Por su parte, Andrés Pan de Soraluce, Director General de la División Inmobiliaria de ACCIONA ha insistido en esta misma línea de argumentación al afirmar que “la crisis va a acentuar una tendencia natural más conservadora, más favorable al alquiler de una vivienda en detrimento de su compra”. El directivo de Acciona está convencido de que “esta crisis va a propiciar un cambio en los hábitos en favor del alquiler, con lo que reduciremos la brecha con respecto a las ratios de nuestros vecinos europeos”.

No obstante su optimismo, los tres ponentes no han querido ocultar los principales obstáculos a los que se enfrenta la eclosión del build to rent, derivados, sobre todo, de un marco regulatorio que adolece de indefinición, lo que propicia la sensación de cierta inseguridad jurídica, “Algunas de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno están pecando de falta de realidad, seguramente porque la premura con la que hay que tomar decisiones en esta crisis está lastrando su redacción”, ha puntualizado Andrés Horcajada. En este sentido, la estabilidad regulatoria es clave, tal y como ha mantenido Andrés Pan de Soraluce. “Si ahora mismo existiera la voluntad por parte de la Administración de favorecer la estabilidad regulatoria, en muy poco tiempo este sector, y no solo el build to rent, volvería a ser un motor de la reactivación de la economía nacional”.

Un juicio que también comparte Esther Escapa, para quien el factor de incertidumbre que en la actualidad está lastrando el desarrollo de formulas de inversión alternativas como el build to rent, “puede llegar a tener un impacto muy importante en la confianza de los inversores, con independencia de cuáles sean los fundamentales del sector”. En palabras de Andrés Pan de Soraluce, “hay mucha liquidez latente y si nosotros, como país, somos capaces de ofrecer seguridad jurídica, España tiene una oportunidad histórica para atraerla, en especial de inversores institucionales orientados al build to rent”.

Para revertir este peligro latente es necesario, en opinión de los tres ponentes, un mayor compromiso por las administraciones competentes, en especial en todo lo referente a la discriminación entre privados y patrimonialistas, la agilización en la tramitación de licencia y la generación de suelo. “Necesitamos que la Administración ponga suelo en favor de la iniciativa privada con el objetivo de que podamos sacar al mercado viviendas en alquiler a precios accesibles”. Una urgencia cada vez más acuciantes ante la rigidez de los márgenes del promotor. “Me cuesta ver a los promotores reduciendo sus márgenes, que tradicionalmente son muy ajustados. La desproporción en este sector se encuentre en el precio del suelo”, ha asegurado Esther Escapa, que ha insistido en que la prioridad de los operadores especializados en build to rent “es ofrecer a sus futuros inquilinos productos residenciales que sean capaces de pagar”.