La primera, aportar la liquidez necesaria a las empresas para que afronten sus pagos a corto plazo, en un momento en el que la producción es nula. Rosillo se ha quejado del “trato discriminatorio” que ha tenido la construcción frente a otros sectores, a los que, según sus palabras, “se les ha ayudado desde el minuto cero atendiendo a la fuerza mayor. Sin embargo, la construcción, a pesar de estar totalmente parada tiene que seguir afrontando todos sus costes fijos y laborales”, por lo que exigen, al menos, la máxima agilidad en la concesión de líneas de avales ICO, así como la exención y aplazamiento de impuestos, y el abono inmediato de las certificaciones pendientes de las Administraciones con las contratistas de obra pública. 

La segunda línea de trabajo, debe ir dirigida a fomentar la inversión tanto pública como privada, para que la recuperación tras esta parada absoluta pueda realizarse con la mayor inmediatez. Recuerdan a las Administraciones, que no hay mayor política social que invertir en generar empleo, y ello pasa por fomentar la inversión productiva y por ende, la actividad empresarial. Los constructores y promotores malagueños, lanzan peticiones como, la puesta en marcha de planes especiales en infraestructuras o la exención del ICIO durante 6 meses y el prorrateo posterior, durante los meses de duración de la obra.

Además, solicitan un esfuerzo adicional a las Administraciones Locales, y que no requiere de gasto presupuestario extra, dirigido a la AGILIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS EN TRAMITACIÓN. Piden a los Ayuntamientos que, aprovechen esta parada de atención al público, para DESTINAR TODOS LOS EQUIPOS HUMANOS A ESTAS ÁREAS, PARA QUE ESTOS DÍAS SE TRADUZCAN EN EXPEDIENTES RESUELTOS. Además, han incidido en la recientemente modificada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la declaración responsable del empresario para la obtención de la licencia de primera ocupación, poniendo sobre la mesa la importancia de que todos los agentes implicados, deban estar ya preparados para su aplicación inmediata.

Como tercera línea de trabajo, plantean desde ACP la necesaria apuesta por las familias, que ahora también viven momentos de incertidumbre, “nuestros equipos y sus familias, son el principal valor de las empresas y debemos garantizar sus puestos de trabajo, para que esto no derive en una emergencia social”, ha sentenciado Rosillo. Además de recordar que, las agilizaciones planteadas ayudarán a aquellas familias que compraron su vivienda y están a la espera de que se les entregue, para evitarles retrasos que supondrían sobrecostes en alquiler adicionales. También han planteado que será necesario, facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes o sectores con menor capacidad de ahorro, estableciéndose ayudas como pueden ser avales y garantías públicas para el 20% de pago inicial requerido, así como exención o reducción de los impuestos derivados de la compra, como es el caso del IVA a nivel estatal, o el IBI en el ámbito local. 

No hay duda de que, el Sector de la Construcción y Promoción Inmobiliaria es, absolutamente necesario para que la economía de nuestro país no se hunda, por ello, se hace imprescindible incluirlo dentro de los objetivos en los que trabajan actualmente las Administraciones Públicas, poniendo en marcha de manera inmediata las medidas suficientes, que eviten lamentos posteriores, de situaciones que ya serían irreversibles, como concursos de acreedores, cierres de empresas, caída de inversión privada y en definitiva, caída drástica del empleo.