sofoca a los madrileños en toda la comunidad, y en especial en la capital.

Una de las iniciativas es otorgar mayor disposición a los menores de 30 años a acceder a viviendas fuera del mercado libre, en el que los precios son inasequibles a día de hoy para la mayor parte de dicho umbral.

Las familias de rentas medias, cuyos ingresos superen los establecidos para la recepción de ayudas, y aquellas con ganancias más bajas, pero que al mismo tiempo no puedan asumir los costes de la oferta de venta libre también serán beneficiarias de este plan. Además, en estos casos podría considerarse también el número de hijos, la incapacidad o la discapacidad.

Se prevé que la gestión de las edificaciones dependa de un acuerdo de colaboración público-privado y que la construcción no suponga coste alguno para la propia Comunidad. 

Sin embargo, la iniciativa no contempla que sea la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) quien gestione dicho suelo público, sino empresas privadas concesionarias a través de cesiones de 30 años “extensibles” mediante concesiones público privadas. 

La colaboración público-privada es fundamental para conseguir en la región una adecuada oferta de vivienda ya que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

También se propone la rehabilitación de 30.000 de viviendas a través de una inversión inicial de 100 millones de euros, un dato que desde la Consejería de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid consideran suficiente para una primera valoración de cara al futuro.

De las más de tres millones de viviendas registradas en la Comunidad de Madrid, más de 1,7 millones requieren, o lo necesitarán de manera próxima, algún tipo de rehabilitación para su habitabilidad y para su adecuación a la normativa vigente en materia de seguridad y eficiencia energética.

La finalidad es mejorar el acceso y luchar contra la falta de oferta de vivienda social y la burbuja de los alquileres.